La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, lanzó este martes “Estado de país: Honduras 2022”, una serie de foros en los cuales se analizarán los principales y más apremiantes desafíos que enfrenta la sociedad hondureña.
En el primero de los ocho foros que tendrán lugar cada semana a partir de la fecha, la ASJ abordó la situación de las compras y contrataciones públicas, con base en estudios e investigaciones realizados durante la última década por la organización.
En el evento participaron como panelistas Carlos Pimentel, de la Dirección General de Contrataciones de República Dominicana; John Wingle, actual director de país de la Corporación Desafío del Milenio (MCC) para Belice y exdirector de país para Honduras y Guatemala.
Representantes del gobierno, cooperación y organismos internacionales, así como medios de comunicación, conocieron los resultados de la gestión de compras y contrataciones del Estado que desde 2010 se ha realizado en instituciones como la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Servicio de Administración de Rentas (SAR) e Instituto de la Propiedad (IP).
Entre las cifras presentadas destaca que, en 2021, Honduras invirtió aproximadamente 2.89% del Producto Interno Bruto (PIB) en compras y contrataciones públicas, lo que representó el 12% del presupuesto nacional, es decir, alrededor de L 19,467 millones. Se estima que de este monto se perdieron cerca de L 4,767 millones por corrupción.
De acuerdo a los estudios e investigaciones elaborados por la ASJ entre 2015 y 2019, las instituciones evaluadas alcanzaron un cumplimiento de 66% en las normativas nacionales y buenas prácticas, principalmente por falta de transparencia y eficiencia en las compras.
Entre los ejemplos de irregularidades detectadas figura la compra directa y sobrevalorada de siete hospitales móviles para la atención de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, para los cuales se destinaron L 1,186 millones (USD 47 millones), los cuales fueron pagados por adelantado, sin garantías, a ELMED Medical System, un proveedor sin experiencia acreditada. Las estructuras fueron adquiridas en marzo de 2020, pero se recibieron en junio, bajo una entrega tardía, con equipos defectuosos y usados. A 2021 solo dos de los siete hospitales se encontraban en funcionamiento.
Otro de los casos denunciados por ASJ y que provocó gran daño a las finanzas públicas fue el de la concesión del Corredor Turístico, que superó los USD 268 millones, pese a que el valor referencial fue de USD 98 millones. A causa de las inconsistencias e irregularidades en dicho contrato, el Estado hondureño se vio obligado a indemnizar al concesionario por incumplimiento. El monto de la indemnización no se ha hecho público.
Las falencias en los procesos de compras y contrataciones públicas identificadas por la ASJ incluyen: abuso en compras directas, licitaciones y concursos privados, insuficiente profesionalización de los compradores públicos para mejorar las capacidades y el cumplimiento, falta de voluntad, controles y auditorías. En ese sentido, la organización de sociedad civil efectuó diversas recomendaciones para mejorar los procesos.
