La decisión del gobierno nacional de retirar de su remozado proyecto de “Ley de bases” el capítulo referido a la industria tabacalera ha generado cruces de opiniones entre legisladores, demás dirigentes políticos, empresarios y el propio presidente Javier Milei, que van desde presiones hasta favoritismos y acusaciones de ilegales concentraciones en un mercado de por sí complejo, cuyos cambios o adaptaciones generan habitualmente sonoras discordias entre sus protagonistas.
En esta oportunidad, la intención original del Poder Ejecutivo era obligar a que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos y no como ocurre ahora con una de ellas, Tabacalera Sarandí, que comenzó como una pyme y hoy concentra más del 40% del mercado en virtud, principalmente, de haber logrado exenciones en su favor.
En el rubro tabacalero, además de Sarandí, que produce Red Point y Kiel, están Massalin Particulares, British American Tobacco y la rosarina Bronway Tabaco .
Tabacalera Sarandí entró en el mercado como una pyme y no paga el impuesto interno mínimo, un monto fijo de 517,50 pesos fijado por atado de cigarrillos, que funciona como un piso base de tributación, con intención tanto recaudatoria como sanitaria, por cuanto apunta a encarecer los precios de esos nocivos productos para desincentivar el vicio de fumar.
A lo largo del tiempo, Sarandí presentó medidas cautelares amparándose en que se encontraba en desventaja frente a las empresas multinacionales. Eso le permitió vender a valores muy inferiores. Lo que para esa tabacalera fue un logro económico, para los fumadores activos y pasivos constituyó un atractivo claramente lamentable: conseguir el tabaco más barato y seguir afectando su salud.
Pero hay que decirlo, la salud de la población no es el eje principal en esta pelea entre titanes del tabaco y el Gobierno. Los intereses económicos, el fuerte lobby legislativo –no reglado en nuestro país–, la puja por conservar privilegios y las necesidades de caja de todas las partes hacen tañer las campanas sin intención de celebrar misa. Hubiera sido positivo que el Congreso lo debatiera abiertamente. Así hubiéramos podido asistir los ciudadanos de a pie a las argumentaciones de cada sector involucrado y ver cómo votaban los legisladores. Su súbita desaparición del proyecto de ley indudablemente despierta sospechas.
Una reciente investigación de LA NACION dio cuenta de que el diputado oficialista Cristian Ritondo fue uno de los más interesados en que el Gobierno desechara ese tema. Coinciden con él, entre otros, su par Diego Santilli y el kirchnerista Carlos Castagneto, extitular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández, que nunca buscó cobrar las deudas a Tabacalera Sarandí. También, Carlos Zapata, de La Libertad Avanza. Ninguno de ellos quiso hacer comentarios cuando se les requirió.
Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, calificó la marcha atrás como “una prebenda” y aseguró que las consecuencias las pagan “las provincias tabacaleras del norte, que han sufrido una pérdida acumulada de más de 700 millones de dólares por menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco”, pero que también lo pagan todos los argentinos, por el monto que se deja de recaudar por impuestos internos, coparticipables entre los 24 distritos y el Tesoro nacional.
Lamentablemente, la cuestión no se reduce al tema fiscal. En su momento, se intentó legalizar la comercialización de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, contraviniendo normas de organismos nacionales dedicados a la salud y prestigiosas instituciones y entidades internacionales que desaconsejan su uso.
Es de esperar que todas las discusiones se libren a la luz del día y que las decisiones que se tomen sean producto de haber escuchado a quienes conocen los temas para poder llegar a acuerdos amplios que beneficien al conjunto de los ciudadanos.
