El gobierno de Javier Milei exhibe una velocidad y una habilidad para instalar temas de alto impacto en la agenda pública con pocos antecedentes. Esa característica contrasta en los primeros tres meses de gestión con la capacidad de concreción de las iniciativas y proyectos, pero le permite sostener el dominio de la atención y ganar tiempo, mientras se dilata la llegada de los resultados positivos de sus políticas y abundan los efectos negativos del ajuste.

En esa saga se inscribe la intempestiva presentación, este miércoles, de dos candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia por motivos funcionales muy distintos y condiciones antitéticas entre sí.

Es lo que ocurre con la postulación del polémico juez federal Ariel Lijo y del reconocido jurista Manuel García-Mansilla. Uno para cubrir una vacante ya existente y otro para un lugar que solo se estaría liberando a fin de año cuando debería jubilarse el actual ministro Juan Carlos Maqueda.

El Gobierno avanza para cambiar la fórmula de las jubilaciones por decreto y adelantarse al debate en Diputados

Los nombres, las formas y los tiempos sacudieron tanto a miembros del Gobierno como del Tribunal. También, a la mayor parte de la dirigencia política y de la opinión pública.

El silencio ante la comunicación de la Presidencia por el que optó la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, a excepción de la Coalición Cívica y las fuerzas de izquierda, expone la perplejidad, la incomodidad y la complicación que significó para ellos el anuncio. Un nuevo triunfo (inicial) del Gobierno, que, ahora, deberá sostenerlo. La sustentabilidad de todas sus acciones es la duda eterna, que aún no logra despejar.

Solo la cuestión de género, que es un tema mayor y nada menor, logró una reacción mayoritaria en contra del anuncio.

Si la ausencia de mujeres en el máximo tribunal ya era motivo de cuestionamiento, la postulación de dos varones para completar la integración terminó por profundizar fundadas objeciones.

Sin embargo, en esta cuestión no se puede decir que el oficialismo sea incoherente. La regresión a tiempos pasados es su norte, tanto en esta como en otros cuestiones en las que se había avanzado en los últimos años.

En tal sentido, las posiciones conservadoras en temas de familia, género y en contra del aborto de García-Mansilla resultan consecuentes con las ideas y las propuestas de Milei. El contrato electoral con los votantes queda en esto a salvo. Pero no sólo eso.

La solidez jurídica del decano de la facultad de derecho de la Universidad Austral lo exime de cuestionamientos sobre su idoneidad técnica, que junto con las aptitudes morales son requisitos para acceder al cargo. Por eso mismo, lo curioso (o no tanto) es que su candidatura sea para el cargo que aún no está vacante y que más demoraría en cubrirse efectivamente.

En cambio, menos congruente y más sorprendente asoma, en principio, la postulación de Lijo. La impronta moralizante con la que llegó a la política y prometió gobernar el actual Presidente, así como su promesa de ser el adalid de una guerra a “la casta” en todos los ámbitos de la vida pública, encuentra varias fisuras ahora. Pocos representan mejor a “la casta” o al establishment judicial y, sobre todo, a la muy observada Justicia Federal que el ahora candidato a integrar la Corte Suprema.

Debilidad que es fortaleza

En esa aparente debilidad, sin embargo, podría estar la fortaleza de la polémica postulación que hizo Milei. Una paradoja para el sentido común dominante entre los jueces, abogados, magistrados y académicos del derecho más reconocidos, así como entre quienes siguen de cerca la dinámica judicial. Mucho más para el común de los argentinos, que tienen a los magistrados y, en especial a los del fuero criminal federal de Comodoro Py, en la parte más baja de todos los rankings de imagen de los actores públicos.

“Lijo es un garante del sistema. Nadie ha atado más y mejores vínculos que él con el establishment político, empresarial, sindical, mediático, universitario, de los servicios de inteligencia y hasta deportivo, casi sin distinciones”. La definición pertenece a un importante senador nacional de la oposición, que, llegado el momento, deberá votar a favor o en contra de su designación.

Fue esa la mejor o la única manera que encontró para explicar lo que para él, como para muchos de sus colegas y observadores, es una maniobra demasiado audaz sino inexplicable del Gobierno. Sombras sobre la promesa de Milei de romper con el entramado de intereses dominantes en el país que venía a cambiar.

Las postulaciones marcan, en primer lugar, la intención del Gobierno de romper la actual mayoría de la Corte que componen su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda, ahora prejubilado de hecho. Un trío que ha hecho de la independencia una bandera y que en estos tres primeros meses ya ha incomodado al actual Gobierno, como antes lo había hecho con el de Alberto Fernández y Mauricio Macri.

Lo curioso en ese aspecto es que las postulaciones hayan sido hechas con tanta antelación. Más aún en el caso de García- Mansilla/Maqueda. Tan curioso como la aparente falta de comunicación y acuerdos previos con quienes deberán reunir los votos para que Lijo llegue al máximo tribunal.

El juez federal llega con el padrinazgo inocultable e inocultado del restante ministro del tribunal, Ricardo Lorenzetti, que desde hace tiempo busca revancha por la pérdida del sitial presidencial en la Corte y de su otrora influencia imperial.

“Haber hecho este anuncio nueve meses antes de que pueda alterarse la mayoría del tribunal suena a haberle recargado al infinito la lapicera a los ministros que acabás de golpear. No hay manera de que Rosatti, Rosenkrantz y, sobre todo, Maqueda no se sientan atacados y ellos tienen sobre sus escritorios demasiados temas que preocupan al Gobierno”, advierte una fuente cercana a esos magistrados.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde están los despachos de la Corte Suprema, por estas horas sobreactúan sobriedad y serenidad. “Acá no rige el vértigo de afuera. Hay otros tiempos. Los que tienen apuro no son, por lo menos, los que integran la mayoría. Además, todavía los candidatos deben pasar por un proceso largo”, dice con pretendida distancia un colaborador del tribunal.

La urgencia que tenía el Gobierno para que la Corte avalara con un fallo el mega-DNU desregulatorio, cuestionado ante la Justicia, parece haber operado como disparador de lo que muchos consideran una vindicta de la Casa Rosada. Los conocedores de tribunales recuerdan que la venganza es un plato que se come frío.

El procedimiento para la designación de los jueces debe atravesar un camino que, salvo que se modifique la reglamentación vigente, incluye la presentación de avales y la apertura a impugnaciones públicas antes de que el Senado lo trate. Y, al final, se requiere del voto positivo de las dos terceras partes de la Cámara alta, es decir, 48 senadores, donde el oficialismo solo tiene siete legisladores propios. La reunión de los 41 votos restantes es en estas horas un enorme misterio.

El padrinazgo de Lorenzetti y las gestiones que algunos operadores habrían hecho en su nombre ante gobernadores peronistas (como el perenne mandatario formoseño Gildo Insfrán) para lograr el apoyo a su ahijado son demasiado fuertes. Inclusive algunos dirigentes mencionan al propio ministro de la Corte como interlocutor. No faltan promesas sobre lo que podría ofrecerles para sus intereses una nueva mayoría de la Corte.

Los 33 senadores del peronismo resultan vitales, aunque no suficientes para que los postulados se conviertan en supremos magistrados.

El silencio que siguió al anuncio del Gobierno es demasiado ruidoso. Ni siquiera la cuestión de género de la que el kirchnerismo ha hecho una bandera en los últimos ocho años (no antes) fue suficiente motivo para pronunciarse. “Es muy reciente y solo es un anuncio público. No hay todavía una presentación formal. Así que no vamos a emitir opinión sobre ninguno de los dos postulados por Milei”, explicaron desde las cercanías de Cristina y Máximo Kirchner, amparándose en un apego a las formas que no siempre ha sido característica de la casa.

Los fallos de la actual mayoría de la Corte contrarios a la expresidenta en apelaciones de causas penales en las que ella y su familia está involucradas aumentan las suspicacias sobre el formalismo alegado por la cúpula kirchnerista para no anticipar opiniones.

No menos estruendoso es el silencio en el que se refugiaron los bloques radicales y de Pro.

La incomodidad en el partido que Mauricio Macri está por volver a presidir es tal que la respuesta de uno de sus principales dirigentes a un legislador que pidió instrucciones fue el emoji de un hombre desconcertado con los manos abiertas.

Los legisladores de la UCR que anteayer tenían previsto reunirse pospusieron el encuentro para la próxima semana tras conocerse la noticia. La mayoría de la bancada jura que ni siquiera por chat abordaron informalmente el tema de la Corte. Aunque parezca mentira.

No obstante, trascendió que hubo conversaciones entre dirigentes del partido, incómodos con la situación. Las dos postulaciones generan complicaciones puertas adentro.

Por un lado, la adscripción ideológica de García-Mansilla incomoda a los radicales más progresistas y liberales en cuestiones de derechos individuales.

Por el otro, Lijo cultiva relaciones con dirigentes de la UCR que la mayoría prefiere mantener en las sombras y que podrían condicionar a varios senadores. No obstante, afirman que los contactos radicales del juez federal, como Enrique “Coti” Nosiglia, Daniel “Tano” Angelici y Emiliano “Yaco” Yacobitti, fueron sorprendidos por el anuncio. A pesar de ser un partido laico, algunos radicales se muestran muy creyentes.

En ese plano, uno de los senadores más complicados por la jugada del Gobierno es el porteño Martín Lousteau, cuya alianza política (o dependencia en materia judicial) con Yacobitti es pública. En las cercanías del titular de la UCR prefirieron no pronunciarse sobre el anuncio. Solo dijeron que la respuesta de Lousteau fue: “Si quieren el voto, postulen a una mujer”. Los allegados al senador no contestaron si daría su voto a Lijo o a García-Mansilla en caso de que se postulara también a una mujer en reemplazo de alguno de ellos. Más silencio.

Lijo, la bandera de la impunidad

Pese a la larga lista de actuaciones polémicas y acusaciones que jalona la carrera judicial de Lijo, esos silencios y la asepsia con la que fue tratada su postulación por formadores de opinión se suman a las incógnitas sobre la suerte que le espera. ¿Torpeza o jugada maestra?

Varios senadores que tienen reservas para dar su apoyo a una figura tan cuestionada siguen con atención e interés esas reacciones cautelosas. Lijo y sus padrinos lo celebran.

“La casta” recibió un guiño inesperado. Ahora parece no tener tanto miedo.

 

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