La Cámara Federal porteña rechazó varios planteos para decretar la nulidad completa de la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y cuestionó al primer juez que tuvo el caso, Federico Villena, de Lomas de Zamora.

El cuestionado Villena, fue apartado del expediente que, finalmente, recaló en los tribunales de Comodoro Py 2002.

Las nulidades totales habían sido pedidas, en distintas instancias, por las defensas de los exagentes de inteligencia Facundo Melo, Leandro Araque, Jorge Sáez y Alan Ruiz y la ex vicedirectora de la AFI, Silvia Majdalani.

Las defensas de los imputados plantearon “la solicitud de nulidad de toda la causa por el supuesto origen ilegal que habría tenido, desde la declaración prestada por Sergio Cristian Rodríguez”, alias “Verdura”, el acusado por narcotráfico que disparó la investigación del juez Villena.

Además, reclamaron “la invalidez del trámite posterior, que habría sido ejercido sin excitación extraña -por carecerse de impulso fiscal- y manteniéndose irregularmente el caso bajo la órbita del juzgado que primigeniamente intervino”.

Las defensas entendían que Villena se quedó con un expediente que no le correspondía y que, además, no había existido pedido del fiscal para que se impulsara la pesquisa.

Finalmente, los imputados objetaron “por sus condiciones de producción y su fundamentación aparente de los allanamientos ordenados, los secuestros practicados en consecuencia, la deficiente cadena de custodia de los objetos y los peritajes realizados sobre varios de ellos”.

Los camaristas, votando divididos en cada uno de los puntos, rechazaron esos tres planteos.

Los camaristas Eduardo Farah y Mariano Llorens rechazaron la nulidad completa de la causa, en tanto que el tercer integrante del tribunal, Pablo Bertuzzi, se había inclinado por anular el caso desde el inicio.

El tribunal, no obstante, confirmó la nulidad parcial del expediente en lo referido al capítulo del supuesto espionaje ilegal en las cárceles durante el mismo período.

El antecedente

A finales del año pasado el juez Marcelo Martínez de Giorgi anuló parcialmente ese legado del expediente vinculado con el espionaje en las cárceles y sobreseyó a todos los imputados ex miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El juez Llorens, en particular, escribió que “el emisor” de las órdenes en la causa es “quien deba dar las explicaciones correspondientes: el juez Federico Villena”. Y remarcó el vínculo de los agentes de la AFI, “este grupo delictivo” tuvo “con el juez Villena”, que deben ser investigados.

Y destacó que debe ahora investigarse “la posible actuación ilegítima que el juez actuante en esas actuaciones, Federico Villena, ha desplegado y como ello ha desvirtuado la investigación direccionándola falseando la realidad”. Y pidió ahondar en la conducta del magistrado.