ROSARIO.- Después de una semana en la que la ciudad quedó paralizada por acciones “terroristas” narco en la justicia rosarina se produjo un fuerte cimbronazo, con la intervención de la Fiscalía Regional de Rosario, que estaba en manos de María Eugenia Iribarren, cuestionada luego de los escándalos que protagonizaron funcionarios del Ministerio Público acusándose unos a otros en medio de una ciudad afectada por la crisis por la violencia.
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro se mostró a favor de la intervención de la Fiscalía Regional, que era conducida por Iribarren desde que su antecesor Patricio Serjal fue detenido por el supuesto cobro de sobornos. La decadencia institucional en el Ministerio Público rosarino viene desde hace tiempo, por lo que desde que asumió Pullaro fue partidario de que se produzcan una serie de cambios que muestren además una mayor operatividad y convicción a la hora de investigar.
El fiscal Matías Edery, quien formaba parte de la Unidad de Criminalidad Organizada, fue suspendido hasta que se aclare la causa penal en la que está imputado por tener relaciones inapropiadas con una extestigo protegida que era testaferro del líder de Los Monos Ariel Cantero. El caso de Edery, quien junto a Luis Schiappa Pietra habían investigado la corrupción política y los nexos con el crimen organizado, fue el que terminó de eclosionar el Ministerio Público, porque mostró una fuerte interna dentro del organismo. Uno de los acusadores de Edery fue el senador Armando Traferri, al que los fiscales nunca pudieron acusar porque se resguardó en sus fueros. Después, terminó el propio fiscal suspendido.
La escalada de violencia extrema de las últimas dos semanas aceleró los tiempos y la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, resolvió apartar preventivamente de su cargo a Iribarren y nombrar como interventor interno al fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo. La medida es por un mínimo de seis meses y con carácter de prorrogable.
En medio de estos cambios, Pullaro recibió este martes en Rosario al ministro de Defensa Luis Petri, que desembarcó en la ciudad para presentar el equipamiento de refuerzo –cinco helicópteros, lanchas y 25 vehículos terrestres, entre otras cosas– que aportan las Fuerzas Armadas para el combate del llamado “narcoterrorismo” en la ciudad.
En el MPA se investiga el supuesto maltrato y torturas contra los presos del penal de Piñero, que fueron sometidos a requisas la semana pasada tras el ataque contra un colectivo que trasladaba a agentes penitenciarios. Luego, se exhibió la foto con los internos arrodillados y con la cabeza rapada, que dio pie –según interpretan algunas fuentes, aunque en el gobierno lo niguen- el raid de asesinatos que terminó con la vida de dos taxistas, un colectivero y el playero de una estación de servicio.
El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) de Santa Fe presentó una serie de denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado, contra internos de la cárcel de Piñero y de Pérez.
De acuerdo a lo informado por el organismo, los delitos se habrían producido en los pabellones 7, 8, y 23, de la Unidad Penitenciaria Nº11 de Piñero, y del pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº16 de Pérez.
También aseguraron que los denunciantes manifestaron que, durante requisas realizadas en esos pabellones, fueron objeto de vejámenes y tratos crueles y degradantes. Además, se intentará establecer si estas situaciones se dieron luego de la balacera a un colectivo que trasladaba penitenciarios.
Además de la denuncia la Asociación de Abogados Penalistas presentó una serie de habeas corpus, que fueron unificados. Lo que manifiestan los letrados, entre ellos José Nanni, es que un médico forense confirmó las lesiones que anteriormente no habían sido informadas por el médico del penal de Piñero.
Desde el gobierno negaron que se hayan producido vejámenes y torturas en las cárceles. La titular del Servicio Penitenciario, Luciana Masneri, señaló que “este tipo de acusaciones tienen que ver con las requisas que se realizan desde diciembre”. La gestión de Pullaro argumenta que los mayores controles en las prisiones lograron cortar parte del negocio mafioso que se manifestaba en las calles de Rosario. Y que las respuestas a estas exigencias dentro de las cárceles tienen que ver con los crímenes que se produjeron durante los últimos días.
“Tuvieron cuatro años de home office, con privilegios y aterrorizando a la gente. Los detenidos se acostumbraron a esto y desde el Ministerio de Seguridad no estamos de acuerdo”, manifestó Masneri sobre la gestión anterior.
Para la funcionaria provincial, las cosas cambiaron tras las rejas y hay reacción: “Se están haciendo requisas hace tres meses. No se pueden pasar 20 kilos de comida en las visitas como antes, algo que es imposible de requisar. Hay internos sin contacto, pero son muchas las medidas de seguridad”, sostuvo Masneri.
“Hay agresiones todo el tiempo en la cárcel. Los internos les tiran a los agentes agua caliente o aceite caliente y lavandina a los ojos”, dijo y agregó: “Recientemente, tuvimos que adquirir guantes aislantes de electricidad porque desde Inteligencia se sabía que lo próximo es electrificar puertas porque son metálicas”.
La funcionaria explicó que con esto, los presos intentan no ser requisados y así lograr controlar el espacio físico. “Desde diciembre se retiran los privilegios y eso genera resistencia, son los que impedían a la gente vivir tranquila y hoy ya no tienen esa facilidad”, apuntó.
