La campaña electoral del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal se lanzó con todo. El actual presidente, Ricardo Gil Lavedra, exjuez del Juicio a las Juntas, irá por la reelección con una particularidad: quien era su vicepresidenta, Patricia Trotta, ahora es la candidata que le disputa la conducción. Trotta encabeza la lista de oposición que orienta Jorge Rizzo, cuya agrupación gobernó el colegio durante casi 20 años. El tercer postulante al cargo es Rubén Ramos, del gremio de los abogados del Estado.
La campaña arrancó con virulencia. Gil Lavedra se lanzó en un acto en la Facultad de Derecho y sin nombrar a la lista contraria, la acusó de derrochar fondos del colegio, una caja millonaria sostenida por las matrículas de todos los abogados que litigan en la ciudad de Buenos Aires. Dijo Gil Lavedra que la elección era entre “la austeridad” o “los privilegios, el regalo de los Rolex o las fiestas suntuosas”.
Del otro lado, desde la lista que lleva a Trotta, le recordaron que más allá de su posición en contra del artículo de la ley ómnibus que prevé las sucesiones notariales sin intervención de abogados, Gil Lavedra fue uno de los firmantes de un proyecto de ley en ese sentido cuando era diputado.
Están que se sacan chispas. Las razones por las que Trotta dejó el oficialismo tienen que ver con la posición que adoptó el Colegio ante el DNU 70/23 y la ley ómnibus de Javier Milei. Si bien hubo expresiones de Gil Lavedra en contra, no se tradujeron en un amparo, como le reclamaba Trotta.
Trotta le dijo a LA NACION que no saltó del oficialismo de un día para el otro, sino que “hubo un ninguneo permanente” de parte de la agrupación de Gil Lavedra. Señaló que lo que los diferencia es que ellos son abogados independientes y no de grandes estudios, como algunos de los que apoyan al oficialismo.
Trotta es de la Asociación Abogados del Fuero, que se inició con letrados laboralistas y que ahora suma 2600 abogados. Se erigió en la candidata de Rizzo, que armó una lista con peronistas, camporistas, kirchneristas, Pro y hasta con Francisco Oneto, que es abogado de Milei.
Gil Lavedra tiene en su lista a referentes de la UCR, de Pro y de lo que era Juntos por el Cambio.
Trotta dice que su impronta es ser independiente del Gobierno, lo mismo que sostiene Gil Lavedra. Ambos están en contra de la reciente ley que reforma las normas antilavado y que obligan a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de lavado de sus clientes cuando actúen en nombre de ellos para adquirir propiedades, valores o integrar sociedades.
El 18 de marzo se presentaron las listas y comenzó formalmente la campaña para elegir las nuevas autoridades del Colegio. El 16 de abril se llevarán a cabo las elecciones en la entidad que nuclea a más de 70.000 profesionales. Rizzo pretende volver a ser el referente del Colegio y Gil Lavedra, retener la presidencia.
Hay una tercera lista, Espacio Abierto de la Abogacía (Lista 66). La encabeza Rubén Ramos, titular de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE). La integran abogados estatales y privados. Ramos se presenta como “la alternativa” y dice que ellos son “los únicos que plantean un modelo de Colegio distinto”.
“Venimos a dar un giro de 180 grados para poner al Colegio de frente a la abogacía y de espalda a los partidos políticos”, promete Ramos, que habla de la defensa de los honorarios, la independencia del poder político, la modernización y evitar el aumento de la inscripción, la matrícula y el bono.
Ramos cuestionó que el Colegio hubiera gastado más de $200 millones en seguridad, $120 millones en limpieza y $400 millones en sistemas.
