El fiscal federal Carlos Rívolo elevó a juicio oral y público la causa en que se investiga al exministro Julio De Vido por contratar con supuestos sobreprecios del 56 % la remodelación de edificios de la Universidad de San Martín y la compra millonaria de costosos equipos electrónicos para la creación de la TV Digital Abierta en 2011.
La elevación a juicio se dio 24 horas después de que la Cámara Federal procesara al exministro de Planificación Federal por fraude al Estado en la contratación para la Universidad de San Martín (Unsam) de obras, laboratorios y producción audiovisual destinadas en 2011 a la creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (Satvd-t) por más de 300 millones de pesos.
El sistema de TV digital terrestre (TDA) fue una iniciativa del kirchnerismo cuando estaba en guerra contra el Grupo Clarín para tener un mecanismo gratuito de transmisión de señales mediante una antena, sin decodificador.
Serán juzgados también el exsecretario del Conejo Asesor creado al efecto, Luis Alberto Vitullo; el exrector de Unsam Carlos Rafael Ruta; el arquitecto Raúl Eugenio Pieroni, director de obra por la Unsam, Carlos Maximiliano Schwerdtfeger, exsecretario general de la universidad; Horacio Hernán Pérez, Martín Diego Ramírez, de la firma Urban Baires, que hizo la obra civil, y Domingo Alfredo Simonetta, de la empresa Sistemas de Video Comunicación.
La causa se inició por la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, ya fallecido.
El fiscal Rívolo determinó que deben ser juzgados acusados de maniobras fraudulentas detectadas en el convenio de cooperación para la implementación del Laboratorio de Investigaciones y desarrollo de Tecnologías y Contenidos audiovisuales digitales (CIARDI) suscripto por el ministerio y a UNSAM que estaba a cargo de Carlos Ruta.
Se pactaron dos centros de formación que se desarrollarían en dos edificios pertenecientes a la universidad ubicados en Sánchez de Bustamante 59/63/75/77/81/89/95/99 y Bartolomé Mitre 3366 ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la intervención del INVAP y la compra de equipo tecnológico.
“De los peritajes efectuados a lo largo de la investigación (de tasación y contables) se verificaron precios superiores con relación al valor de mercado, además se constató que se certificaron rubros en su totalidad (100 % ejecutados) que no habían sido realizados”, dijo el fiscal. El valor total de lo aprobado y contratado fue $ 330.369.253,06, mientras que su valor de mercado era $ 211.457.163,19, lo cual determina que la diferencia total en demasía o sobreprecio fue de $118.912.089,87 o sea, un 56,23%.
El monto de los honorarios correspondientes a la universidad por la implementación y desarrollo de los proyectos debería alcanzar como límite máximo el 10 % de lo ejecutado, $5.400.000, que fueron pagados, sin que se sepa en qué consistían esos gastos administrativos.
El fiscal Rívolo dijo que los acusados deben ser juzgados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de coautores en los casos de De Vido, Ruta, Vitullo, Pieroni y Scherdtteger, y como partícipes necesarios Simonetta, Pérez y Ramírez.
“Hay elementos que concretamente apuntan a la existencia de millonarios sobreprecios en las obras contratadas por la UNSAM con dinero del ministerio de planificación, en el pago de prestaciones que no se cumplieron y en diversas irregularidades que rodearon los actos cumplidos”, dijo el fiscal.
Julio De Vido, como ministro, era la máxima autoridad en el proyecto de Televisión Digital Terrestre, su área la implementación, autorizó no sólo el convenio de Cooperación para el laboratorio de investigación y desarrollo de tecnologías y contenido audiovisuales, sino que además autorizó cada una de sus adendas a través de las cuales se incrementó exponencialmente el presupuesto establecido originalmente.
