La misiva de los tres relatores de Naciones Unidas, que son expertos independientes y no plantilla del organismo internacional, en la que se cuestionan las leyes de concordia de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana por posible vulneración de derechos humanos no tiene un carácter vinculante. Así lo reconocen fuentes internas de la ONU, que se afanan en aclarar que se trata, en todo caso, de “opiniones” y “recomendaciones” que no implican obligación alguna.
El informe, realizado a instancias del Ejecutivo español, aconseja que se adopten “todas las medidas necesarias” en relación a las llamadas ‘leyes de concordia’ que impulsan PP y Vox en distintas comunidades autónomas al entender que pueden obstaculizar el derecho a las víctimas a conocer la verdad y dar pábulo a teorías negacionistas.
Más información (Auto)
Los tres autores de la comunicación, el argentino Fabian Salvioli, el chileno Morris Tidball-Binz, y el bisauguineano Aua Baldé, señalan que estas normas “podrían afectar a la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”.
El documento, según las fuentes consultadas, no es emitido oficialmente por Naciones Unidas, sino por los relatores especiales, que no son miembros de la ONU y que trabajan de forma voluntaria, sin cobrar por ello.
Los relatores son profesionales independientes que promueven y protegen los derechos humanos en el mundo y que son nombrados por un período de seis años por el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.
En el centro de la polémica se sitúa la censura de los tres relatores a la Ley de Concordia cuya tramitación avanza en la Comunidad Valenciana por incluir un reconocimiento explícito a las víctimas del terrorismo islamista y etarra.
Más información (Auto)
Este pronunciamiento ha desatado una agria polémica en las últimas horas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló que para su partido “los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista”. “Mejor es leer los textos y no dar aprobadas leyes que todavía no se han aprobado”, añadió para desacreditar el posicionamiento de los relatores. Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, respaldó a los relatores por concluir que “las leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España” y que esta carta supone “una vergüenza para PP y Vox”.
Los relatores, en el foco
Los ojos están puestos hoy en los autores del informe. Fabián Salvioli, que figura en el documento como “relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, y ha destacado, a lo largo de su carrera, como defensor de las víctimas de las dictaduras. En España fue crítico con la Ley de Amnistía de 1977 y se ha mostrado siempre partidario de la Ley de Memoria Democrática promovida por Pedro Sánchez.
Morris Tidball-Binz, que figura como “relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, es especialista en medicina forense y acción humitaria. Sus trabajos han permitido arrojar luz sobre desapariciones forzadas. Es especialista en las desapariciones del terrorismo de Estado en Argentina.
Y Aua Baldé, que firma la carta como “presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias”, es profesora de la Universidad Católica de Portugal y ha trabajado en diversas misiones para la pacificación de países africanos. Crítica con la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela, Baldé ha denunciado el incremento de desapariciones forzadas en este país sudamericano desde 2003.
