CÓRDOBA.- Aunque el ministro del Interior, Guillermo Francos, se muestra optimista por el diálogo con los gobernadores, la profundización del ajuste sobre los fondos que la Nación gira a las provincias va limando el vínculo que parecía reencaminarse después del encuentro de comienzos de marzo. A ninguno de los 13 mandatarios que dejaron de recibir en enero los fondos para las cajas jubilatorias no transferidas les cierra la explicación de que los recursos están, pero fueron distribuidos a través de otras partidas provinciales, como dijo Francos.
Son los mandatarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego que desde 1994 sostienen sus cajas de jubilaciones haciendo uso de la facultad constitucional de tener regímenes propios para los estatales provinciales.
“No es que se eliminaron las partidas para las transferencias a las cajas de jubilaciones no transferidas, las partidas están, se reasignaron. El dinero va a ir en otras partidas, eso no se ha tocado. Lo único que está en discusión son los montos”, dijo Francos el sábado, luego de que se conociera el recorte. “Lo que el Estado tiene que pagar y lo que las provincias reclaman a veces difiere, entonces se están realizando auditorías para los verdaderos montos a transferir”, completó.
La intención de los gobernadores de demandar a la Nación ante la Corte Suprema por esos fondos retenidos sigue en pie, aun sabiendo que un fallo definitivo puede demorar años. Hay antecedentes de otros gobiernos nacionales que cortaron financiamiento y después debieron pagarlo la cuenta los presidentes que vinieron después. Los mandatarios provinciales están convencidos de que las auditorías –que mencionó Francos como explicación de la suspensión de los pagos– pueden seguir mientras se les hacen los “anticipos” a las provincias.
Los tironeos por este financiamiento han atravesado a todos los gobiernos desde que, durante la gestión de Carlos Menem, se creó el sistema de AFJPs y se comenzó a retener el 15% de la masa coparticipable a las provincias para financiar a la Anses. Como el kirchnerismo sostuvo ese recorte aun cuando dejaron de existir las administradoras, un fallo de noviembre de 2015 de la Corte Suprema de Justicia ordenó no sólo a suspender de inmediato el descuento, sino devolver las sumas retenidas desde el 1 de enero de 2006 a Santa Fe, San Luis y Córdoba, más los intereses.
Fue la gestión de Mauricio Macri la que, a poco de asumir, debió hacerse cargo de esa devolución, que se extendió a todas las provincias, incluidas las gobernadas por mandatarios kirchneristas que nunca le reclamaron esa devolución a Cristina Kirchner. En mayo de 2016, Macri acordó con los gobernadores el reintegro escalonado y progresivo de ese 15% hasta completarlo en 2020.
Hace casi 31 años, en agosto de 1993, en el Pacto Fiscal II, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo abrió una etapa que se extendió hasta 1996 para que las provincias pasaran sus cajas de jubilaciones a la Nación. Lo hicieron once distritos, la mayoría deficitarios.
A fines de 1999, en la transición de Menem a Fernando de la Rúa, se firmó un nuevo compromiso fiscal que incluyó el financiamiento gradual” del rojo previsional de las cajas no transferidas. La condición era que se las “armonizara” con el sistema nacional: esto es, que se equipararan los montos de los haberes previsionales y las condiciones para jubilarse, entre otros puntos.
Si bien en la mayoría de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas no hubo reformas previsionales importantes, la Nación realizó los giros de manera periódica hasta que, cuando llegó a la Presidencia Cristina Kirchner, ese financiamiento se manejó de manera de manera discrecional y se fueron profundizando las tensiones.
Con Macri se terminó acordando que la Anses financiaría a todas las cajas solo el monto equivalente al déficit que tendrían si el sistema hubiera pasado a manos nacionales. Quedó abolida la exigencia de “armonización”.
El esquema se mantuvo durante la administración de Alberto Fernández y en el presupuesto 2023 –que es el vigente ya que fue prorrogado por la actual gestión– se fijó que cada anticipo mensual que gire la Anses “incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria”. Nunca se cumplió, por lo que las provincias reclaman esa deuda acumulada.
Desde que asumió Milei, no se transfirió ni un peso a estas cajas provinciales, ni siquiera lo que se venía pagando en 2023 que, por la misma ley, son giros “a cuenta”. Es decir, en las provincias entienden que se deben mantener hasta tanto se hagan las auditorías.
Más allá de las declaraciones de Francos acerca de que el dinero está pero que se están auditando los números, el DNU 280/2024 publicado el 27 de marzo en el Boletín Oficial deja sin efecto los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701, que es la del presupuesto 2023. Al eliminarse estos artículos, la Anses ya no está obligada a hacer las transferencias
El artículo 92 indica que la Anses “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas”. Añade que cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria.
En el 93 se establece que, “una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago”.
