Unidas en un gran frente de protesta y a poco más de tres semanas de su último despliegue callejero, las organizaciones sociales volverán a movilizar mañana a la mañana en el centro porteño para darle continuidad a su plan de lucha contra el Gobierno.

Pese a que la medida fue tomada hace dos semanas todavía no se conocen los detalles: las organizaciones sociales no han dado ninguna precisión sobre cómo o dónde será esta nueva jornada de protesta que, en lo particular, tiene como eje principal al reclamo por alimentos para los comedores comunitarios.

Las incógnitas que rodean a la movilización –que promete trastocar el tránsito porteño por la mañana– obedecen, en parte, a algunas diferencias genuinas que existen en el seno de este gran frente de protesta.

Con el fin de amplificar y potenciar su reclamo, los movimientos tejieron en febrero una alianza táctica que agrupó a sectores identificados con el kirchnerismo, como Somos Barrios de Pie o el Movimiento Evita, con otras agrupaciones mucho más a la izquierda en el dial político, como el Polo Obrero. Hay diferencias en las “formas” y en los “modos”.

Con todo, y más allá de las diferencias ideológicas, existen cuestiones prácticas detrás de la falta de precisiones.

Es que a diferencia de la última movilización, en la cual las organizaciones optaron por bloquear algunos de los accesos a la Capital Federal, en esta oportunidad el escenario de protesta será en suelo porteño donde suele regir un estricto acatamiento del protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Vamos a garantizar que convivan ambos derechos y no se corte la circulación”, advierten fuentes de la Ciudad.

Así, las organizaciones sociales, que continúan afinando la protesta y este miércoles tendrán una última reunión antes de salir a la calle, guardarán hasta último momento los detalles de la movilización para no facilitarle la tarea al Ministerio de Seguridad porteño que conduce Waldo Wolff. “Es el factor sorpresa”, apuntaron en una organización.

Pese a ello, el perímetro señalado por un importante dirigente social tiene como referencias claves a la 9 de julio, Plaza de Mayo y la Diagonal Norte y Sur.

El primer trascendido indicaba que el exMinisterio de Desarrollo Social, ubicado en la intersección de Moreno y la 9 de Julio, sería el epicentro de la protesta, pero con el correr de las horas, algunos dirigentes sociales aseguraron que el lugar todavía no estaba definido. “Estamos viendo dónde golpear”, señaló un de ellos.

La sede que el Ministerio de Capital Humano tiene en el barrio de retiro, que supo ser uno de los focos de protestas en el pasado, y donde la titular de la cartera, Sandra Pettovello, protagonizó un cruce con militantes de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) no fue descartado por ninguno de los dirigentes sociales consultados por este medio.

Además de este componente callejero, distintos referentes sociales alegan que la falta de definición responde a diferentes “puntos de vista” y “posicionamientos” en torno a la protesta. “Somos muchas organizaciones. Estamos discutiendo y no está todo resuelto. No sabemos si será una movilización o una concentración”, ejemplificó un dirigente nacional.

Motivos

Las organizaciones sociales insistirán mañana con el prolongado reclamo por mercadería para los comedores comunitarios que desde poco antes del arribo del nuevo Gobierno dejaron de recibir alimentos secos por parte de Nación.

Los referentes sociales aseguran que muchos de estos comedores cerraron y que aquellos que continúan ofreciendo una comida se ven saturados por una demanda que desde enero crece sin descansos.

A su vez, los movimientos manifestarán su descontento con el desmantelamiento del exPotenciar Trabajo, un programa que supo tener cerca de 1.300.000 beneficiarios y que hoy dividido entre la secretaría de Trabajo y la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

La primera porción, la más significativa, fue reconvertida en un programa de empalme con el empleo (Volver al Trabajo) y el otro segmento quedó bajo la órbita de Pablo de la Torre en Niñez como un programa que garantiza la asistencia alimentaria a un universo de alrededor de 200 mil beneficiarios.

El malestar de las organizaciones, sin embargo, pasa por una serie de bajas en el programa que entienden injustificadas. Por ello, hace dos semanas, las organizaciones presentaron un amparo colectivo.

“Unos 45.000 trabajadores [por los beneficiarios] fueron cesanteados de su pago por haber realizado viajes a países limítrofes por cuestiones personales, enfermedades de familiares, fallecimientos, trámites, etc. En ninguno de los casos se pudo corroborar un cambio en la situación social de las familias suspendidas”, apuntaron las organizaciones en un comunicado que hicieron circular en paralelo al movimiento judicial, en donde la cifra indicada, en lugar de 45 fue de 23 mil.

“Peticionamos que, de modo cautelar, se ordene el inmediato pago del salario a todos los titulares afectados”, decía el texto presentado en la Justicia.