ROSARIO. Después de que en una audiencia judicial en Rosario quedara expuesto que el plan para generar terror en la ciudad, a principios de marzo, fue ejecutado cuatro adolescentes que llevaron adelante cuatro asesinatos de trabajadores al azar, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, calificó a quien ordenó estos homicidios como “un psicópata”.
“El que manda a matar a un trabajador porque en vez de tener tres visitas íntimas por semana tenía una, o por comer lo que come el resto del penal, o por no tener llamados telefónicos, no es un preso que se quiere resocializar, es un psicópata”, afirmó el gobernador santafesino en diálogo con la radio Cadena 3.
A principios de marzo, según la investigación judicial, presos alojados en los penales de Piñero, a 25 kilómetros de Rosario, y en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, ordenaron matar a dos taxistas, un colectivero y un empleado de una estación de servicio, con el objetivo –de acuerdo a la exposición de los fiscales- de “generar conmoción” en la ciudad. Los ejecutores de los crímenes fueron menores de edad.
Un chico de 15 años está acusado de ser el autor material de dos crímenes y ser partícipe de un tercero. Las órdenes salieron de Alejandro Núñez, conocido en el mundo del hampa como Chucky Monedita, y el jefe narco Esteban Alvarado, y se las habrían dado a mujeres con las que mantuvieron visitas íntimas con estos reclusos.
Esta metodología, de usar menores de edad, plantea un nuevo escenario en el crimen organizado de Rosario. Hay varios interrogantes sobre este punto, pero lo que asoma con mayor claridad es que buscan la utilización para determinadas acciones de “soldaditos” fungibles, que solo sirven para un hecho y a los que pagan muy poco dinero. En la causa aparece que los organizadores de estos atentados abonaron 200.000 y 400.000 pesos a los adolescentes, que después de cobrar se fueron a uno de los shoppings de Rosario a comprarse zapatillas y comer una hamburguesa. No les alcanzó para mucho más.
En este contexto, Pullaro prometió maximizar los límites en las condiciones de detención de los presos de alto perfil. “Cuando uno se topa con la realidad ve que el academicismo no alcanza para resolver los problemas. La cárcel está para resocializar a quienes cometieron delitos, pero quien cometen delitos desde allí no tienen intención de resocializarse. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para juntar dinero o tener poder. Por eso las condiciones de detención para estos detenidos deben ser extremas, debe haber aislamiento pleno. Que no puedan hablar con nadie”, aseguró el gobernador santafesino.
Desde el 12 de diciembre pasado, en el penal de Piñero, en Santa Fe, se incrementaron los controles y las restricciones, luego de un reagrupamiento de los presos de alto perfil, aquellos que pertenecen a cuadros medios de las bandas criminales. Entre ellos se encontraba Chucky Monedita, que fastidiado por este nuevo esquema con mayor rigor, planeó los ataques para que el gobierno diera el brazo a torcer.
En el penal federal de Ezeiza ocurrió algo similar con Alvarado, quien además de planear los asesinatos, según información del gobierno, presentó un hábeas corpus a Corte Suprema de la Nación para que se modifiquen las condiciones de detención, que fue rechazado el 20 de marzo pasado.
Pullaro admitió que los días en que se produjeron estos asesinatos que paralizaron a esta ciudad fueron “los más duros” de su vida. “Un ataque con tanta crueldad de estos narcoterroristas no lo habíamos vivido nunca. Quisieron quebrar el cambio de la modalidad de detención que tuvieron los presos, que durante muchos años hicieron lo que quisieron”, apuntó.
“Desde las cárceles se ordenaban el 80 por ciento de las balaceras y extorsiones, y muchos homicidios. Cambiamos la ley y cambiaron las condiciones de detención. Y desde el día cero comenzaron las amenazas de los criminales, pero nunca pensamos que iban a llegar tan lejos, con ataques a la población civil”, advirtió el gobernador santafesino, quien agregó que nunca pensaron en retroceder y destacó el apoyo del Estado nacional.
“El Gobierno no dudó en mandar a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Tengo esto muy presente, lo sigo día a día y tengo mucha preocupación por lo que vivimos. Hay muchas políticas públicas a modificar para que esto no vuelva a suceder”, aseguró.
Luego de que la investigación avanzara y fueran detenidos los menores como supuestos autores materiales de los homicidios, se puso en debate y en agenda del gobierno la posibilidad de la baja de imputabilidad, que hoy está fijada en 16 años. “Con Bullrich tenemos una sintonía perfecta. Yo no le pongo un piso a la edad de imputabilidad. No creo que el chico de 15 años que salió a matar por plata no comprendía lo que estaba haciendo. Tenía muy claro que iba a matar a trabajadores. Al hablar de la edad nos ponemos en un lugar difícil de argumentar”.
