Se llama Rolando, pero en Securitas lo conocían como Chucky. Trabajaba como chofer y conducía uno de los autos blindados de la empresa de seguridad, un Volkswagen. Hizo numerosos viajes en los que sus pasajeros llevaban bolsos, bolsas, mochilas y sobres de papel madera que guardaban billetes, muchos billetes. Era el dinero que la compañía destinaba al pago de coimas a representantes de organismos públicos para no perder contratos, obtener facilidades o cobrar servicios adeudados.
Chucky hizo numerosos viajes a un edificio situado Corrientes al 700, a tres cuadras del Obelisco, donde una asistente de un exdirector de Securitas se bajaba del auto blindado y se subía a otro vehículo para dejar los bolsos con la plata de los sobornos.
También conoció a “Zapatitos”, un hombre de unos 50 años que se subía al auto blindado, siempre en la esquina de avenida del Libertador y Juramento o en Cabildo y Juramento, en Belgrano, y recibía de parte del asistente de un exdirectivo de la compañía una bolsa o sobre de papel madera “grande” y después se retiraba. Los encuentros siempre eran a las 11.
El auto blindado también estuvo en San Isidro, en la casa de una exdirectora del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde también se habrían hecho “pagos indebidos”, tal como representantes de Securitas calificaron los sobornos ante la Justicia.
Chucky no era el único chofer. Otros colegas suyos también fueron testigos de los viajes en los que se llevaban bolsos, mochilas y sobres de papel madera con dinero.
Así surge de la resolución de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en la que procesó a 19 sospechosos por asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros delitos. La mayoría de los acusados son exdirectivos de Securitas, pero también hay un subcomisario de la policía bonaerense, un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) y dos gerentes de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa).
La investigación, a cargo del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, continúa. Todavía se analiza la documentación y otras pruebas secuestradas en una serie de allanamientos hechos a mediados del mes pasado, según pudo saber LA NACION.
Tal como surge de la resolución judicial, Securitas habría pagado, entre 2013 y 2018, coimas por 7,6 millones de dólares y, además, habría llevado adelante una evasión fiscal que podría ascender a los 2195 millones de pesos.
Los viajes del auto blindado para pagar las coimas surgen de la investigación interna que hizo la empresa y que derivó en una autodenuncia en la Justicia, génesis del expediente donde intervienen la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez; también, de declaraciones testimoniales (como la de Chucky) y de la información que aportó el GPS del vehículo en cuestión.
Chucky declaró en la investigación interna de la compañía y también como testigo en la causa, bajo juramento de decir la verdad. Aportó detalles de los encuentros con Zapatitos y aseguró que se hicieron una vez por mes entre 2013 y 2015.
Al hombre que recibía los sobres papel madera con el dinero le decían Zapatitos porque siempre lo encontraban detrás de una parada de colectivos donde solo se le veían los zapatos.
Cuando declaró el otro chofer, de nombre Marcelo, también hizo referencia a Zapatitos. Lo recordó como un hombre de 50 años, siempre muy bien vestido. Recordó que en algún momento hablaron con Chucky del tema y pensaron que podía ser alguien del Registro Nacional de las Personas (Renaper) o del Senasa.
También recordó con una memoria prodigiosa los viajes a La Horqueta, en San Isidro, a un chalet con ladrillos a la vista, con pendiente y escalera. También eran trayectos que se hacían una vez por mes, siempre a las 10. La pasajera era una colaboradora de un directivo de Securitas y el domicilio pertenecería a una exdirectora del Senasa, organismo donde se habrían derivado parte de los “pagos indebidos”.
La investigación, a cargo del fiscal Domínguez, funcionario que tiene la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación, y tiene su sede principal en Estocolmo, capital de Suecia.
En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de la investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”. Ahora la compañía se llama Securion.
“Como empresa líder en seguridad privada en la Argentina mantenemos un firme compromiso con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Hace un tiempo nuestra auditoría interna arrojó resultados preocupantes al detectar irregularidades dentro de nuestra propia organización. Ante esta situación tomamos una decisión sin precedentes en la historia empresarial argentina: decidimos presentarnos ante la Justicia y denunciar los ilícitos descubiertos. Esta acción es un reflejo de nuestro compromiso con la responsabilidad y la legalidad”, explicaron desde Securion.
A mediados del mes pasado, por orden de la jueza Arroyo Salgado, y tras el pedido del fiscal Domínguez, el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de la Gendarmería Nacional hizo una serie de allanamientos en Ezeiza, Tigre, San Isidro, Córdoba, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires y secuestró 19 vehículos, una moto, 20 notebook, 30 teléfonos celulares, 19 armas de fuego, 2088 municiones de diferentes calibres, 232.165 dólares, 8845 euros, 114.000 pesos chilenos y 11.500.000 pesos.
Uno de esos procedimientos se hizo, precisamente, en la casa de San Isidro donde Chucky dijo haber estado en más de una oportunidad.
