¿Cómo explicar la decisión de Javier Milei de volver sobre sus pasos e intervenir en el mercado de la medicina privada, fijando precios, luego de haberlos liberado mediante el megadecreto desregulador que emitió en diciembre último? ¿Qué costo puede tener para él en términos reputacionales esta medida contraria a algo que se cansó de cuestionar, tanto desde el otro lado del mostrador antes de ser Presidente como desde el Gobierno en los primeros cuatro meses de su gestión?
Alegró a algunos y sorprendió a todos la determinación del Ministerio de Economía disponiendo que las empresas de medicina prepaga dieran marcha atrás con las fuertes subas de las cuotas aplicadas desde diciembre y pasen a ajustar su valor de acuerdo con la inflación que ha tenido lugar desde principios de este año. Además, el Gobierno gestiona una medida cautelar para que las compañías de salud devuelvan a sus afiliados lo que hayan cobrado por encima del índice de precios desde que se desreguló el sistema.
¿Qué señal puede ofrecer un gobierno que proclama el respeto a rajatabla de la libertad y el libre juego de la oferta y la demanda, pero ahora decide intervenir fijando fijando precios en los servicios de medicina prepaga?
Semejante contradicción con su propio relato implica un costo reputacional. Los procesos de pérdida de reputación son consecuencia de la acumulación de hechos en los que se pierde coherencia y autoridad discursiva. Aunque no se traduzca en lo inmediato en una pérdida de puntos de imagen positiva, lentamente puede erosionar el nivel de credibilidad de un gobierno.
El consultor de opinión pública Lucas Romero, director de Synopsis, ensaya dos hipótesis para explicar la voltereta de Milei tendiente a acotar los incrementos de las empresas de medicina prepaga. Una de ellas es que el primer mandatario buscaría proteger su propia clientela electoral. La segunda apuntaría a cuidar a un segmento de la sociedad, como el de los adultos mayores de 65 años, que le viene siendo esquivo en el apoyo.
La interpretación de ambas hipótesis requiere el análisis del contexto. En el clima de opinión pública, no se advierte un Milei seduciendo votos ajenos, sino esencialmente un líder que está reteniendo el 90 por ciento de sus apoyos en la segunda vuelta electoral. La clave del Presidente no es ganar terreno; más bien pasa por sostener los apoyos iniciales.
¿Tiene sentido pagar un costo reputacional, como el que está pagando hoy Milei, por un número de beneficiarios del subsistema de salud representado por la medicina prepaga, que apenas alcanza al 13 por ciento de la población? En principio no, pero si se advierte que ese segmento seguramente votó en su inmensa mayoría por Milei en el balotaje presidencial, pasa a ser importante si se considera que la clave para el oficialismo es retener los votos propios. Y esa porción de la población castigada por los aumentos de las prepagas puede llegar a representar alrededor del 20 por ciento de toda la base electoral mileísta.
En cuanto a la hipótesis de que Milei quiera seducir al segmento adulto mayor de 65 años, se relaciona con el hecho de que constituye el segmento donde peor está el actual Presidente, por cuanto viene de ser castigado con la licuación de las jubilaciones.
“Quizás desde el gobierno de Milei se ha querido reaccionar en este tema para atender la necesidad de conservar apoyo social, que es hoy el principal recurso del que dispone el Presidente”, sostiene Romero. Es que, en un marco de inestabilidad política y debilidad parlamentaria del oficialismo, si Milei pierde respaldo en su propio electorado, se le puede complicar sostener el timón.
Es probable que el Presidente sea consciente de que muchos de sus votantes no adhieren fervientemente a su ideología libertaria y anarcocapitalista, sino que simplemente esperan que resuelva problemas como la inflación. Esos sectores pueden considerar que fue un error desregular los precios de las empresas de medicina prepaga. Adhieren a una visión de la que, en los últimos días, se hizo eco el Gobierno, y que considera que el mercado de la salud privada no es libre del todo, por cuanto unas siete empresas concentran al 75 por ciento de los afiliados. Y en esa visión, que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, se encargó de ofrecer, se sostiene que “varias empresas se pasaron de rosca”, subiendo las cuotas muy por encima de la inflación del primer trimestre.
En ese sentido, destacan que mientras el índice de precios al consumidor creció el 20,6% en enero, el 13,2% en febrero y el 11% en marzo, Swiss Medical, por citar un ejemplo, aumentó en promedio sus aranceles el 40% en enero, el 27,5% en febrero y el 21% en marzo; es decir que totalizó incrementos del 116% frente a una inflación que fue del 51,5% en el trimestre.
Desde el sector de la medicina prepaga, se responde que los incrementos mayores a la inflación obedecen al fuerte atraso que registraban los valores de los aranceles desde hace años, no solo en relación con los índices inflacionarios, sino además en función de sus crecientes costos, derivados de leyes y sentencias judiciales por las cuales se obligó a prepagas y obras sociales a financiar tratamientos y medicamentos extremadamente onerosos, sin poder aumentar sus aranceles ni recibir subsidios. Del mismo modo, se señala que en todo el mundo el costo de la salud ha experimentado aumentos superiores a la inflación en los últimos veinte años.
Hacia 2011, el kirchnerismo convirtió a las empresas de medicina privada en servicio público para poder fijar sus cuotas por debajo de la inflación.
Para el economista liberal Agustín Etchebarne, uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso, se está ante “un problema complejo, sin una solución simple”. Consultado por LA NACION, consideró: “No es un mercado cualquiera, ya que tiene una gran intervención del Estado, que fija las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) y cada aumento de éstas implicaba incrementos de costos. Pero el Estado obligaba a las empresas a aumentar sus prestaciones, pero les pisaba sus precios, dejando desfinanciado el sistema y al borde de la crisis”.
Según Etchebarne, “el problema se soluciona con más y no con menos libertad”. Sostuvo que “hay que aumentar la competencia con las obras sociales e incluso con los hospitales públicos autogestionados, de manera que nadie quede cautivo de un sistema”.
Consideró que al problema de los costos de la salud hay que sumarle que la gente de ingresos medios está acorralada por la recesión y la inflación en un momento en el que el Gobierno aumenta las tarifas de los servicios que también estaban virtualmente congeladas. “Las inmensas distorsiones creadas por el gobierno anterior no se pueden desarmar en cuatro meses. Por eso creo que se debe generar una reforma más amplia, que permita aumentar la competencia y reducir los costos de la salud. También, una mayor libertad para importar medicamentos que tienen muchas veces precios desmesurados y facilitar el uso de genéricos, e incluso abrir la competencia a seguros médicos internacionales”.
Si la población se halla indefensa antes los aumentos en los aranceles de la medicina prepaga es porque desde hace mucho tiempo el Estado no cumple con su obligación de garantizar el derecho constitucional a la salud. Y el cumplimiento de esa obligación constitucional no les corresponde a las prepagas del sector privado, ajenas al organigrama estatal y alejadas del Tesoro Nacional, sino que corresponde al Estado.
Si un Estado no puede garantizar una salud pública eficiente, debería apoyar a la actividad privada en el área de salud, eliminando impuestos para que esas empresas vean reducidos sus costos y puedan competir y ofrecer servicios a mejor precio.
