Por fuera de la enorme inflación y habida cuenta de los luctuosos episodios que se suceden en forma cotidiana, la inseguridad es indiscutiblemente la principal preocupación de la ciudadanía en el territorio bonaerense. Al llamado delito común y al ligado al narcotráfico corresponde también sumar el accionar de las llamadas mafias chinas, organizaciones conocidas como triadas, de fuerte presencia en el AMBA y, para muchos, el fenómeno criminal más poderoso de la Argentina.
Aunque las extorsiones a supermercadistas sean las más conocidas, sus negocios se extienden también a la trata de personas, principalmente mujeres importadas clandestinamente desde China. Con intereses diversificados, asociados también a prestamistas usureros y casas de cambio y blanqueo de dinero a través de criptomonedas, llevan adelante negocios vinculados con el juego clandestino y la prostitución, frecuentemente montados en la parte trasera de supermercados o restaurantes. Es allí donde también se elige a víctimas para luego pedir millonarios rescates y se trata de casos que, por ausencia de denuncia, casi nunca llegan a la Justicia.
En julio pasado, el Ministerio de Seguridad bonaerense, por entonces a cargo de Sergio Berni, llevó adelante en simultáneo 19 allanamientos -15 de ellos en Almirante Brown, dos en Lomas de Zamora y dos en Quilmes- por orden de la Justicia bonaerense, cuyo objetivo fue desbaratar una organización delictiva que extorsionaba a comerciantes chinos del rubro supermercados. Sicarios que distribuyen mensajes intimidatorios, disparan, queman persianas, arrojan bombas o granadas de humo, incluso con clientes adentro, exigen para evitar la muerte montos que podían alcanzar los 50 mil dólares hace unos años. Hoy demandarían mucho menos, incluso en pesos.
El aparente jefe de la banda fue identificado como Ling Shanguo, casualmente titular de la Cámara de Comercio China en Almirante Brown, a quien se ha caracterizado como más preocupado por extorsionar a sus asociados que por defenderlos. No menos sugestivo fue que el juez de garantías N°6 de Quilmes, Diego Agüero, haya dictado esa orden a partir de una investigación de la UFI N° 4, una dependencia de ese departamento judicial que funciona en el partido de Florencio Varela donde se habría recibido la denuncia de un comerciante chino de Quilmes. El esfuerzo de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la policía bonaerense fue encomiable. Inteligencia previa, intercepción de comunicaciones, cámaras y drones para detener no solo a los participantes chinos involucrados, sino también a la mano de obra local, que incluyó a un comisario de la bonaerense, Elvio Chocobar, en situación de disponibilidad, con la supuesta complicidad de dos ex funcionarios del Municipio de Almirante Brown. Nada menos que el titular de la Inspección General, Juan Pablo Schuster, y su segundo, Leonardo Gamizo, a quienes se vincularía también con causas de narcotráfico y trata de personas que investiga la Justicia Federal de Quilmes. Ambos, integrantes de la tropa de Mariano Cascallares, diputado provincial e intendente de Almirante Brown que vio peligrar su acceso a un tercer mandato con estas denuncias, fueron dados de baja en sus funciones y detenidos.
Este episodio de trascendentes ribetes fue por entonces denunciado desde el ciclo televisivo Odisea Argentina y este diario. La embajada china tuvo un papel activo. No solo debió proveer intérpretes de mandarín para analizar cientos de horas de conversaciones telefónicas grabadas, sino que colaboró también con Migraciones para detectar criminales de su país que podrían haber llegado a la Argentina bajo la cubierta de comerciantes.
Deberíamos saber de mayor número de procedimientos de similar envergadura en otros municipios con muchos más supermercados chinos que los instalados en Lomas de Zamora y Almirante Brown. La Matanza es el caso más emblemático. En octubre pasado, luego de ocho allanamientos en San Miguel, José C. Paz y Lomas de Zamora, un barrabrava de Boca Juniors y otras cuatro personas, tres de ellas ciudadanos chinos ligados a la triada Pixiu, fueron detenidos bajo acusación de extorsionar a propietarios de supermercados a quienes les exigieron 30 mil dólares para no sufrir represalias. La Justicia de Morón ordenó 12 allanamientos para desarticular una célula que opera en la región oeste que tuvieron lugar en estos días. Un comerciante de Ituzaingó había denunciado amenazas de muerte en chino mandarín recibidas desde enero vía la plataforma WeChat si no pagaba un millón de pesos para que lo dejaran “trabajar tranquilo”. No fue el único. El “cobrador”, un ciudadano chino identificado por un video, miembro de la facción Hua Yi que se dedica a apretar comerciantes, tiene orden de captura nacional e internacional.
A comienzos de este año, Zhuang Hug fue víctima de un eventual ajuste de cuentas en la entrada de su supermercado en Ituzaingó cuando recibió disparos en sus piernas, aunque afortunadamente salvó su vida.
La falta de un mayor compromiso del Estado por controlar estas actividades criminales condujo a su crecimiento. Hablamos de cuestiones de corte policial cuya lectura política es ineludible, con complicidades entre sus principales actores. Trabajar para erradicar estas actividades criminales contribuiría sin duda a bajar el costo político de invertir en la Argentina. Sobre todo porque refiere a una de las zonas con mayor ausencia de radicación de capitales y falta de oportunidades de empleo: el conurbano bonaerense.
