El oficialismo se quedó solo frente a la ofensiva opositora de la Cámara de Diputados para recomponer los haberes jubilatorios por la pérdida provocada por la inflación de enero pasado, que alcanzó el 20,6%. En la Comisión de Presupuesto todos los bloques, incluso Pro –el más cercano al Gobierno-, ratificaron esta tarde su intención de avanzar en ese sentido, aunque la UCR, Hacemos Coalición Federal y Unión por la Patria están más cerca de conciliar una propuesta común.
El bloque libertario, en la voz del presidente de la comisión José Luis Espert, ratificó que defenderá a capa y espada el decreto 274/24: allí reconoce una recomposición parcial de los haberes de solo el 12,5% por la inflación de enero pasado. Restan ocho puntos. Esta licuación de los haberes le ha permitido al Gobierno ostentar superávit primario y financiero en el primer cuatrimestre; obsesionado en mantener estas mejoras en las cuentas públicas, el presidente Javier Milei bajó la orden a su tropa de diputados de rechazar cualquier iniciativa opositora que desautorice su DNU. Incluso la de Pro, que si bien anticipó su apoyo al decreto presidencial propone reconocer esa diferencia de ocho puntos con un pago en 12 cuotas.
“Entendiendo los problemas fiscales que afronta el gobierno y la necesidad de lograr el déficit cero le damos la posibilidad al gobierno que pueda pagarlo en cuotas de manera que el impacto fiscal de este año sería del 0.14 adicional al PBI”, propuso la diputada María Eugenia Vidal.
EL PRO = AHORA 12
El gobierno de @Jmilei y el PRO compiten para ver quién es más cruel a la hora de ajustar a los jubilados.
Milei quiere devolver solamente el 12,5% del 20,6% que perdieron por inflación en enero.
Vidal, por su parte, propone que los 8 puntos que se les… pic.twitter.com/ni9R9y3XSj
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) May 8, 2024
El resto de las bancadas opositoras descartaron de plano la propuesta de Pro, a su juicio demasiado concesiva. Incluso el oficialismo la rechaza. “Cualquier proyecto opositor que contradiga el DNU 274 y sea convertido en ley, Milei la va a vetar. Esa es la decisión”, deslizó a LA NACION una legisladora libertaria de diálogo fluido con el jefe de Estado.
En este contexto, la oposición enfrenta un desafío difícil. Si pretende torcerle el brazo al oficialismo debería primero limar sus diferencias y articular un proyecto común. En esa tarea están los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y Unión por la Patria. “Las diferencias no son tantas”, deslizaban en el radicalismo. “Estamos muy cerca”, dicen en el kirchnerismo. La intención es llegar a una propuesta consensuada el miércoles próximo, cuando se reúna el plenario de las comisiones de Previsión y Presupuesto. Será la antesala a la discusión en el recinto.
Sin embargo, el esfuerzo opositor debería ser mayor y más amplio en número ante la perspectiva cierta de un veto presidencial a la ley que eventualmente sancione el Congreso. En efecto, la Constitución Nacional exige dos tercios de los votos de ambas cámaras para resistir un veto del Poder Ejecutivo. Esa es la principal ventaja que hoy cuenta Milei.
Impacto fiscal
En soledad, el oficialismo -en las voces de Juliana Santillán y Bertie Benegas Lynch- defendió su postura de mantener inalterable el DNU 274. “El capitalismo, el déficit cero, no es un capricho, sino que es un tema central para terminar con el peor impuesto, que es la inflación, que sufren los pobres, los trabajadores y los jubilados, justamente”, enfatizó Espert, quien advirtió sobre el impacto fiscal de los distintos proyectos opositores.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley de movilidad jubilatoria que rige actualmente (aprobada durante la gestión de Alberto Fernández) tiene un impacto fiscal de 6,8 puntos del PBI. El DNU 274, que propone actualizar los haberes por el índice de precios al consumidor (IPC) y reconoce una recomposición parcial de la inflación de enero, aumenta el costo fiscal en un 0,31 del PBI.
Los proyectos opositores, que pretenden una recomposición mayor de las jubilaciones, superan este porcentaje. La iniciativa de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, que propone que el haber nunca debe ser inferior al valor de la canasta básica, tiene un costo fiscal de 7,57 puntos del PBI, es decir, 0,4% más que el DNU.
“Esta diferencia de 0,4% no significa más gasto, sino que es el ahorro que ya hizo el Estado con la licuación de las jubilaciones –enfatizó la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión, quien aclaró que en esa erogación se podría financiar con la eliminación de algunas de las exenciones tributarias hoy vigentes.
El proyecto de Unión por la Patria, que institucionaliza el bono de $70.000 para los haberes mínimos e incluye un aumento por única vez del 30% para todas las prestaciones, tiene un costo fiscal de 9 puntos del PBI, es decir que supera en 1, 43 punto del PBI el DNU. “Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo. Nosotros no creemos que el déficit fiscal se resuelve con licuadora y motosierra”, planteó Carlos Heller (UxP).
