Una visita de cortesía y para conocer el funcionamiento y los procesos que se están desarrollando para fortalecer al Sistema Penitenciario Nacional, realizo el vicepresidente del Congreso Nacional, abogado Rasel Tome.
El diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), se reunió con las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), dirigido por el Comisionado de Policía, Otoniel Castillo Lemus, quien le informo que actualmente se realizan trabajos en conjunto con distintas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales.
El Comisionado, le menciono al vicepresidente del Poder Legislativo, que actualmente se han otorgado 1,159 beneficios de preliberación en cumplimiento a las leyes del Sistema Penitenciario Nacional. Además de la revisión de expedientes que se hace en conjunto con el Poder Judicial para identificar a las personas privadas de libertad, que pueden optar al beneficio de preliberación o libertad condicional; identificando un aproximado de 800 personas.
También, se le informó que la población actual es de 20,079 personas privadas de libertad y que se espera, que como resultado del trabajo que se realiza con la Defensa Pública y los Juzgados de Ejecución a nivel nacional, se pueda poner en libertad a más de 2,000 personas, que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes.
Asimismo, se trataron otros temas enfocados en continuar mejorando las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, el trato a sus familiares y la formación y capacitación del personal penitenciario y así, contar con una institución fortalecida, profesionalizada y con personal certificado y calificado.
*Puertas abiertas*
A mediados del mes de marzo, las autoridades penitenciarias sostuvieron una reunión con el diputado por el departamento de Atlántida Ariel Montoya, quién ha manifestado su anteproyecto de cerrar el Centro Penitenciario de La Ceiba y reubicar a las personas privadas de libertad en el recinto de El Porvenir, en el mismo departamento.
Las autoridades, mantienen una política de puertas abiertas, por lo que han sostenido reuniones con organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, organismos de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil; para establecer alianzas estratégicas en beneficio de las personas privadas de libertad.
