«La toma del Bundestag iba a ser el punto de arranque. En paralelo tramaban una red de brigadas de defensa patriótica, militarizadas y repartidas por todo el país”, afirmó el fiscal Michael Klemm, en una pausa del proceso abierto este lunes en el complejo judicial y penitenciario de Stammhein, en el extrarradio de Stuttgart. Al grupo de nueve acusados se les imputa pertenencia a organización terrorista como presuntos integrantes del «brazo militar» de los ultraderechistas Ciudadanos del Reich, los ‘Reichsbürger’.
La breve declaración ante los medios siguió a la larga lectura de la acusación contra los procesados. En ella se concreta en 286 el número contemplado de esas brigadas o «compañías patrióticas». Eran planes “notablemente avanzados”, disponían de armas, explosivos y potencial acceso a un cuartel bávaro -a través de un ex soldado, miembro del grupo-. En varios puntos del país habían empezado a activarse estos grupos, como es el caso del ‘Land’ de Baden-Württemberg, del que Stuttgart es la capital. Entre los acusados preparados para prestar instrucción militar hay un ex soldado del cuerpo especial KSK.
En agosto de 2021 habían empezado a concretar sus planes para el «Día X», el de la toma del Reichstag, el histórico edificio sede del Parlamento federal. No sería como el conato de asalto llevado a cabo un año antes por unos 400 Reichsbürger, que fueron repelidos por la policía. Esta vez irían armados y estaban convencidos de que recibirían apoyos de la población, además de las “compañías de patriotas”. Al asalto le seguiría la llamada “operación limpieza” para derogar la Alemania actual y restituir el Reich.
“El mayor problema para la seguridad nacional no provenía de ese hipotético asalto”, admite la Fiscalía. Los Reichsbürger –con unos 23.000 miembros, según los servicios secretos– no tienen las capacidades operativas ni la logística para socavar el orden constitucional alemán. “Pero su potencial desestabilizador es enorme”, considera la Fiscalía. Los Reichsbürger han dejado de ser un grupo marginal, alimentados por los movimientos antivacunas o contra el asilo, en medio de la efervescencia de la ultraderecha parlamentaria.
En sus filas hay miembros de Alternativa para Alemania (AfD), segunda fuerza en intención de voto a escala nacional y único partido de ese espectro con escaños en el Bundestag. El más claro ejemplo de ello es la ex jueza y diputada Birgit Malsack-Winkemann, detenida en la redada nacional llevada a cabo en diciembre de 2022, junto con el líder del grupo, el llamado Heinrich XIII o Príncipe Reuss. Todos ellos, como los procesados de Stammheim, están en prisión preventiva.
La estrategia de la defensa
La lectura de la acusación llevó unas dos horas, a lo que siguió una cascada de alegaciones de los abogados –unos treinta letrados– pidiendo la suspensión del juicio. Su argumento común es la división del proceso contra 26 presuntos implicados en la trama golpista. Al de Stammheim seguirá el día 21 de mayo la apertura de la causa contra Heinrich XIII y demás “responsables políticos”, más otro proceso en Múnich, ya en junio, contra el resto del grupo. Los abogados argumentaron que tal división generará conclusiones y hasta sentencias divergentes.
Hay suficientes precedentes de procesos con más de 25 acusados en Francia o Bélgica que garantizan su viabilidad, recordó el letrado. Y también la historia de Alemania ha conocido grandes procesos similares, desde los juicios de Nuremberg contra jerarcas nazis a los del terrorismo marxista de la Fracción del Ejército Rojo (RFA). El juez Andreas Singer, quien en esta primera vista exhibió dotes para dirigir la cuestión con cierta sorna, rechazó de un solo golpe todas las alegaciones, tal vez para demostrar que no caerá en maniobras dilatorias.
Nueve hombres y un delirio colectivo
Los procesados de Stammheim no son adolescentes confundidos, sino hombres adultos con edades que oscilan entre los 40 y los 60 años, en algunos casos padres de familia, no necesariamente identificables como neonazis. Comparecieron esposados, alguno se cubrió el rostro con un dossier mientras estaban las cámaras en la sala, lo que en Alemania solo se permite en los primeros minutos de cada vista. Otros intercambiaron saludos cómplices con simpatizantes presentes entre el público o sonrisas con familiares, a distancia de esos seguidores.
En el aire queda qué lleva a ciudadanos normales a enredarse en tramas golpistas de un movimiento que no reconoce a las autoridades, fuerzas de seguridad y fronteras actuales de Alemania. Se mostraron más disciplinados que los miembros del núcleo duro de la RAF —Andreas Baader, Ulrike Meinhof y Gudrun Ensslin, entre otros– que fueron juzgados en la misma sala 1 de esa audiencia.
El proceso a la banda terrorista se abrió en mayo de 1975 y discurrió entre gritos de “cerdo fascista” y similares a los togados. Terminó en marzo de 1977 con tres condenas a cadena perpetua. Meinhof se había ahorcado durante el proceso en su celda; Baader, Ensslin y un tercer miembro, Jan-Carl Raspe, aparecieron asimismo en las suyas unos meses después de recibir sus sentencias, tras fracasar el secuestro aéreo de un comando palestino “hermano” para exigir su liberación y la de otros presos.
