El presidente chileno, Gabriel Boric, cumplió el pasado 11 de marzo dos difíciles años en el poder, marcados por el fracaso constitucional y por la ola de incendios más mortífera de la historia, con los principales deberes de su ambiciosa agenda de cambios pendientes de cumplir.
Llega el mandatario trasandino a la mitad de su mandato con una crisis legislativa que ha erosionado sus promesas electorales de implementar reformas sociales profundas. La falta de mayorías propias en un Congreso fragmentado condujo al rechazo a la reforma fiscal con la que el gobierno pretendía financiar grandes reformas estructurales en salud y pensiones.
En cuestiones de seguridad, aunque Chile mantiene bajos niveles de delitos en comparación con el resto de la región, la situación ha empeorado en los últimos años y la seguridad pública se convirtió en uno de los asuntos más importantes para la ciudadanía. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, publicada a fines de noviembre, la percepción de inseguridad en Chile alcanzó al 90,6% de los ciudadanos, la cifra más alta en diez años.
En materia de corrupción, la cuestión más relevante que enturbia su gestión se conoció en junio del año pasado con el llamado caso Convenios, una trama de supuestas irregularidades en el traspaso de subvenciones públicas a fundaciones privadas. En uno de los momentos más duros de su segundo año, el escándalo le costó a Boric la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, fundador del partido de la coalición gubernamental Revolución Democrática (RD), vinculado a una de las fundaciones.
Si bien el mandatario trasandino defendió el control de la inflación, que llegó al 12,8% en 2022, los precios siguen altos y la reactivación económica aún no llega, circunstancia que resiente la creación de empleo.
En este contexto y según la última encuesta de Cadem, Boric terminó su segundo año de gestión con apenas el 27% de aprobación. Además, el 71% de los consultados creen que Boric no ha cumplido con las expectativas que se tenían de él, mientras el 57% considera que el país ha retrocedido en estos dos años. Solo el 19% cree que avanzó y el 24%, que está igual.
Al mismo tiempo, se lo percibe débil en cuanto a capacidad de cumplir con sus compromisos (26%), en la lucha contra la delincuencia (23%), en los problemas de la inmigración (20%), en el conflicto de La Araucanía (19%) y en experiencia para gobernar (16%).
El principal desafío que tendrá el gobierno chileno en los dos años que lo separan del fin del mandato es aumentar sus niveles de apoyo popular. Deberá para ello concretar las prometidas reformas y mejorar la situación económica, buscando superar la crispación política y trabajando por un Chile más justo y seguro.
