Como jefe de La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Lomas de Zamora, el comisario mayor Daniel Aste, debía realizar operativos para desbaratar bandas narco criminales.
Sin embargo, según la Justicia Federal, el comisario mayor se asoció con un efectivo de la Policía Federal y dos subordinados para cobrar dinero a cambio de protección a las bandas narco. Además, armaban operativos sin orden judicial, se apoderaban de la droga de las bandas y se la vendían a otros grupos.
“Che sabés que un amigo mío me preguntó a cuanto le dejamos la blanca, ¿Vos tenés todavía la cabida para conseguir?”, preguntó el integrante de una banda narco a su interlocutor. Del otro lado de la línea, el policía José Luis Alasio le respondió que sí y le mencionó que el precio era de “1,2″.
Según la investigación encarada por la fiscalía federal de Tres de Febrero, “1,2″, era $ 1.200.000, en julio de 2021, cuando se concretó esa operación de venta de droga que le habría dejado a los policías una ganancia de $ 150.000.
En las últimas horas, la fiscalía federal de Tres de Febrero, a cargo del fiscal Paul Starc, pidió que los cuatro policías sean sometidos a juicio oral por cobrar protección a bandas de narcotraficantes y, además, armar operativos contra bandas rivales a las que les sacaban droga y la entregaban a los grupos protegidos por ellos para que la distribuyeran.
Además de Aste y Alasio, en el pedido para que sean juzgados, fueron incluidos Sergio Alberto Mosqueda, quien se desempeñaba como sargento primero de la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná de la Policía Federal y Juan Gastón Carabajal. Tanto Alasio como Carabajal cumplían funciones en la Delegación Departamental de Investigaciones y Lucha contra el Narcotráfico de Lomas de Zamora de la policía bonaerense.
En dicha dependencia se desempeñaba el mencionado Aste, hasta que fue trasladado a la delegación Dolores de lucha contra el Narcotráfico de la fuerza de seguridad provincial.
Para la Justicia existirían elementos que abonaría la presunción que los cuatro imputados “conformaron al menos desde el 3 de marzo de 2021, hasta el 16 de agosto de 2023 una organización destinada a cometer delitos de diferente naturaleza, principalmente vinculados a la protección de bandas criminales dedicadas al comercio de estupefacientes”.
Durante la investigación, los representantes del Ministerio Público habrían establecido que los imputados “omitieron denunciar a los autores o partícipes de organizaciones criminales dedicadas al comercio de estupefacientes”.
Además, los funcionarios judiciales habrían determinado que los cuatro policías habrían obligado, “mediante intimidación, por ser miembros de una fuerza de seguridad, a personas vinculadas al narcotráfico que entreguen periódicamente dinero a cambio de protección, impunidad y cobertura, todo bajo la amenaza de revelar la comisión de los delitos y producir sus detenciones”.
Al revisar los movimientos de las cuentas del comisario mayor, los investigadores habrían establecido que recibió dinero del integrante de una banda narco a la que debía combatir mediante transferencias realizadas el 20 de junio, 18 y 21 de octubre; 2, 21 y 23 de diciembre de 2021.
Esos depósitos fueron recibidos en las cuentas N° 30188 y 045237, del comisario mayor Aste, según se consignó en la requisitoria de elevación a juicio.
El proceso contra Aste comenzó cuando los investigadores judiciales comenzaron a revisar los teléfonos de los acusados Claudio Alejandro Oliva, Ariel Hernán Alderete y su expareja Nélida Patricia Andrada. En los celulares figuraban comunicaciones y mensajes con los policías Carabajal y Alasio. Los cinco imputados fueron procesados con prisión preventiva y tienen pendiente la realización de un juicio oral en su contra.
Al revisar el intercambio de comunicaciones entre los cuatro efectivos de la policía bonaerense quedó el descubierto cuáles son las dependencias a las que los efectivos se pelean por ser designados debido a que constituyen una fuente de recaudación ilegal que les permitiría “dar el salto y asegurarse su futuro”.
Cuando una familiar le preguntó a Alasio si le faltaba mucho tiempo para jubilarse, el policía respondió: “Tengo que hacer un par de cosas más todavía. Tengo que asegurar mi futuro porque no se puede vivir de la jubilación. La Delegación Departamental Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora era propicia para dar el salto. Por ser la mano derecha del ‘hombre’ este año tenía que ‘hacer la diferencia’. Cada integrante de mi familia tiene su auto que compré con el producto de mi trabajo, de las cosas que hice y arriesgando lo que sea”.
Para concretar los operativos y secuestrar la droga que después comercializaban, los policías llamaban al número de emergencias 911, pasaban la información de forma anónima y hacían el procedimiento. Luego, cuando habían acomodado la escena, según sus conveniencias, avisaban al juzgado.
Esto ocurrió el 16 de mayo de 2022, cuando, según la descripción del hecho realizada por los investigadores judiciales, Alasio llamó al 911, dijo que una persona llamada Gustavo transportaría una importante cantidad de droga en un camión marca Scania, azul, con la inscripción en su parte frontal “100% gitano”, con destino a Rosario. Según el falso informante, la cocaína había sido ocultada en tanques de 200 litros de aceite.
“Los integrantes de la organización marcaban o señalaban entregas o domicilios para realizar el ‘apriete’, y así despojar a los vendedores de la droga. Para ello, Alasio utilizaba su condición de policía para ejercer algún tipo de coerción sobre los vendedores de droga. Luego, el imputado se encargaba de distribuir el material estupefaciente obtenido entre las personas que respondían a él, entre ellos Alderete y Andrada quienes lo ponían nuevamente a la venta”, se indicó en la resolución de la fiscalía.
Para los investigadores judiciales, Alasio era el hombre de extrema de confianza del comisario mayor Aste, quien había sido detenido a principios de septiembre pasado, en Mar del Tuyú, durante un procedimiento realizado por efectivos de la Gendarmería, a partir de una orden dictada por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence.
En su indagatoria, negó cualquier tipo de participación en la supuesta asociación ilícita y dijo “que nunca tuvo necesidad de sacar plata de la droga” y que nunca concurrió a un procedimiento que se hubiera realizado sin orden judicial.
“Los policías bajo investigación no fueron detenidos por hechos aislados. Se podría decir que estaban de los dos lados del mostrador. Por las pruebas reunidas hasta el momento, se puede decir que hacían procedimientos que no se judicializaban y los estupefacientes secuestrados, después, los vendían a organizaciones dedicadas al narcomenudeo”, explicó uno de los investigadores al referirse a las conductas de los cuatro policías acusados.
