Un conato de rebelión estuvo a punto de estallar en la Cámara de Diputados hace diez días. En los pasillos los legisladores no hablaban de otra cosa que no fuera el recorte feroz en las dietas que estaba por instrumentar el presidente del cuerpo, Martín Menem. De los 2,2 millones de pesos que cobraron a principios de marzo con el aumento del 30% dispuesto para todos los trabajadores legislativos iban a recibir en abril unos $900.000 en mano habérseles descontado esa suba. Una cifra muy por debajo, incluso, del $1,7 millón que cobraron en enero pasado.
El malestar era palpable y las quejas no solo provenían desde la oposición. En las filas libertarias la bronca era mayúscula. “Es imposible para un diputado del interior alquilar en Capital, costear todos los gastos y, además, mantener su vivienda en la provincia con $900.000. No tiene lógica: vamos a cobrar menos que un chofer. Menem se da el lujo de donar su dieta, vaya a saber qué otros ingresos recibe, nadie lo sabe. Pero su situación no es la misma de todos”, despotricó un libertario de pura cepa cuando vio el adelanto de lo que cobraría en abril según el sistema informático de la Cámara: $933.000 netos.
En el Senado, la presidenta del cuerpo Victoria Villarruel actuó a tiempo. A regañadientes acató el pedido del presidente Javier Milei de dar marcha atrás con el aumento del 30% otorgado a los legisladores en febrero, pero a la hora de liquidar los sueldos de marzo dispuso no descontarles el incremento ya percibido. Por lo tanto, los senadores cobrarán en abril $1,7 millones, es decir, la misma suma que percibieron en enero.
Según pudo saber LA NACION, la Cámara alta evaluó descontar en el recibo de abril el incremento otorgado en febrero y percibido en marzo, tal como pidió el Ejecutivo. Sin embargo, las advertencias sobre los coletazos que podría traer esta medida llegaron al despacho de la titular del cuerpo. “No se puede andar con la motosierra así porque sí si después te vas a comer un montón de juicios laborales que pagan los argentinos”, señaló Villarruel en pleno prime time televisivo.
La ley de procedimientos administrativos, en su artículo 13, permite la “retroactividad de los actos” aunque advierte: “siempre que no se lesionaren derechos adquiridos”. Esta definición es lo que frenó el recorte. Es decir, solo se volverá a la suma previa al aumento, sin quitar el casi medio millón que ya se pagó por no haber “desenganchado” las dietas a la actualización de haberes de los empleados del Congreso.
La actitud de Villarruel colocó a Menem en una encerrona incómoda. El riojano, más obediente a los dictados de la Casa Rosada, se disponía a aplicar el doble recorte –es decir, sobre el sueldo original de 1,7 millones aplicar el descuento del 30%-, pero a último momento decidió dar marcha atrás. Al menos así consta en las liquidaciones de las dietas de abril a las que accedió LA NACION: los diputados cobrarán, como los senadores, alrededor de $1,7 millones más el plus por desarraigo.
Pese a las insistentes consultas de este diario, ni Menem ni sus funcionarios más cercanos dieron información al respecto. Con esta decisión el riojano logra esquivar un foco de rebeldía en la Cámara, aunque lo cierto es que su relación con los bloques opositores –incluso con el libertario- es por demás frágil. No le perdonan que tome decisiones inconsultas ni que se comporte como un virtual gerente del cuerpo.
Villarruel, por el contrario, busca generar lazos de confianza con los distintos bloques para garantizar el funcionamiento del Senado. Sabe que la situación de extrema minoría en la que se encuentra el oficialismo en la Cámara alta, con solo siete legisladores, exige trabar consensos con otras fuerzas. Quiere que el cuerpo que preside funcione y lo dejó en claro tras el fuego amigo que recibió por habilitar la discusión del DNU 70/2023: “No me voy a convertir en Cristina Kirchner”, dictaminó.
La vicepresidenta incluso se animó a contradecir al presidente Milei al reivindicar la suba del 30% a los legisladores otorgado en febrero. Durante su primera entrevista televisiva como vicepresidenta, sostuvo que el congelamiento de salarios tiene que ser “para todos los poderes del Estado” y reconoció: “El aumento se debería haber dado, pero di marcha atrás porque me lo pidió el Presidente”.
Lo cierto es que esta polémica por lo que debe cobrar un legislador nacional está lejos de ser saldada. En la Cámara de Diputados se presentaron distintos proyectos para regular esta cuestión. El puntano Carlos González D’Alessandro presentó una iniciativa que propone que las dietas de diputados y senadores nacionales tengan un valor base de 20 jubilaciones mínimas con una actualización atada a la de los haberes jubilatorios.
“Nuestro salario se actualizará solo cuando se establezcan aumentos para las jubilaciones mínimas. Si la actualización a jubilados pierde contra la inflación, la de los legisladores nacionales también lo hará”, propone. Desde la oposición, en tanto, los proyectos apuntan a equiparar y limitar los sueldos de las cabezas de los tres poderes del Estado. Predomina en los legisladores una sensación de ser injustamente tildados de ser la única “casta política” con sueldos exorbitantes cuando, en los hechos, en los poderes Ejecutivo y Judicial los sueldos son mayores.
