CÓRDOBA.- A tres meses del fracaso del primer proyecto de la ley ómnibus en el Congreso, los gobernadores –aun los que están en contra– dan por aprobada la nueva iniciativa. En este período hubo reuniones y contactos permanentes con funcionarios de la Casa Rosada, y los mandatarios que apoyan la nueva versión (son más de la mitad) lo hacen sobre la base de algunos pocos logros y varias promesas por parte de la administración nacional.
En estos meses, mientras el presidente Javier Milei mantuvo el tono combativo contra los gobernadores, los ministros Guillermo Francos y Nicolás Posse se encargaron de negociar y acercar posiciones. El avance más importante fueron los acuerdo para restituir la cuarta categoría de Ganancias que reclamaban los mandatarios (es un impuesto coparticipable) y coparticipar el blanqueo, que aún deben ser aprobados en el Congreso.
La nueva obsesión que guía los pasos de Milei
En cambio, la Casa Rosada rechazó el pedido de restitución de los fondos para educación y transporte, no se avanzó en nada respecto a definiciones sobre las obras públicas frenadas y no se reinició el flujo de giros de Anses a las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Tampoco se corrigió el decreto que anulaba la obligación de los pagos.
“Hay que darles la ley y que se termine esta parálisis –dice el gobernador de una provincia grande a LA NACION–. Hay un montón de cosas frenadas y, además, nos echan en cara que la responsabilidad es nuestra”. Esa definición, aunque no la verbalizan, es compartida por buena parte de sus colegas, que llevan tiempo tratando de encaminar una estrategia para oponerse a las medidas más polémicas de Milei sin pagar costos con sus electorados, y todavía no la encontraron.
La expectativa de varios gobernadores es que la Rosada –después de la votación de las leyes “Bases” y fiscal– haga una suerte de reparto de “premios y castigos” en función de cómo voten los legisladores de cada distrito.
Esta vez, en la votación del proyecto reducido de “Ley de bases”, según coincidieron tres fuentes provinciales, el pronunciamiento sería por capítulo y no por artículo. Ese es el punto que se está negociando, también para ganar en velocidad. En febrero, el fracaso se produjo cuando comenzaron los rechazos de artículos en particular. Hay gobernadores que ya indicaron a este diario que sus legisladores se opondrán a ese modelo de votación porque pretenden plantear diferencias en algunos ítems.
Un punto que –aunque con cambio de redacción– se mantiene en el proyecto es el de los fondos fiduciarios, que en el debate anterior provocó la pelea que terminó con la decisión presidencial de retirar el proyecto. Los gobernadores, encabezados por Rogelio Frigerio (Entre Ríos), vienen reclamando desde antes de la asunción de Milei que no se eliminen los fondos de Desarrollo Provincial (FFDP) y el de Infraestructura Regional (Fffir).
En el artículo 5 del proyecto de la “Ley de bases” no se nombran los fondos pero sí se faculta al Poder Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar” esos instrumentos. En marzo, por decreto, los fondos pasaron a la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo. El bloque de Consenso Federal quiere que se detallen los nombres de los fondos fiduciarios afectados.
Los gobernadores pueden anotarse algunas victorias “plenas” cuando se mira la redacción original de la ley ómnibus y la nueva versión que elaboró el Gobierno: la eliminación de la suba de retenciones que pretendía Caputo; la eliminación de la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos y la marcha atrás en los cambios pretendidos del Régimen Federal Pesquero.
