A continuación compartidos el COMUNICADO PÚBLICO DE LA RED COIPRODEN:
“La salud y la vida una prioridad en el posible retorno a clases presenciales en pandemia por COVID-19.
COIPRODEN, integrada por 25 organizaciones de sociedad civil, comprometidas con la promoción y cumplimiento de los derechos de la niñez y juventud hondureña; consientes que, en el actual contexto de crisis por la pandemia, uno de los derechos constitucionales más vulnerados, es el acceso a salud integral y educación pública de calidad, razón por la cual exponemos nuestra preocupación ante el posible retorno a clases presenciales en el actual contexto hondureño.
En el presente mes de junio, se ha oficializado a través de los medios de comunicación que la Secretaría de Educación, dará inicio al desarrollo de un pilotaje de retorno a clases presenciales en treinta municipios de diferentes departamentos del país.
En este pilotaje, se espera la participación de 42,832 estudiantes y 1,744 maestros, en 1,353 escuelas.
Proceso, que se realizará sin haber desarrollado una estricta evaluación, análisis y valoración de las condiciones y capacidades; en infraestructura y saneamiento básico de los centros educativos.
Pretender hacer volver el sistema educativo a lo que era antes, es no reconocer que la pandemia de la COVID-19, ha obligado a replantear todas las realidades y el sistema educativo, no está exento a esos cambios.
Se estima que, el 19% de los centros educativos no cuentan con servicio de agua potable y el 32% carecen de sistema de evacuación de aguas negras y residuales.
Asimismo, se cuenta con limitados espacios y condiciones que garanticen el distanciamiento físico, situación que nos preocupa ya que no hay condiciones óptimas para el retorno de las niñas, niños y adolescentes a los centros de enseñanza-aprendizaje.
Según estudios de la ASJ, se cuenta con 2 millones de estudiantes excluidos del sistema educativo por falta de dinero para pagar Internet y falta de aparatos electrónicos, acorde a la virtualización de la educación.
El 76% de niños y niñas en escuelas públicas están recibiendo menos de cinco horas semanales de clases, 76% de alumnos matriculados en el sistema público reciben material educativo vía Whatsapp que es un sistema de mensajería informal, no una plataforma educativa para el proceso de enseñanza-aprendizaje; pero 73% de los padres y madres no pueden costear Internet para más de un hijo o hija.
Es importante mencionar, que en los sectores de la población a vacunar e inmunizar contra la COVID-19, no se ha priorizado el personal docente y administrativo; y, que a la mitad del presente mes de junio solamente el 0.6% de la población hondureña habían completado su inmunización.
Sumado a lo anterior, los altos índices de contagio y muertes por COVID-19 en el país continúan en incremento, teniendo una respuesta insuficiente para satisfacer las necesidades de salud en la población.
Se ha cerrado más de setenta centros preclínicos o “Triajes”, nulo funcionamiento de los hospitales móviles y al mes de mayo 2021 se registran más de 1,500 muertes y solo aproximadamente el 1% del presupuesto destinado para vacunas se ha ejecutado hasta al mes de junio.
Ante esta realidad expuesta, exigimos al Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Educación y demás Secretarías de Estado vinculadas a la temática:
1. Crear urgentemente una plataforma virtual apropiada que cumpla con los estándares mínimos que debe tener un espacio pedagógico online.
2. Dar cumplimiento a lo que manda la ley fundamental, sobre la necesidad de formar a los educandos en el uso de nuevas tecnologías. (Deuda que no se puede seguir postergando).
3. Ante la incertidumbre sobre la evolución de la COVID-19 y considerando que los estudiantes no serán sujetos priorizados para la vacunación, la Secretaría de Educación debe idear un plan, que considere la semi-presencialidad como una de las formas de trabajo en la nueva normalidad.
4. Incluir dentro de los grupos priorizados para la inmunización a todo el personal docente, eliminando criterios de exclusión o discriminación por edad, tipo de enfermedad o zona de trabajo, ya que al hacerlo expone la salud de las niñas, niños, adolescentes y sus familias.
5. Realizar una evaluación minuciosa de las condiciones de infraestructura, pedagógicas y de bioseguridad en la que se encuentran los centros educativos en todo el país y destinar recursos financieros para su equipamiento.
6. Debe considerarse reducir significativamente el número de estudiantes matriculados por sección de cara al año 2022 (En el sistema educativo público de las ciudades, el promedio de alumnos anda entre 40-50).
7. Contratar más personal docente que pueda dar seguimientos individualizados a estudiantes mediante visitas domiciliarias y a través de plataformas virtuales y procurar así, que decaiga grandemente la calidad del servicio educativo tal como está ocurriendo actualmente.
En síntesis, desarrollar una buena educación virtual nos dejaría en condiciones para mejorar el sistema en la nueva presencialidad, pero, sobre todo, para hacer ese puente de retorno, sin arriesgar a los docentes, estudiantes y las familias.
El gobierno ha querido pasar la pandemia sin invertir en educación y sin presionar a las empresas que ofertan el internet, pero el costo histórico de todo este retraso educativo será invaluable. Todavía se puede enmendar, y estamos convencidos que no es enviando a estudiantes y docentes a un contagio seguro.
Por otra parte, el 80% del raquítico presupuesto de educación se va en pago de salarios, dejando un margen muy pequeño para la mejora de las condiciones de los centros educativos.
Nada de lo mencionado anteriormente será posible, si no se amplía el presupuesto.»
