El PP exige la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el varapalo del Tribunal Supremo, que anula el nombramiento de Dolores Delgado (su antecesora) como fiscal de Sala de Memoria Democrática, y considera que el órgano asesor de la Fiscalía debe pronunciarse sobre si es posible ocupar ese puesto de fiscal mientras su marido, Baltasar Garzón, dirige una fundación de derechos humanos.
Fuentes de la dirección nacional afirman que García Ortiz “practica un sistema clientelar de designaciones”, que “urge erradicar” y que necesita una respuesta política: o dimite el fiscal general o los conservadores exigen a Pedro Sánchez que lo destituya. En la cúpula conservadora que dirige Alberto Núñez Feijóo aseguran que “son tres varapalos en menos de seis meses”, recordando que el pasado noviembre el Supremo ya sentenció que hubo una desviación de poder por parte del fiscal general al promover ese nombramiento de Delgado, y que a pesar de ello, “le supuso la renovación en el cargo incluso con el informe desfavorable del CGPJ”.
En Génova insisten en que después, el Alto Tribunal “le volvió a condenar por el caso del fiscal Stampa” y, ahora, aseguran “le ha obligado a revocar el ascenso de la exministra del PSOE”. Para los populares “estamos viendo una politización sin precedentes en la Justicia” que es responsabilidad del presidente del Gobierno.
La petición de cese, además de Génova, también la lanzaron desde el Senado. “Lo de ustedes no es regeneración democrática, es depravación democrática”, le espetó la portavoz popular, Alicia García, a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero durante el control al Gobierno.
A renglón seguido, le retó a aprovechar “la oportunidad de oro para demostrar lo contrario” y cesar de manera inmediata a García Ortiz. Además, este miércoles, los conservadores recurrirán a su mayoría absoluta en la Cámara alta para aprobar una moción con la que se insta al Gobierno a cesar al Fiscal General “por el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo”. También se pide al Ejecutivo que lo sustituya por una persona que “garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo”.
