“La fachada está abandonada, pero los profesionales que trabajan acá adentro son los mejores de todo el país”, resumió Adrián Brusece, médico intendente del turno tarde del Hospital de Clínicas José de San Martín.

Horas antes, el protocolo antipiquetes no se cumplió sobre la avenida Córdoba al 2300 cuando miles de personas rodearon al hospital, que en promedio atiende unas 1000 consultas por día y depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para reclamar por el impacto del ajuste presupuestario.

Con una inflación interanual cercana al 300%, la UBA –al igual que las casas de altos estudios nacionales y tantas otras áreas del Estado– recibió para funcionar en este 2024 el mismo presupuesto con el que contó el año pasado, dado que el de este período nunca se aprobó en el Congreso.

Según denunció la UBA, al declararse en emergencia presupuestaria la semana pasada, los hospitales no recibieron ningún recurso desde que comenzó la administración de Javier Milei. Las autoridades venían alertando que el impacto en los hospitales es aún mayor porque la inflación en salud fue más alta. De hecho, el director del centro de salud, Marcelo Melo, señaló por ejemplo que el aumento de los medicamentos que usan fue del 1000%.

Las transferencias de partidas a hospitales universitarios tuvieron una caída del 72%, según datos relevados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) , que concluyó que sin una ampliación de fondos, este sería el presupuesto universitario más bajo desde 1997, cuando comenzaron a registrar la variable.

No hay jeringas, no hay alcohol, no hay gasas. El principal impacto, según señalaron los profesionales consultados por LA NACIÓN durante una recorrida por el edificio, se nota en la escasez de insumos. Como así también en la realización de cirugías que se redujeron un 30%. Los problemas en la infraestructura o los ascensores que no funcionan datan de mucho tiempo antes.

Faltantes

“El hospital necesita insumos porque se está quedando sin nada. No podemos dar una respuesta correcta a los pacientes”, dijo a LA NACIÓN Brusece. Al igual que varios de sus compañeros destacó que, además, en estos meses la asistencia se multiplicó ante la llegada de pacientes sin obra social, que calculó en un 70%. “No hay que olvidarse que ingresan infinidad de personas en forma periódica y se sumaron las personas que tenían obra social y tuvieron que dejarla que derivaron acá”, explicó.

Hasta diciembre, según precisó Melo, los insumos se compraban cada cuatro meses. “Hoy no hay presupuesto. Esto sucede, por ejemplo, con el contraste para estudios de diagnóstico que aumentó significativamente”, indicó.

“Te das cuenta en cualquier de sus sectores. En las jeringas fue muy notorio. En la falta de pañales también. Se empezó a sentir de manera más fuerte hace un mes”, contó a LA NACIÓN Claudia, licenciada en enfermería que prefirió reservar su apellido.

Relató también que volvieron a implementar una práctica que habían aplicado durante la pandemia ante el desconocimiento del nuevo virus: usar un camisolín por 24 horas para un paciente. “Se les pega una cinta de papel, se indica el número de cama y el día. Y cuando se termina de usar se lo deja colgado, se utiliza por 24 horas para un paciente”, explicó.

“También estaría bueno que podamos pagar los arreglos de los elementos de electromedicina, que sean de proveedores a los que luego podamos acceder. Muchas veces en la época del kirchnerismo se trajo equipamiento y después cuando se rompen no se pueden arreglar. Y hoy están todos parados. Esto también es política”, señaló.

Hoy, el hospital, que es una de las principales instituciones formadoras de profesionales de salud del país en donde cursan anualmente 1500 alumnos, está copado por el reclamo presupuestario. “No al recorte presupuestario. Por la salud pública, por la educación no arancelada, por nuestra fuente laboral. Defendamos la UBA”, se leen en la mayoría de los carteles pegados en las paredes del edificio.

Aunque en mucha menor medida, la manifestación se replicó también en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, otro centro de salud que depende de la partida asignada a la UBA, donde también ya están reprogramando cirugías.

Medicamentos

Según Vanesa Boco, enfermera que trabaja en el hospital hace un año, el impacto del ajuste también se extiende a los medicamentos psiquiátricos. “La medicación psiquiátrica se dejó de dar, la tienen que comprar los pacientes”, indicó. “En las sábanas se nota, cuando los pacientes van a quedar internados les pedimos que traigan y se indignan”, contó.

A las personas internadas tampoco pueden darle la comida que correspondería. Según relató una trabajadora de esa área que prefirió no dar su nombre, por miedo a ser despedida, desde enero que no hay más carne. Solo usan envasada para la guardería. Coincidió con el relato de los residentes que señalaron que desde diciembre el menú que reciben es a base de verduras.

Según dijo Melo, las cirugías se restringieron al 30% , solo para casos que no pueden esperar. “Hoy solo se están haciendo las que tienen prioridad de patología maligna, es decir, cáncer. Antes operábamos todos los días, hoy son dos o tres veces por semana. A todos los demás les decimos que vuelvan en tres o seis meses y la verdad es que tampoco es claro qué va a pasar ahí”, dijo a LA NACION Paula Martínez, médica residente de cirugía.

“A nosotros para llevar un paciente a cirugía se nos complica un montón. Nos viven atrasando. A los traumatólogos también, les suspenden constantemente las cirugías, hay menos anestesia”, relató Pablo, un residente que prefirió no dar su apellido y cerró: “Esto viene mal desde hace tiempo. Y es un día a día, veremos cómo sigue”.

Reclamos

A este escenario se suma el reclamo salarial. Con una inflación acumulada desde diciembre a febrero del 71,33%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes para febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%.

Contaron los empleados del Hospital de Clínicas, además, que quienes ingresaron durante la pandemia con contratos (camilleros, ascensoristas) nunca pasaron a planta permanente, y mantienen su contrato “Covid”, que ronda los $130.000. “Son chicos que han trabajado en área Covid directamente. En primera línea, como los médicos. Un médico sin asistencia no puede cumplir su labor”, agregó Brusece.

Elisa Carrizo, que trabajaba en el área administrativa del hospital y hoy es delegada general de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba), dijo a LA NACIÓN: “Uno siempre la peleó por el presupuesto. Estamos acostumbrados a atar con alambre acá, pero ya no va. Esperemos que sirva la visibilización. Uno no quiere cortar la calle para molestar al que está en el auto tratando de llegar, porque como yo digo, es una pelea de pobres contra pobres”.