Es preocupante la indiferencia hacia la amenaza que se cierne sobre nuestro país por parte del terrorismo propagado y financiando desde la República Islámica de Irán, teniendo en cuenta las agresiones que sufrió la Argentina con su secuela de muertos, heridos y destrucción de bienes atravesada por atentados planeados y ejecutados por sicarios y funcionarios de aquel país.
El 17 de marzo de 1992 tuvo lugar el primer ataque con bombas que destruyeron la embajada de Israel y dañaron edificaciones cercanas, ocasionando numerosas víctimas, tanto entre su personal como entre vecinos que circulaban por la calle Arroyo. Fue la primera vez que una sede diplomática fue atacada en la Argentina. Dos años después, otro ataque terrorista volvió a sacudir al país con la voladura de la sede de una tradicional institución de la comunidad judía como la AMIA.
Está probado que la autoría de estos atentados ha sido responsabilidad de Hezbollah, organización islámica chiita del Líbano y uno de los instrumentos de Irán para promover el terrorismo, el antisemitismo en el mundo y los ataques a Israel, Estado al que pretende borrar del mapa. Para eso financia una amplia red de agentes tanto locales como provenientes de Medio Oriente.
En varias ocasiones, responsables de los atentados ocurridos en Buenos Aires han visitado Bolivia con total impunidad, a pesar de la orden de captura que rige para ellos
La penetración de Irán en nuestro país y en la región se inicia años antes del atentado a la embajada de Israel. En nuestro país se remonta a 1983, poco después de la revolución que convirtió al antiguo imperio persa en un Estado teocrático fundamentalista, con la llegada de Mohsen Rabbani, quien lideró la mezquita Al-Tauhid en Buenos Aires. Poco tiempo después, el gobierno de los ayatollahs lo designaría agregado cultural en la embajada iraní en nuestro país, y utilizaría esa dependencia como centro de reclutamiento de agentes al servicio de los planes siniestros de su gobierno formando una central de inteligencia paralela manejada desde la embajada y reportando a Teherán.
Todos estos lazos y redes formaron parte de la investigación del fiscal Alberto Nisman, asesinado precisamente cuando hacía públicas estas relaciones y las presuntas complicidades del gobierno de Cristina Kirchner con la impunidad para los autores de los atentados de 1992 y 1994 a través de la firma del memorándum con Irán.
Irán ha encontrado en la narcodictadura chavista una base para sus propósitos en la región. Sus vínculos son estrechos y se fortalecieron aún más desde la elección de Mahmud Ahmadinejad como presidente, en 2005, y se propagaron a varios países, incluida la Argentina. La usina de propaganda tiene su base en la Universidad de Al-Mustafá de Qom, conocida por sus deseos de exportar los postulados revolucionarios islámicos, y ha hallado en personajes como Luis D’Elía y Fernando Esteche a habituales propagandistas.
La ignorancia, la indiferencia y/o la burda complicidad han imperado en el Estado nacional. Esta falta de preparación es aprovechada por Irán para ampliar su influencia en una región donde pululan el crimen organizado y la corrupción
En la Argentina parecen no ser tenidos en cuenta los sucesos de Bolivia, con fuertes lazos con la teocracia iraní. Hace poco tiempo ambos países han firmado un acuerdo de defensa, otra señal de alarma que parece no haber sido recibida por las autoridades argentinas. Además, en varias ocasiones, responsables de los atentados ocurridos en Buenos Aires han visitado Bolivia con total impunidad, a pesar de la orden de captura internacional que rige sobre ellos.
El episodio del controvertido avión de Embrasur Cargo que aterrizó en Ezeiza el 22 de junio de 2022 proveniente de Ciudad del Este, en la Triple Frontera, un conocido centro criminal y refugio de terroristas como el clan Barakat, demostró la persistencia de redes, donde se mezclan el crimen organizado y el terrorismo con incursiones geopolíticas que nada tienen que ver con la tradición argentina, su posición y ubicación en el mundo y sus intereses permanentes.
Parecería que la ignorancia, la indiferencia y/o la burda complicidad ante estos peligros han imperado en el Estado nacional. Esta falta de preparación es aprovechada por Irán para ampliar su influencia en una región donde el crimen organizado y la corrupción pululan y corroen a los Estados por dentro, mostrando su ineptitud para asegurar su primera obligación, que es brindar seguridad a la sociedad.
Llama la atención la inacción de la Justicia en estos temas que hacen a las funciones primarias del Estado. Es de esperar que se tomen desde el Gobierno las medidas para asegurar la paz interior y evitar la intromisión de potencias extrañas en nuestro territorio. También se requieren acciones diplomáticas ante problemas como los que representa la Triple Frontera y la amenaza a la seguridad nacional de los acuerdos en materia de defensa entre Irán y Bolivia. Claramente, estos comprometen la seguridad regional al involucrar a una potencia de posición abiertamente contraria a los valores de nuestra civilización, basada en los derechos y libertades personales, al tiempo que promueve el terrorismo y la destrucción de Estados formalmente constituidos, y acelera con fines inconfesables la producción de uranio para la fabricación de armas nucleares.
