El Gobierno de Honduras afirmó que contrató al bufete de abogados Arnold & Porter, pero no lo hizo ante el juicio que acabó con cadena perpetua por narcotráfico a Tony Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sino para emitir un bono soberano.
La institución hondureña afirmó en un comunicado que la influyente firma fue contratada por el Gobierno en 2019 con el objetivo de «proporcionar servicios jurídicos para la emisión de bono soberano en los mercados internacionales de capital».
Según una investigación del diario The Washington Post y documentos del Departamento de Justicia, los lobistas intentaron influir a los fiscales del caso, que acabó con Juan Antonio «Tony» Hernández sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico.
De acuerdo al Washington Post, la firma que había presionado durante el proceso y que se mencionaba sin nombrar en los documentos del proceso contra Tony Hernández sería el prestigioso bufete de Washington Arnold & Porter, que tiene como socio a John B. Bellinger III, exasesor legal del Departamento de Estado con George W. Bush o en el que trabajó el actual Fiscal General Merrick Garland.
La Secretaría de Finanzas de Honduras insistió en que Arnold & Porter fue contratado para «acompañar y asesorar» a la institución en el proceso de colocación de un bono soberano en el mercado financiero internacional.o
