Juliana Di Tullio, senadora nacional de Unión por la Patria (UxP), denunció este martes que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le realiza espionaje ilegal. Así lo afirmó en una publicación que hizo en su cuenta de X en la que, además, criticó que el Gobierno utilice recursos para pincharle el teléfono en vez de “pagar los remedios a los pacientes graves”.
“Hola Agencia AFI, ojalá que pincharme el teléfono les sirva para algo más que escuchar mis puteadas al gobierno. Amén de mis conversaciones personales, claro. Hace añares que tengo el mismo número y me niego a entregarles mi vida”, expresó Di Tullio en X.
La legisladora apuntó contra el titular de la AFI, Silvestre Sívori, “un exfuncionario del macrismo y persona de confianza del jefe de Gabinete de Ministros Nicolás Posse, cuyo pliego aún queda pendiente de ingreso en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación”, según puntualizó.
“Sívori no se contactó conmigo ni se puso a disposición. Es muy grave que un funcionario público en vez de querer mejorar los sistemas de control, investigar y conocer la verdad, amenace a la víctima”, dijo Di Tullio en relación a versiones que aseguran que podría ser denunciada porque su denuncia no es cierta.
La senadora, quien ganó su banca en las pasadas elecciones en la boleta por la provincia de Buenos Aires que encabezó Eduardo “Wado” De Pedro por el entonces oficialismo, sostuvo que “las actividades de inteligencia interna se encuentran expresamente vedadas por los incisos 2 y 3 del artículo 4 de la Ley 25.520″.
La norma “expresamente prohíben al Estado y sus Organismos la posibilidad de obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
También, según recordó Di Tullio, la ley también establece la prohibición de espiar para “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”.
Quiénes tallan en el complejo rearmado de la central de inteligencia
La exjefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria durante el tramo final del gobierno de Cristina Kirchner afirmó que “continuará el camino habitual de tratamiento de este tipo de casos ya que “toda pinchadura de teléfono es ilegal”. Además, dijo que por su participación en años anteriores de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia debe guardar secreto.
La legisladora, entonces, “solicitará autorización expresa al Poder Ejecutivo Nacional para ser relevada de dicha obligación y, de ese modo, poder radicar la denuncia judicial en la que se dé cuenta detallada de la maniobra en cuestión y el modo en que tomó conocimiento de ésta”, según dijo en un comunicado.
Di Tullio, por último, recordó que la AFI cuenta con $651.050.000 para gastos reservados.
