La invasión rusa a Ucrania ha estado plagada de atrocidades y se ha convertido en sinónimo de inimaginable sufrimiento y destrucción, con decenas de miles de muertos, millones de refugiados y desplazados internos y ciudades bombardeadas y destruidas.
La deportación forzosa de niños llevada a cabo por Rusia dio lugar a que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin y contra su comisionada para los Derechos del Niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Desde Ucrania se ha denunciado que los rusos utilizan diversas estratagemas para deportar niños, a quienes les hacen un lavado de cerebro, los amenazan y presionan psicológicamente diciéndoles que sus padres los abandonaron y que van a crecer en Rusia.
Un estudio de la Universidad de Yale determinó que más de 2400 niños ucranianos de entre 6 y 17 años fueron llevados a Bielorrusia desde cuatro regiones ucranianas que han sido parcialmente ocupadas por Rusia.
Putin sostiene que el sistema de deportación forma parte de una misión de rescate. Asegura que trasladó a estos niños para protegerlos de los combates y que está dispuesto a entregarlos de vuelta a sus familiares en Ucrania si se lo piden. Pese a las promesas del Kremlin, Nicole Chulick, funcionaria del Departamento de Estado norteamericano, denunció que las autoridades rusas han creado numerosos obstáculos para el retorno de esos niños.
La comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que investiga las violaciones de los derechos humanos en Ucrania desde el inicio de la invasión presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos en el que consignó el uso generalizado y sistemático de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Al respecto, la Relatora Especial de la ONU sobre la Tortura, Alice Jill Edwards, concluyó que las Fuerzas Armadas rusas y grupos asociados utilizan sistemáticamente la tortura en las zonas ocupadas de Ucrania, lo que indica que es una política absolutamente deliberada del gobierno de Putin. Finalmente, agregó que fiscales ucranianos le reportaron alrededor de 103.000 casos abiertos relacionados con crímenes de guerra y contra la humanidad.
Si bien el gobierno ruso niega haber cometido atrocidades o haber atacado a civiles, zonas residenciales, edificios de instituciones médicas, educativas y religiosas, cuando tuvo la oportunidad de responder a las acusaciones en la audiencia del Consejo, ningún representante ruso se presentó para defender la posición.
No caben dudas de que las flagrantes violaciones rusas de la integridad territorial de Ucrania y de los principios más básicos del derecho internacional constituyen crímenes de guerra.
La comunidad internacional debe seguir ejerciendo la presión para que las atrocidades de Putin cesen y no queden impunes.
