BOGOTÁ.– Envalentonado por el teatro electoral de su gran aliado Vladimir Putin, el régimen chavista emprendió un operativo policial para descabezar el partido político y el comando electoral de la líder opositora María Corina Machado. Agentes revolucionarios detuvieron en Caracas a dos de sus colaboradores más cercanos y cursó una orden de búsqueda y captura contra siete dirigentes más, con la intención de encarcelarlos, como ya había hecho previamente con cinco coordinadores regionales de la campaña.

La embestida no está elegida al azar: este jueves empieza el proceso de inscripción para ser candidato a los comicios presidenciales del 28 de julio. Una de las ideas del comando de campaña de Machado era que la candidata ganadora de las elecciones primarias democráticas del año pasado acudiera a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para anotarse. Tras la purga del fin de semana, de la treintena de partidos políticos que pueden presentar candidatos solo dos forman parte de la Plataforma Unitaria de la oposición.

“Hoy pasará a la historia como el día de la infamia, cuando el régimen desplegó toda su maldad. Pero se equivocan. Vamos a liberarlos a todos y vamos a liberar este país”, se pronunció horas después Machado, con firmeza, pero afectada por el ataque. “Son venezolanos ejemplares, gente a la que respeto y admiro por su entrega cada día. Pero si creen que me van a aislar y dejar sola, ténganlo claro: nuestro equipo es Venezuela”, dijo.

La operación chavista no solo pretende aislar a la candidata, sino también disminuir su autoridad a la hora de pactar cuál será el candidato de la oposición en las elecciones. La rendija para que se imponga un candidato aceptado por los votantes de la oposición democrática es cada vez más estrecha. En cambio, entre colaboradores, aliados y cercanos al régimen se avizora al menos una docena de candidatos.

“Una vez más el régimen muestra que su única arma electoral es atacar con más represión”, reaccionó Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“¡Auxilio, auxilio por favor!”, gritó de forma desesperada la exdiputada opositora Dignora Hernández, lo que no impidió su detención por la fuerza. La misma suerte corrió Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela, el partido liberal conservador que lidera Machado.

Alviarez fue de los primeros colaboradores de Machado perseguidos por la policía el año pasado tras la victoria en las primarias opositores. El coordinador se refugió durante días en una embajada europea, pero gracias a las negociaciones que mantiene el Palacio de Miraflores con Washington pudo reincorporarse a su trabajo político. Hasta ayer.

Hernández también ejerce como secretaria política del comando de campaña de quien encabeza todas las encuestas de cara a las elecciones del 28 de julio: Machado, con el 65% de apoyo, supera a Maduro, con cerca del 15% de la proyección de voto.

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la temida policía política de Maduro, se desplegaron en torno a la sede principal de Vente Venezuela, en el este de Caracas, minutos después de que la candidata anunciara que daría una declaración al país.

La amenaza contra Machado va mucho más allá, en un claro intento de descabezar su plataforma política. En la lista de dirigentes perseguidos, proporcionada por el fiscal chavista, Tarek William Saab, también están Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela, y Claudio Macero, al frente de la comunicación del partido. Ambos compartieron con Alviarez los días de clandestinidad. También están señalados Magalli Meda, jefa de campaña y mujer de total confianza de Machado; el exministro Fernando Martínez Mottola; el exdiputado Omar González; el experto electoral Humberto Villalobos, uno de los más prestigiosos del país, y Oswaldo Bracho.

Saab justificó las detenciones en la supuesta confesión de Emill Brandt, uno de los cinco coordinadores regionales de Vente Venezuela detenidos con anterioridad. En su declaración, el dirigente de Barinas incluyó a Alviarez; a Julio Borges, líder de la centrista Primero Justicia, y al exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, ambos exiliados en España, en un supuesto plan de violencia callejera. El nuevo complot conspirativo consistiría en la entrada de militares venezolanos por la frontera con Colombia, muy parecido a otros ya denunciados por el gobierno.

“Cómo habrá sido el trato para obligar a Emill a decir esas cosas”, se lamentó Machado, que renovó su confianza en el dirigente detenido.

Avance represivo

Entre las denuncias que figuran ante la Corte Penal Internacional (CPI) están incluidas las torturas para conseguir declaraciones falsas, un modus operandi implantado desde hace años por el chavismo.

“Esto ocurre justo el día en el que la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU advirtiera sobre el avance represivo del chavismo, y el día siguiente en el que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU destacara las desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad del régimen”, advirtió el politólogo Walter Molina.

Machado recibió el respaldo desde Washington del subsecretario de Estado, Brian Nichols, quien aseguró que “los crecientes ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.

Reacción de la Argentina

El gobierno de Javier Milei también condenó las detenciones de los dirigentes opositores venezolanos. “El gobierno de la República Argentina condena firmemente y expresa su absoluto repudio a la detención arbitraria por parte de las autoridades venezolanas de Henry Alviarez y Dignora Hernández, dirigentes de Vente Venezuela, y la emisión de órdenes de detención contra otros dirigentes de esa agrupación política”, señaló en un comunicado la Cancillería.

“La Argentina exige al gobierno de Venezuela la pronta liberación de los dirigentes detenidos, el cese de las detenciones arbitrarias de representantes de la oposición, que constituyen acciones contrarias al espíritu democrático y atentan contra el surgimiento de nuevos liderazgos políticos y su legitimación ciudadana. En tal sentido, comparte y hace propias las conclusiones de la última actualización de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la cual advierte sobre una reactivación sistemática de los patrones de violación de los derechos humanos en ese país”, señaló la nota.

“Asimismo, la Argentina se suma al llamado de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que Venezuela ponga fin al hostigamiento contra los opositores políticos, al tiempo que reafirma su compromiso con la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos y aboga por la celebración de elecciones presidenciales democráticas, transparentes, competitivas, con participación plena de todos los candidatos políticos y con presencia de observación electoral externa”, completó el comunicado de la Cancillería.