Las cuotas de las siete prepagas alcanzadas por una resolución oficial serán este mes, en promedio, entre un 11% y un 18% más bajas que las pagadas en abril, según información aportada por directivos de algunas de las entidades y según la confirmación hecha a LA NACION por fuentes del Gobierno respecto de cómo se debe aplicar la fórmula de recálculo de los precios. En varios casos, las cartas enviadas por las empresas a sus afiliados mencionan porcentajes más significativos de rebajas, pero eso es porque la comparación no se hizo contra los valores abonados en abril, sino contra los montos que iban a tener las cuotas en mayo, considerando los aumentos que se había previsto aplicar (de alrededor de un 9%) antes de que las autoridades decidieran frenarlos.

La regla básica y general es que los montos facturados por las prepagas en estos días no pueden superar en un 114,5% a los valores de diciembre de 2023, según confirmaron fuentes oficiales. Ese índice refleja la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y marzo de este año. Dicho de otra manera, por cada $100 pagados a fines de 2023, en mayo el monto no debería ser superior a $214,5. Si en abril se pagó una cuota un 153% más alta que la de diciembre (tal es el caso, en general, de Swiss Medical), la reducción es de 15,4% con respecto a abril y de 22,2% en comparación con lo que estaba previsto cobrar en mayo, antes de conocerse la regulación dispuesta.

Las comunicaciones de las prepagas y las facturas que comenzaron a ser recibidas generaron mucha repercusión, quejas y controversia en las redes sociales. A tal punto fue así que el ministro de Economía, Luis Caputo posteó ayer en la red X: “El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado. Además, se aplicará una multa (un porcentaje de la facturación anual, muy grande) en caso de incumplimiento”. El mensaje fue en respuesta a un posteo que expresaba que los montos facturados no responden “a lo acordado”. Por eso, se esperan para hoy aclaraciones sobre el tema, que provendrían de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Directivos del sector afirmaron, al ser consultados por este medio, que para calcular cuánto facturar consideraron lo dispuesto por la resolución 1 de la Secretaría de Industria y Comercio. Esa normativa no alcanza a todo el mercado, sino a siete prepagas: OSDE, Hospital Alemán, Hospital Británico, Swiss Medical, Galeno, Medifé y Omint. Las demás entidades no están obligadas a reducir sus precios ni a no seguir aumentando. De todas maneras, hay casos como el del Hospital Italiano, en los que se decidió cobrar el mismo monto que en abril, sin aplicar la suba que se había comunicado.

En el caso de Medifé, las cuotas se incrementaron un 143% entre enero y abril y con lo previsto para mayo la suba acumulada iba a ser de 165%. Ahora, si se cobra el valor de diciembre más un 114,5% (según lo ya explicado), la diferencia es de 19% con respecto a lo que iban a cobrar en mayo y de 11,7% en comparación con abril. En Galeno, el incremento acumulado a abril había sido de casi 164% e iba a llegar en mayo a 190%; entonces, la diferencia al aplicarse la regla de la suba por inflación será de 26% en comparación con lo que estaba previsto cobrar en mayo, y de 18,6% respecto de la factura del mes pasado. En el caso de OSDE, que envía ahora las facturas de abril, lo pagado el mes pasado acumulaba un incremento de 140,7% y el alza de lo que va del año iba a ser de alrededor de 163% este mes; para sus afiliados, la reducción del monto con respecto al del mes anterior será de 11%, aproximadamente.

Las variaciones pueden variar dentro de una misma prepaga porque, por ejemplo, hay quienes habían logrado descuentos de manera individual.

Una medida que discrimina

La discriminación según la empresa es uno de los puntos que genera confusión y controversia Y ocurre porque para establecer reglas respecto de los precios el Gobierno se basó en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Esa dependencia estatal había recibido en enero una denuncia sobre presunta cartelización, hecha por referentes de la Coalición Cívica. En esa presentación se mencionaba a las siete empresas mencionadas meses después en la resolución, y la investigación no había sido ampliada al resto del mercado.

Luego de conocerse la resolución oficial, los denunciantes originales hicieron otra presentación ante la CNDC para pedir una ampliación de la investigación y, en consecuencia, también de las medidas tomadas con respecto a la baja de cuotas. En el nuevo escrito se incluyó a Medicus, Hospital Italiano, la Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Hominis (Fundación Sanatorio Güemes), Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Accord Salud, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Asociación Mutual Sancor, Prevención Salud. “Asimismo -agrega la presentación firmada por Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Juan Del Gaiso- existen más entidades que se encuentran en el mercado, como el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (Cemic) y Avalian Salud, y otras que debe incorporar la Superintendencia de Servicios de Salud”. Esas prepagas podrían quedar en los próximos días también alcanzadas por restricciones para modificar sus cuotas.

Las entidades mencionadas en primer listado del párrafo anterior y también las siete que este mes debieron bajar los precios, fueron denunciadas ante la Justicia por la Superintendencia de Servicios de Salud, acusadas de supuesta cartelización. En esa denuncia, el organismo pide que se disponga una devolución del dinero que, en función de las nueva regla de no aumentar más que la inflación pasada, cobraron las prepagas en los primeros meses de este año.

Ese reintegro de montos es otra de las cuestiones sobre las cuales hay mucha confusión. Ninguna prepaga está obligada hoy por hoy a devolver plata ya pagada por los afiliados, ya que tal cosa no fue dispuesta por el Gobierno y, en todo caso, depende de si se dicta o no una orden judicial que lo establezca.