En los últimos años, la provincia del Chaco viene encabezando los alarmantes índices de pérdida de bosques nativos que tristemente caracterizan a la región del Gran Chaco, segundo mayor ecosistema boscoso y pulmón verde del planeta detrás del Amazonas.
Hace cuatro años, desde estas columnas celebrábamos la intención manifestada en aquel entonces de jerarquizar la política ambiental chaqueña, a través de encomendar a las áreas ambientales la fiscalización del desmonte y la tala ilegal, en lugar de delegar el tema a las estructuras de producción, exclusivamente enfocadas en la rentabilidad. Sin embargo, aquellos cambios nunca se efectivizaron y, pese a innumerables reclamos y denuncias de irregularidades por parte de organizaciones socioambientales, el escenario no cambió: sólo en 2023 en esa provincia el desmonte ilegal alcanzó el dramático récord de 57.000 hectáreas. Entre 2008 y 2020, la plataforma de monitoreo de la deforestación a cargo de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) reportó que la provincia perdió más de 376.000 hectáreas de bosque nativo. Millones de especies se quedaron sin su hábitat.
En sintonía con los comicios nacionales, los chaqueños eligieron un cambio de gobierno. En temas ambientales, desgraciadamente la ilusión ha comenzado ya a diluirse. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial fue absorbido por el de Producción, con el consecuente desfinanciamiento. En lo que al futuro de los bosques se refiere, la presentación del bloque de legisladores provinciales del oficialismo de un nuevo proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, altamente regresivo y contrario a la ley nacional de presupuestos mínimos de bosques nativos, agrava el escenario.
Es justo consignar que la última versión del proyecto de ordenamiento territorial presentada por el gobierno anterior también disminuía la protección de cientos de miles de hectáreas de bosques nativos. Sin embargo, la nueva administración, lejos de haber tomado nota de los justificados cuestionamientos a dicha propuesta, está enarbolando una nueva que desafectaría aún más superficie de bosques protegidos en la denominada “categoría amarilla”, especialmente en el Chaco Seco o Semiárido, una ecorregión propensa a la desertificación y degradación del suelo. De aprobarse, la destrucción de los medios de vida de las comunidades indígenas y campesinas, primeros perjudicados por la desaparición del bosque nativo, será otra trágica consecuencia.
Afortunadamente, el debate recién comienza y la nueva gestión tiene margen para desandar el proceso de elaboración del proyecto, revisar su contenido y desarrollar un esquema de participación serio.
El planeta entero está observando el avance de la deforestación en el Gran Chaco. Es deseable que los cambios que la sociedad acompañó con su voto tengan el correlato de una gestión moderna, transparente y sostenible, que garantice la conservación de uno de los ambientes más amenazados de nuestro país y del mundo. Sin bosques, los seres humanos no tendríamos aire puro ni agua potable ni muchos alimentos que hoy consumimos.
