En medio del conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas, la Facultad de Psicología de la UBA explicó en un comunicado su postura respecto de la evaluación que hizo sobre su actividad la Auditoría General de la Nación (AGN) en el año 2018 y negó que se hubieran detectado irregularidades.

El caso de Psicología cobró especial relevancia por ser la única facultad que se sometió a una auditoría de la AGN -un órgano de control dependiente del Congreso- en los últimos 10 años.

Las autoridades de la institución aclararon algunos de los puntos del informe oficial, que fue publicado en distintos medios -incluido LA NACION- en los últimos días, en el contexto de la masiva manifestación del martes pasado en defensa de la universidad pública y contra la política del gobierno de Javier Milei.

Uno de los puntos marcados por la AGN puntualizó en su evaluación es que la facultad llevó adelante procesos de compras y contrataciones directas. Las autoridades explicaron que lo hacen “en el marco de la Resolución Nº 8240/13, emanada del Consejo Superior”, que autoriza a disponer contrataciones directas para casos excepcionales.

Respecto de las observaciones que hizo el órgano de control sobre obras edilicias, indicó que tomó notó para implementarlas en los procesos internos. “En realidad, lo que sucedió es que, en algunos expedientes, no quedaron documentadas las correcciones de trabajos realizados, como, por ejemplo, el arreglo de una filtración de agua a través de ventanas que habían sido recientemente colocadas en la sede Independencia, la cual se arregló en tiempo y forma”, sostuvo el comunicado.

La AGN resaltó que no se había informado al Tesoro General de la Nación de la apertura de algunas de las cuentas bancarias de la facultad. “Eso se debió a que la normativa que exige dicha comunicación se creó con posterioridad a la apertura de las cuentas en cuestión. No obstante, las cuentas se encuentran informadas, en su totalidad, en el Rectorado de la UBA”, indicaron las autoridades.

Otro punto objetado en el informe es una diferencia de alrededor de $32 millones entre el presupuesto estimado de gastos en el inicio del año y lo finalmente ejecutado en 2018. “La recaudación y ejecución (de aquel año) superó en $32 millones lo previsto, lo cual quedó asentado en la contabilidad de la Facultad. Dicho importe se encuentra documentado y fue informado al Rectorado para que se consolide en el balance general de la Universidad de Buenos Aires”, respondió la facultad.

 

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