Un perjuicio económico que supera los 44 millones de lempiras es el monto defraudado por las redes de corrupción conformadas por funcionarios de la Secretaría de Salud y miembros representantes de sociedades mercantiles; el daño en contra de la administración pública, se ocasionó al adjudicarse órdenes de compra fraccionadas, sobrevaloración de medicamentos e insumos médicos, los cuales fueron distribuidos a nivel nacional, alcanzando los 18 departamentos del país en el periodo 2011-2016, revela la denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ante la autoridades persecutoras del delito.
Lo anterior se desprende de tres informes acompañados con sus respectivas denuncias que el CNA presentó ante el Ministerio Público (MP), donde se dan a conocer irregularidades cometidas por los diferentes comités de compras integrados por los directores, administradores, entre otros funcionarios asignados en los diferentes hospitales y regiones departamentales; los cuales, mediante licitaciones privadas y compras directas fraccionadas, permitieron la sobrevaloración de órdenes de compra para la adquisición de estos medicamentos e insumos médicos, y así lucrarse con fondos públicos.
Para ejecutar este fraude, los funcionarios denunciados de la Secretaría de Salud colaboraron de manera dolosa con tres redes de corrupción para que resultaran favorecidas con compras millonarias.
La primera red operó a través de una sociedad mercantil liderada por un alto funcionario del Poder Legislativo, a quien le adjudicaron diversas órdenes de compra que suman más de veintiún millones de lempiras (L21,000,000.00); encontrándose un aumento deliberado en los precios en un 45%, constituyéndose este porcentaje en una sobrevaloración identificada por nueve millones trescientos sesenta y dos mil doscientos veintiocho lempiras con noventa y nueve centavos (L9,362,228.99).
La segunda red de corrupción identificada está conformada por tres (3) empresas, las cuales obtuvieron la adjudicación de 158 órdenes de compra con valores que no superaban lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes para esos años, con el objeto de evadir los montos exigibles para la aplicación de licitaciones públicas nacionales. Dichas ordenes sumaban un total de treinta y siete millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos veintiséis lempiras con cuarenta y un centavos (L 37,894,826.41)
