Federico Pinedo, cuando en 1962 accedió por tercera vez al Ministerio de Economía de la Nación, creó un derecho de importación adicional y aumentó la alícuota del impuesto a las ventas. Todo lo cual desconcertó a sus amigos y admiradores. “El Estado necesitaba plata urgente, porque el pago de los salarios públicos tenía un atraso de dos meses”, contestó. Así, enfatizó una obviedad: que en la política económica práctica las circunstancias mandan. Si hubiera continuado como ministro, con el tiempo habría revertido la medida. A la dupla Milei-Caputo parece estarle ocurriendo lo mismo; eliminarán impuestos o reducirán alícuotas en cuanto puedan poner en caja el gasto público, sin abandonar el equilibrio fiscal. ¿Por dónde debería comenzar el alivio impositivo?
Al respecto conversé con el inglés John Stanton Flemming (1941-2003), quien estudió en el Trinity College de Oxford. Enseñó en el Oriel College y en el Nuffield College, ambos de Oxford. “Sospecho que en Nuffield batió el récord de juventud cuando fue nombrado, simultáneamente con su colega y amigo íntimo, el americano Martin Stuart Feldstein. Cuando comenzó a enseñar era menor que muchos de sus estudiantes graduados”, afirmó John F. Helliwell. Editó el Economic Journal, tarea que entre 1911 y poco antes de fallecer tuvo a su cargo John Maynard Keynes.
–En el obituario anónimo que publicó la Royal Economic Society se lee que usted será recordado principalmente por los servicios generales que le prestó a la profesión y a la vida pública de su país.
–Probablemente se refiera al hecho de que fui jefe de asesores del Banco de Inglaterra, entre 1980 y 1984; asesor del presidente entre 1984 y 1987; director del banco entre 1988 y 1991, y primer economista jefe del entonces recientemente creado Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo entre 1991 y 1993. Con respecto a esta conversación, interesa saber que en 1974 publiqué Por qué necesitamos un impuesto a la riqueza, en colaboración con Ian Malcom David Little, y en 1978, La estructura y reforma de los impuestos directos, con James Edward Meade y otros.
–Cuando llegue el momento, ¿qué impuestos debería eliminar el Estado en primer lugar?
–Los manuales de finanzas públicas son contundentes al respecto: hay que eliminar los impuestos distorsivos, y recaudar sobre la base de los otros.
–¿Qué son impuestos distorsivos?
–Aquellos que por su base imponible alteran las decisiones de los integrantes del sector privado. Ejemplo: prefiero entretenerme yendo al cine que al teatro, pero si gravan con un fuerte impuesto la concurrencia al cine y no al teatro, para eludir el impuesto optaré por la alternativa que me divierte menos.
–Este impacto, ¿solo ocurre en el consumo?
–De ninguna manera. Las retenciones a las exportaciones disminuyen el nivel de producción de productos exportables; las cargas laborales reducen la ocupación; el impuesto a los débitos y créditos bancarios induce el uso de dinero en efectivo, etcétera.
–¿Existe algún impuesto no distorsivo?
–El denominado “impuesto a la cabeza”, que en realidad debería denominarse impuesto a la mera existencia o, si se prefiere, a la residencia en el país que lo cobra. La clave es que el monto a abonar tiene que ser independiente de todo: del esfuerzo, la asunción de riesgos, la propiedad de los bienes, etcétera. Por consiguiente, dicho monto es igual para todas las personas. En 1990 la introducción del referido impuesto le costó el puesto a Margaret Thatcher.
–¿Debe la cuantía de la distorsión de cada impuesto ser una guía para pronosticar cuáles serán eliminados primero?
–Difícil saber, porque en la práctica la distorsión no es el único elemento que las autoridades tienen en cuenta.
–¿Cuál otro?
–La facilidad con la cual se recaudan los diferentes gravámenes. Claro que el impuesto a los débitos y créditos bancarios es distorsivo, pero, ¿sabe lo atractivo que resulta para el secretario de Hacienda de un país que la recaudación solo dependa de un “clik” en los registros contables del sistema financiero? El enfoque de la distorsión recomienda reemplazar las retenciones a las exportaciones por un impuesto a la tierra o, si se prefiere, un impuesto inmobiliario rural, aplicable a la tierra libre de mejoras. Pero el funcionario que tiene que adoptar esta decisión probablemente no duerma de noche.
–¿Qué significa de “libre de mejoras”?
–Como le digo, la idea es no afectar las decisiones. Si el impuesto se aplicara a los resultados, el productor agropecuario tendría menos incentivos a aumentar su producción, comprando maquinaria y fertilizantes. El concepto es general. Si los lindos ganan más que los feos, corresponde aplicar un impuesto a la belleza, pero libre de mejoras (gimnasio, dieta, etcétera); si los inteligentes ganan más que los burros, también libre de mejoras (mayor estudio, mayor empeño en las tareas, etcétera).
–En ausencia de criterios objetivos indiscutibles cabe esperar que la reducción de la presión impositiva resulte de múltiples e intensas presiones.
–De todo tipo, por parte de los gobernadores, sectores, regiones, etcétera. Porque, como luego de la reducción del gasto público cada uno de los contribuyentes piensa que el resto de las erogaciones se seguirá manteniendo, hace todo lo posible para que lo paguen los otros. Esgrimiendo argumentos conmovedores, porque no queda bien pretender que a uno le eliminen un impuesto que lo afecta en el nombre de que “no tiene ganas de pagarlo”.
–Estado implica tres jurisdicciones: nación, provincias y municipalidades. ¿Puede una reducción de la presión impositiva a nivel nacional coexistir con aumento de la presión impositiva provincial o municipal?
–Puede. Es más, uno debería esperar que un gobernador o un intendente, en la medida en que reciba menos recursos por coparticipación federal intente compensar la pérdida aumentando los impuestos locales.
–Sí, pero se encontrará con la ira del Presidente de la Nación.
–La cuestión no es una de ira, sino de cómo se instrumentan las negociaciones. La historia de los pactos fiscales, entre el Estado nacional y las provincias, muestran la dificultad de llevar a la práctica lo que se había comprometido.
–Esta es una cuestión importante, pero probablemente no inminente.
–Dependerá del presente y el futuro de las cuentas públicas del Estado nacional. El presidente Milei prometió bajar impuestos y no se debe haber olvidado, pero la política económica siempre se basa en prioridades. A la luz de la herencia recibida, y de los riesgos que se corrían el 10 de diciembre de 2023, privilegió el equilibrio fiscal, sintetizado en el slogan “no hay plata”. Ya llegará el momento en el cual se podrán eliminar gravámenes, o reducir las alícuotas, como en el caso del IVA.
–Don John, muchas gracias.
