Una operación de la policía civil en la favela Jacarezinho, en la zona norte de Río de Janeiro, se ha convertido en la segunda mayor masacre de la historia del Estado. Hasta la tarde de este jueves se registraban 25 personas muertas, entre ellas un policía al que le dispararon en la cabeza, según las autoridades. Los demás, cuyas identidades aún no son reveladas, son considerados sospechosos por la policía.

De acuerdo a los informes de quienes siguen la operación en el lugar de los hechos, los agentes entraron a los domicilios de los residentes del lugar para llevar a cabo registros -que solo pueden realizarse con una orden judicial- y ubicaron los cuerpos de los fallecidos en vehículos policiales blindados.

La acción policial de este jueves demuestra que, incluso durante la pandemia de coronavirus, la política de seguridad pública del gobernador Cláudio Castro (PSC) en el Estado de Río sigue guiándose por el enfrentamiento directo con los narcotraficantes en las favelas y los barrios periféricos, haciendo caso omiso de una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF). En junio del año pasado, el Tribunal Supremo prohibió este tipo de operaciones policiales durante la crisis sanitaria, salvo en “hipótesis absolutamente excepcionales” y siempre que estén debidamente justificadas ante la Fiscalía de Río.

Un mes después de la determinación del Supremo, las operaciones policiales disminuyeron un 78%, las muertes en tiroteos se redujeron un 70% y el número de heridos un 50%. Sin embargo, y a pesar de la medida ordenada por el STF, las cifras volvieron a aumentar en noviembre pasado. Solo en 2021, el Instituto Fogo Cruzado ya ha registrado 30 casos en los que tres o más personas fueron asesinadas a tiros en la región metropolitana de Río.

“En total, son139 las muertes en estas circunstancias”, señala la plataforma, que hace un seguimiento de los tiroteos en el Estado. Los días 16 y 19 de abril de este año, el juez Edson Fachin celebró una audiencia pública con familiares de víctimas, organizaciones no gubernamentales, expertos y representantes de corporaciones policiales para discutir estrategias para reducir la letalidad de las acciones de la policía. “Es surrealista que la policía continúe con esta lógica de confrontación, que pone en riesgo nuestras vidas y no respeta nuestros derechos, nuestros hogares y nuestras vidas”, dijo un residente de Jacarezinho bajo condición de anonimato.

Fuente: El Pais

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