MADRID.– El Banco de España hizo una llamada de atención sobre el reto de las pensiones en el país. Ni la llegada de inmigrantes, ni las subas de cotizaciones, ni los incentivos a demorar la jubilación serán suficientes por sí solos para abordar un problema de “extraordinaria envergadura” y “uno de los mayores desafíos a los que se enfrentarán las principales economías en los próximos años”, señala en su informe anual.
En España, por el envejecimiento haría falta que en 2053 se triplicara el número de extranjeros residentes incluido en las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), si se busca que permanezca igual la relación entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas. Para dentro de tres décadas, el INE espera que en España haya 14,8 millones de pensionistas, 18 millones de nacionales en edad de trabajar y 12 millones de extranjeros activos.
Con esas cifras, la proporción entre ocupados y jubilados se estrecharía mucho. Así que, para mantener la tasa de dependencia actual, situada en 26%, el Banco de España explica que la población inmigrante trabajadora tendría que subir en más de 24 millones de personas hasta un total de 37 millones. Habría bastantes más trabajadores extranjeros que españoles. Y eso implicaría que se tendrían que crear unos 800.000 puestos de trabajo al año, solo para cubrir estas llegadas.
Con más de un 17% de los residentes nacidos fuera, España ya está entre los cuatro países del mundo con una mayor proporción de extranjeros, detrás de los Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. A la luz de estos números y a pesar del elevado dinamismo de los flujos migratorios hacia España, “no parece probable que la inmigración pueda evitar el proceso de envejecimiento en el que se encuentra inmerso nuestro país”, concluye el mencionado informe. Por otra parte, aunque contribuyen de forma decisiva a paliar la escasez de mano de obra, los inmigrantes no presentan la formación de los nacidos en España y no servirían en esa medida para responder a las necesidades que creará la transformación tecnológica, de acuerdo con lo que advierte el organismo que dirige el gobernador Pablo Hernández de Cos.
Proyecciones del gasto
El reporte también cuestiona las proyecciones del Gobierno y de la Comisión Europea sobre el gasto en pensiones. Y es crítico con respecto a una de las principales medidas de ahorro que ha planteado el Ejecutivo y que ha aceptado Bruselas como buena: los incentivos para demorar de forma voluntaria la jubilación más allá de la edad legal.
Los cálculos del gobierno de España sostienen que en 2050 el gasto puede bajar en unos 1,4 puntos de producto bruto interno (PBI), porque la mitad de los trabajadores va a retrasar por voluntad propia su retiro durante tres años. Pero el Banco de España afirma que hay mucha incertidumbre sobre cuántos retrasarán su retiro y pone en duda la cifra de ahorros que se podría obtener; una de las cuestiones es que, para dar incentivos (a retrasar la jubilación) deberían pagarse importes mayores.
Como ha argumentado otras veces, la institución recuerda que la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 aumentó las obligaciones de gasto sin elevar en la misma medida los ingresos. Y apunta que es muy probable que en 2025 se ponga en marcha la cláusula de revisión de las pensiones que impuso Bruselas.
Esta obliga a que, si no se acuerdan otras medidas alternativas, se tengan que subir los aportes. Sin embargo, el Banco de España desaconseja tomar la vía de subir las cuotas sociales: según sus estimaciones, por cada punto de aumento se pierde un 0,25% del empleo al cabo de cuatro años. Unos 50.000 trabajos por cada punto. La reforma aprobada ya contempla una suba de casi tres puntos sin poner en marcha la cláusula de revisión de 2025. Podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía y tener consecuencias sobre la equidad intergeneracional, afirma el supervisor.
Por este motivo propone, por ejemplo, evaluar las llamadas tasas de reemplazo. O lo que es lo mismo: qué porcentaje del salario representa la pensión. Esta es una medida de la generosidad del sistema y se encuentra en niveles superiores a la media de los países del entorno, según apunta el Banco de España. Rebajarla supondría un recorte de la pensión inicial, pero ayudaría a la sostenibilidad del sistema. También reclama que se examine la evolución del ahorro privado y su capacidad para completar el sistema público de prestaciones.ß © El País
