El enfrentamiento entre el gobernador Ron DeSantis y la comunidad china de Florida continúa con un nuevo capítulo de la batalla legal por la ley SB 264, que prohíbe a extranjeros de ese país, al igual que otros de Cuba, Venezuela, Irán, Siria, Corea del Norte y Rusia, comprar propiedades dentro de ese estado. Tras un fallo favorable de un tribunal federal a principios de febrero, los demandantes solicitaron a la Justicia el pasado viernes que se bloquee por completo la normativa, que señalan como “discriminatoria”.

La demanda, que lleva el título de “Shen vs. Simpson”, fue presentada por cuatro inmigrantes chinos que viven en Florida en marzo de 2023, cuando DeSantis promulgó la controvertida ley y anunció que “los aeropuertos, las centrales eléctricas, los sistemas de telecomunicaciones y otras infraestructuras críticas no se verían comprometidos por el PCC (el Partido Comunista Chino) ni por ningún adversario extranjero”.

El litigio escaló durante todo 2023 y, el pasado 1° de febrero, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos falló en favor de los demandantes chinos y determinó que la prohibición de Florida viola una ley federal que rige las compras de bienes raíces por parte de ciudadanos extranjeros. Por ello, detuvo la ejecución contra dos de los demandantes individuales mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La Justicia define la continuidad de la ley de DeSantis contra los inmigrantes chinos en Florida

Según la agencia Courthouse News Service, el pasado viernes comenzó el proceso donde un panel del 11° Circuito debe escuchar los argumentos de los demandantes Yifan Shen, Zhiming Xu, Xinxi Wang y Yongxin Liu, representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, DeHeng Law Offices PC, el Fondo Asiático Americano de Educación y Defensa Legal y el bufete Quinn Emanuel.

Ashley Gorski, abogada de los demandantes, sostuvo que “Florida restringía ilegalmente la vivienda para los chinos” y comparó la ley con otras de principios del siglo pasado, derogadas hace mucho tiempo, que iban en el mismo sentido. ”Está señalando a personas de determinados países de una manera que va en contra de las garantías de igualdad de protección que existen ahora”, dijo Gorski.

Además, pidió al tribunal de apelaciones, integrado por los jueces Charles Wilson, Robert Luck y Barbara Lagoa, que bloquee la ley de forma más amplia, según consignó AP.

Los detalles de la ley que prohíbe a personas originarias de China comprar casas en Florida

De acuerdo con el texto publicado en la página web del Senado de Florida, la ley SB 264 prohíbe a las personas con nacionalidad china y de otros países como Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria, que no sean ciudadanos o residentes permanentes legales, comprar casas, terrenos o cualquier tipo de bienes raíces a menos de 16 kilómetros de cualquier instalación militar o de “infraestructura crítica” dentro de Florida.

La única excepción es para aquellas personas con una visa válida de no turista o a quienes se les haya concedido asilo que deseen adquirir una propiedad residencial, pero solo si tiene menos de dos hectáreas y se encuentra a más de ocho kilómetros de una instalación militar.

En el estado hay más de 20 bases militares, y muchas de ellas a cinco millas de centros urbanos como Orlando, Tampa, Jacksonville, Pensacola, Ciudad de Panamá y Key West.

A su vez, la ley establece que cualquier persona que viva en Florida y que esté “domiciliada” en China debe registrar su propiedad existente ante el estado o enfrentar sanciones civiles y el decomiso por incumplimiento, según Courthouse News Service. La norma prevé sanciones para este tipo de inmigrantes de hasta cinco años de prisión (y de un año de cárcel para el vendedor) por intentar comprar una casa, así como miles de dólares en multas.

En marzo de 2023, cuando DeSantis promulgó la normativa, sostuvo que la ley llegaba “para contrarrestar la influencia maligna del Partido Comunista Chino en Florida”. El pasado viernes, durante la presentación de argumentos ante el 11° Circuito, Nathan Forrester, el abogado que representa al estado, sostuvo que la ley se alineaba con las preocupaciones de seguridad nacional de la Administración Biden, incluidas las amenazas planteadas por el gobierno chino. Por su parte, Gorski afirmó al medio Local10 que “no había evidencia en el expediente de ningún vínculo entre la propiedad de viviendas chinas y el daño a la seguridad nacional”.

.