El juez federal Ariel Lijo, postulado por Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, no solamente salió airoso de las denuncias por mal desempeño que recibió en el Consejo de la Magistratura. En los tribunales de Comodoro Py, donde es titular del juzgado federal 4, el caso que lo implicó con graves acusaciones fue cerrado por el juez federal Julián Ercolini, colega cercano a Lijo, con un fallo que pasó bajo los radares.

Lijo fue denunciado penalmente junto a su hermano “Freddy” en 2018. La presentación la hizo Elisa Carrió: denunció que los hermanos les garantizaban impunidad a empresarios y funcionarios que tenían problemas procesales en causas judiciales. Como presunto organizador de la banda denunció al exministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido.

El caso le tocó inicialmente al fiscal Carlos Stornelli, pero se excusó y el expediente terminó en manos del fiscal Franco Picardi. Ninguno de los imputados fue indagado. El abogado de los hermanos Lijo fue Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia.

La prueba aportada por Carrió incluía un pendrive con una grabación de Alfredo Lijo diciendo: “¿Alguna vez fuiste a Tribunales a llevarle plata a uno… a otro con miedo a que te peguen un tiro?”. Pero también eran señalados como parte de la supuesta banda un grupo de empresarios, exfuncionarios y lobbistas, algunos de ellos vinculados al hermano del juez, según la denuncia, a través de sociedades. Alfredo Lijo fue sobreseído en febrero de 2021.

Según el fallo al que accedió LA NACION, Ercolini sostuvo que no pudieron corroborarse las hipótesis planteadas en la denuncia respecto de un supuesto incremento patrimonial irregular de Alfredo Lijo ni la relación de ese incremento con sus vínculos y su actividad como operador judicial. Después de ese fallo, Cúneo Libarona pidió el sobreseimiento del juez Ariel Lijo, que fue dispuesto por Ercolini.

Fuentes allegadas a Alfredo Lijo dijeron a LA NACION, acerca del cierre de este expediente, que el archivo y el sobreseimiento se dispusieron después de haberse agotado la instrucción de la causa, cuando no quedaba nada por investigar.

La denuncia sostenía que la supuesta banda había “pretendido garantizar la impunidad de delitos contra la administración pública de las más altas esferas de poder a cambio de dinero y negocios espurios”. Y señalaba al hermano del juez: “Alfredo Lijo habría incrementado su patrimonio de manera ilícita y habría introducido esos activos a través de distintos mecanismos de lavado de dinero”.

Además, estaban denunciados el asesor de la OEA Gustavo Cinosi, el excamarista federal Eduardo Freiler, Silvana Stochetti (que fue socia de Lijo en una consultora), el exsecretario de De Vido José María Olazagasti, el exjefe de gabinete de Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti -señalado en la denuncia como socio de Freddy Lijo, Ernesto Chalabe, señalado como persona de confianza de Olazagasti, y el empresario Roberto Vignati, vinculado a través de negocios con el entorno de De Vido.

Según la denuncia, Freiler y Alfredo Lijo controlaban juntos el funcionamiento de un balneario en Necochea. Y este último era apuntado por integrar una cantidad de sociedades y empresas junto a Fernando Dapero, un exsíndico del PAMI investigado por lavado de dinero y evasión a través de sociedades offshore. Dapero y Lijo fueron socios y, una de las empresas relacionadas al hermano del juez, Caledonia Seguros S.A, emitió cédulas azules para que Ariel Lijo y Marcelo Rochetti manejaran autos de lujo.

Picardi pidió medidas para estudiar el patrimonio de los Lijo y de los demás denunciados. De acuerdo a la información que recibió de la AFIP y -según cita el juez- un informe de la UIF, no surgieron “situaciones que merecieran ser destacadas” en los patrimonios. Además, Alfredo Lijo ingresó al blanqueo y las autoridades judiciales se toparon, según dijo una fuente judicial a este medio, con los límites que impone la ley de sinceramiento fiscal 27.260. Según supo LA NACION, también declaró haber recibidos premios “por actividades desarrolladas en los hipódromos de Palermo, La Plata y San Isidro”.

Pero la investigación no profundizó en otra parte de las maniobras denunciadas por Carrió: supuestos hechos de lavado de dinero con la compañía de seguros que tenía como socio a Alfredo Lijo; los funcionarios judiciales del caso dijeron que esas maniobras eran investigadas en los tribunales en lo penal económico, en otros expedientes.

“A raíz de haberse tomado conocimiento de la tramitación de otras causas en el fuero en lo penal económico en las que se investigaran maniobras presuntamente desarrolladas por personas a quienes se vinculara con lo aquí denunciado, se concluyó que no resultaba posible la realización en esta sede de una investigación paralela en tal sentido, a efectos de evitar una doble persecución en sede penal en relación a un idéntico objeto y con respecto a los mismos sujetos”, escribió Ercolini.

Con respecto a la acusación que los señalaba como una banda organizada, Ercolini dijo: “Los resultados obtenidos a raíz de las medidas practicadas conllevaron a descartar la ocurrencia de los extremos denunciados en los términos en que fueran presentados, dado que seguía desconociéndose las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que podrían haberse desarrollado”.

La denuncia fue ampliada en 2019 con información sobre los vínculos de los hermanos Lijo con la familia Corach, después una nota de LA NACION que reveló la cercanía entre ellos y que daba cuenta de que el juez Lijo, que instruyó el caso por las coimas de Siemens, ignoró un informe de la UIF sobre movimientos de dinero de la familia Corach en el exterior. Sin raspones, Ariel Lijo logró sortear la acusación.

Los casos que enfrentó Lijo en el Consejo de la Magistratura

Durante el gobierno de Mauricio Macri Lijo salió ileso de la denuncia más relevante que debió enfrentar en el organismo que selecciona y sanciona a los jueces, por la propiedad de un haras. Con la lupa sobre el patrimonio del juez y acusado por responsabilidades disciplinarias, el expediente se había iniciado en el Consejo después de una declaración de Carla Lago, su excuñada, quien durante el caso que terminó con la destitución del camarista Eduardo Freiler declaró que Freddy Lijo, exmarido de Lago, compartía un haras en Dolores con el magistrado. Cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a citar a “Freddy” para responder sobre su patrimonio, el oficialismo decidió desestimar la acusación contra el juez. Lijo tenía a su cargo, en ese entonces, la causa Correo. LA NACION reveló una reunión entre Mauricio Macri, el extitular de la AFI Gustavo Arribas y Daniel Angelici -con influencia en el Consejo de la Magistratura y cercanía a los Lijo- para evitar que Freddy Lijo fuera citado a declarar en el Consejo y salvar a su hermano del juicio político. El haras estuvo siempre a nombre de “Freddy” y, de acuerdo con las medidas de prueba que llevó adelante en ese entonces el Consejo de la Magistratura, en ninguna de las escrituras aparecieron los datos del juez.El año pasado, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López lo denunció en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y pidió su remoción. Lo acusó de haber impulsado una causa penal y demorarla sin motivos con “manifiesta arbitrariedad” para beneficiar a Lorenzetti “en su disputa contra los demás integrantes de la Corte, y en especial contra el Dr. Maqueda”, según el texto de la denuncia. Esa denuncia está en el Consejo de la Magistratura desde agosto del año pasado y todavía no fue sorteada. La Comisión de Disciplina es presidida por el diputado kirchnerista Héctor Recalde, que es quien debería fijar una fecha para sortear la denuncia. Uno de los elementos de prueba presentados por el diputado López era una nota publicada en este medio en junio del año pasado por el periodista Hugo Alconada Mon, en la cual se narra un contrapunto entre el juez Lijo y el fiscal federal Carlos Stornelli producto de la denuncia anónima por presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.En 2017, Lijo fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, la agrupación Será Justicia y la organización Usina de Justicia. Lo acusaron de “demoras excesivas en la tramitación de causas” que tienen a funcionarios públicos como imputados en casos de corrupción. Lijo negó las acusaciones y respondió con un escrito sobre las 23 causas por las que fue cuestionado y su estado procesal. El Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia en 2018.