EL CALAFATE.- Una fuerte controversia se desató en la margen norte del Lago del Desierto a raíz de una medida cautelar de la justicia federal de Río Gallegos que dispuso avanzar en la delimitación de tierras de una estancia colindante al predio donde se encuentra históricamente el puesto de la Gendarmería Nacional. Según informó el Ministerio Público Fiscal, las tierras “habían sido usurpadas por privados para una explotación turística”.
“El territorio se encuentra dentro de las hectáreas bajo exclusiva reserva a favor de la Gendarmería Nacional, por tratarse de una zona de seguridad de fronteras, en cercanías de un paso internacional, donde se cumplen funciones de control de migraciones, de sanidad animal y fiscal. El juzgado dispuso a los imputados la prohibición de ingreso y/o acercamiento al lugar”, comunicó el sitio fiscales.gob.ar al dar a conocer el procedimiento realizado la semana pasada.
El Lago del Desierto se encuentra a 37 km de El Chaltén, –la pequeña aldea de montaña meca de escaladores de todo el mundo–. A él, se llega a través de una ruta de ripio que concluye en la margen sur. Desde allí a la norte solo se puede acceder por lancha o bien por un sendero de trekking de mediana dificultad que bordea una de las costas. Los caminantes más avezados llegan a al sector norte y tras hacer Migraciones en el puesto de Gendarmería se avocan por un sendero que une los dos países a través de las montañas a lo largo de varios kilómetros, hasta llegar a Candelario Mancilla, en Chile.
La semana pasada, por pedido del fiscal federal Julio Zárate, el Juzgado Federal de Río Gallegos –a cargo del juez Marcelo Vázquez–, inició la delimitación de las hectáreas ubicadas sobre el norte del Lago del Desierto, en la provincia de Santa Cruz, reservadas a favor de Gendarmería Nacional. A través de una medida cautelar requerida por la fiscalía, el juzgado dispuso a los imputados la prohibición de ingreso y/o acercamiento al territorio en cuestión.
Según la comunicación oficial del Ministerio Público Fiscal, la denuncia había sido formulada el 26 de junio de 2023 por el jefe de Región VII de la Gendarmería Nacional ante la Fiscalía Federal de Río Gallegos frente a la posible comisión del delito de usurpación en el asiento que la fuerza posee en la margen norte del Lago del Desierto. El denunciante informó que los ocupantes buscaron instalar “domos geodésicos” para explotar turísticamente la zona, que se encuentra a escasos metros de distancia de la planicie que Gendarmería usa como helipuerto.
La medida judicial fue realizada con el apoyo de personal de la Dirección de Ingeniería Vial de la Administración General de Vialidad Provincial, designada por la gobernación cuyo personal técnico especializado trabajó con la colaboración de la Región VII de la Gendarmería Nacional, dado lo agreste y complejo del terreno. Según la misma fuente, comprobaron que en el lugar se instalaron domos sobre el helipuerto que sería de la fuerza y anulaba la operatividad.
Antecedentes
Según datos a los que pudo acceder LA NACIÓN, se trata de la delimitación de 190 hectáreas que el Consejo Agrario Provincial tiene pendiente hace décadas y estaban destinadas al puesto de Gendarmería Nacional que se emplaza allí desde 1966 a unos siete kilómetros del límite internacional –Paso Portezuelo de la divisoria– en donde se cumplen funciones migratorias, aduaneras, sanitarias, de defensa y de seguridad nacional.
Sin embargo, esas hectáreas deben hacerse sobre la estancia que fue adquirida por un privado a una funcionaria del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, Nelma Ogrizek quien las tenía registrada como propias. EN 1983 Ogrizek las vendió, pero luego decidió deshacer la compra y se inició un largo litigio que llega a la Corte Suprema y culminó favorable para el actual titular de las 13.008 hectáreas que rodean el puesto de Gendarmería Nacional.
En 2003, de acuerdo a documentos que este medio cotejó, el propietario de la tierra donó con cargo a la Administración General de Vialidad Provincial 60 hectáreas para la construcción de una ruta que iba a unir el margen norte del Lago del Desierto y el límite internacional con Chile, y como contrapartida la provincia se comprometía a abrir un acceso de la ruta hasta el puesto de la estancia. Ninguno de los dos caminos se construyeron, por lo cual la donación quedó inconclusa. En 2011, tras ganar todas las instancias judiciales, los propietarios de la estancia lograron escriturar la tierra a su nombre.
Según fuentes cercanas a los propietarios de la estancia consultados por este medio, hace más de una década intentan realizar un emprendimiento turístico sin éxito, aseguran que encontraron trabas en el Consejo Agrario Provincial quienes no les reconocía la titularidad de la tierra y afirman que el domo fue construido con el permiso de las autoridades de Gendarmería Nacional que ahora los denuncian.
En ese sentido, la fiscalía solicitó el dictado de una medida cautelar –a la que el juzgado hizo lugar– que ordenara a los ocupantes que se abstuvieran de efectuar alguna construcción que altere la situación fáctica y de atentar contra el interés público, a fin de evitar la afectación de otros bienes jurídicamente protegidos, hasta tanto la autoridad de aplicación apruebe la mensura definitiva de las 190 hectáreas que le fueran asignadas a la fuerza oportunamente.
La palabra de los propietarios de la estancia
“De acuerdo a la documentación respaldatoria, instrumentos públicos, actas de donación de terrenos y áridos que están protocolizados en el título, y que integran el título de mis hijos, consta que el sector sobre el que se está amojonando está dentro de la propiedad que pertenecen a mis hijos Guillermina y Nicolás Bohoslavsky”, aseguró el abogado Guillermo Bohoslavsky a LA NACION en referencia a la documentación que envió a esta corresponsalía y que corresponde a documentos e informes de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble del terreno.
Sobre los documentos, Bohoslavsky quien en 1983 inició la compra de las tierras aseguró: “tanto lo protocolizado, como lo que surge de las cláusulas de donación del terreno que han sido incluidas por instrucciones de la provincia en la escritura, integran el título de mis hijos”, en tanto que sobre la demarcación hecha por la orden de la justicia federal la semana pasada afirmó: “Lo que está amojonando Gendarmería es de mi propiedad y en todo caso a la hora de deslindar 200 hectáreas, no 190, sino 200 hectáreas, se requiere, según las normas legales, catastrales y de planeamiento, de la conformidad de los titulares del dominio, que son mis hijos”.
Bohoslavsky, de profesión abogado, consideró que jamás se opuso a la delimitación, y aclaró que lo que hoy cuestiona es el procedimiento de como se hizo: “Se está haciendo de forma unilateral, es nulo, de nulidad absoluta, porque requiere de la firma de mis hijos, el plano que en definitiva se confeccione, a la hora de también elegir los lugares que se señalen, porque se tratan de abras, un abra que va desde la punta norte del lago a la frontera con Chile”.
Y agrega: “el sector de Estancia Rodríguez y al oeste no puede de ninguna manera deslindarse las hectáreas porque son de nuestro dominio, según surge de las actas de donación de terreno y de áridos, y la traza del camino hecha por la provincia de Santa Cruz con el solo objeto de la promesa de donación, camino que jamás se hizo, hecho que de ninguna manera borra el reconocimiento de la propiedad de esas hectáreas y de Estancia Rodríguez, sino, con que objeto me iban a pedir que done esa tierra demarcada por la provincia, si no hubiera sido mía”, afirma quien adquirió la tierra y luego la heredó a sus hijos según consta en los registros.
