Según el Consejo General de Economistas de España (CGE), la competitividad española por Comunidades Autónomas ha aumentado durante el año 2017, pero a un ritmo menor. Es la principal conclusión del Informe de la Competitividad Regional en España 2018, presentado este martes en Madrid. El documento, elaborado por investigadores de la Universidad de Murcia y editado por el CGE, facilita la identificación de fortalezas, ventajas y deficiencias a nivel competitivo de las 17 autonomías.
Se han empleado 53 variables y siete ejes competitivos para medir y detectar las oportunidades que refuercen la productividad empresarial y el bienestar de los ciudadanos. Según ha defendido Patricio Rosas, coordinador del informe, la “pérdida de fuelle” o desaceleración competitiva se debe al desfavorable comportamiento de ejes como el entorno institucional, la innovación y la eficiencia empresarial.
Además el resultado que muestra el estudio es “coherente” con el “contexto general” de la economía nacional y europea, ha sumado el director técnico José Carlos Sánchez. Desde un punto de vista comparativo, la competitividad estructural ha aumentado en 2017 un 4,3%. Algo que, si bien es la tasa más baja desde 2013, supera el crecimiento medio desde 2008 (1,5%). Además, todas las autonomías superan los niveles pre-crisis de ese año.
Así se han obtenido de forma “objetiva e imparcial”, según Rosas, los valores del llamado Índice de la Competitividad Regional o ICREG. Según dicho índice las regiones con valores más altos son las que se encuentran en el denominado ‘triángulo competitivo’. Sus vértices son País Vasco, Cataluña y Comunidad de Madrid. Por contra, las regiones con un índice más bajo (pero que también han aumentado más), son Canarias, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.
“El objetivo no es hacer un ránking de Comunidades Autónomas para competir”, ha aclarado Valentín Pich, presidente del CGE. Lógicamente “cuanto más competitiva sea una región mejor nos viene a todos”, ha señalado, “por ejemplo en temas como las pensiones”. Ante todo, el fin último del informe es “fomentar un debate sobre la competitividad” y que cada zona (sociedad civil y administración) interiorice “qué se puede hacer”. Es decir, que cada región desarrolle su propia “agenda autonómica para la competitividad”, ha resumido.
“El resultado más interesante es el hecho de que aquellas comunidades que partían de niveles inferiores son precisamente las más dinámicas”, ha comentado Sánchez. Es decir, las de más arriba se aproximan a un “techo” de ciertas variables competitivas y van ‘frenando’ su avance, ha explicado. De igual forma, progresar hacia valores más altos es “más sencillo para aquellas que poseen peores cifras” de partida, ha detallado.
Esto es “positivo”, ha recalcado el director del informe. Por un lado para “avanzar en la deseable convergencia de las regiones” en términos competitivos, ha comentado. Y por otro para llevarnos a “un avance general en cuanto a la mejora del bienestar de los ciudadanos”, que en definitiva es “lo que persigue nuestra idea de competitividad”.
