El malestar por aumento del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires -con casos hasta el 500%, por encima del 200% esperado- gana cada vez más intensidad en el sector agropecuario. Este descontento provocó las primeras asambleas de productores, como la realizada la semana pasada en Salto, y, de hecho, esta noche habrá otra en Salliqueló.
“El desmedido aumento del inmobiliario rural, la implementación de una 5° cuota del mismo más las actualizaciones de tasas municipales ponen en jaque la capacidad contributiva de la producción. En vista de esta situación es que, en estado de alerta, convocamos a la reunión/asamblea”, expresaron desde la Asociación Rural de Salliqueló, donde esta noche se hará otro encuentro de productores, desde las 20.
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En diálogo con LA NACION, Ignacio Irigoyen, presidente de la Rural de Salliqueló, explicó que esta convocatoria sigue el camino marcado por las rurales del norte bonaerense, que recientemente realizaron la asamblea en Salto para oponerse a la suba del impuesto inmobiliario rural, que alcanzó hasta el 500% en algunos casos, según denunciaron.
“Queremos mostrar el descontento y no quedarnos callados ante el aumento de la presión impositiva hacia el sector”, señaló y agregó: “Buscamos reclamar que se vuelva hacia atrás en los excesivos aumentos de la base imponible, rechazar la quinta cuota del impuesto inmobiliario o, en su defecto, la eliminación del impuesto inmobiliario complementario”.
La convocatoria incluye a productores agropecuarios de localidades aledañas, así como también a directivos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
“Es inconcebible porque nunca terminan de satisfacerse con lo que pueden extraerle al productor agropecuario. Lo ven como un bolsillo inagotable del que pueden seguir sacando sin consideración. Sin embargo, la realidad no es así. Venimos de tres años de sequía, durante los cuales los productores apenas pueden alcanzar a cubrir los márgenes brutos y pagar los costos. Y, encima, se suman todas estas cuestiones impositivas”, dijo Irigoyen.
El desmedido aumento del inmobiliario Rural, la implementación de una 5° cuota del mismo más las actualizaciones de tasas municipales, ponen en jaque la capacidad contributiva de la producción. 1/2 pic.twitter.com/uxQ3xZGU27
— Rural Salliquelo (@RuralSalliquelo) March 18, 2024
Para el dirigente, también existe una discriminación a nivel local, además de la suba impositiva provincial, con los aumentos de tasas del Concejo Deliberante, que superaron el 100% desde la primera cuota de este año. Irigoyen explicó que también hay un fuerte descontento por parte de los productores porque el gobierno municipal busca que el monto de la tasa vial tenga una actualización automática.
En la zona también hay malestar por las guías de traslado de hacienda y la situación de la red vial. “Comenzamos con la cosecha de girasol hace tres semanas y los camiones se nos encajaban; estaban en pésimas condiciones siendo que para el arreglo de los caminos hay cuatro tributos: el impuesto inmobiliario y el complementario, las patentes, red vial y la guía de traslado”, dijo.
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En el enojo en este lugar va en línea con el reclamo de numerosas entidades y asociaciones de productores. Hoy la Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresó en un comunicado su rechazo hacia la creación de impuestos o tasas por parte de algunas comunas en diversas provincias.
Según las palabras de las entidades, “pareciera que el único fin que los moviliza es el de recaudar más y no de mejorar los servicios que brindan y por los cuales se pagan importantes sumas”. En este sentido, remarcaron que estas medidas se estarían implementando sin considerar una racionalización del gasto público ni una mejora en la prestación de servicios.
Como se mencionó, el lunes pasado en Salto más de 100 productores se reunieron para analizar la situación creada por el incremento del impuesto inmobiliario rural y propusieron no pagar la primera cuota hasta tanto se revierta todo a un tope del 200%. Acordaron exigir al gobierno bonaerense una revisión del monto y la eliminación del impuesto inmobiliario rural complementario, además de limitar el incremento del inmobiliario urbano y las patentes.
