El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está combatiendo contra el fraude fiscal en esta legislatura. Bajo la dirección de Elma Saiz, el organismo intenta acabar con esta práctica que perjudica a los ciudadanos. Para conseguirlo, durante el último Consejo de Ministros del Gobierno de España se ha aprobado un nuevo convenio de la Seguridad Social.
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El mismo tendrá una dotación presupuestaria de dos millones de euros y estará vigente hasta 2028. El convenio se llevará a cabo entre la Dirección General de la Policía y la Tesorería General de la Seguridad Social, recogiendo las infracciones o delitos que puedan cometer los beneficiarios de pensiones y ayudas de Seguridad Social.
La previsión del gasto de este convenio es la siguiente: 40.000 euros en 2024, 500.000 euros en 2025, 2026 y 2027: y 460.000 en 2028. Estas funciones se ampliarán a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, al INSS y al Instituto Social de la Marina.
Apuntan que, «el objetivo es lograr un efectivo enjuiciamiento de los hechos en defensa de los intereses de la Seguridad Social, tanto para controlar el gasto en prestaciones, como en la depuración de las responsabilidades civiles y penales».
