El debate en torno del impuesto a los ingresos personales –tal el cambio de nombre que el Gobierno propuso para el impuesto a las ganancias en el renovado paquete fiscal de la ley ómnibus- sigue generando disputas con la oposición y los gobernadores, tanto por la implementación en 2024 como por los grises regulatorios pendientes de 2023, sobre los que alertó hoy nuevamente el ministro del Interior, Guillermo Francos.
La polémica es por la “retroactividad” que podría afectar a los contribuyentes que fueron eximidos sobre el final de 2023, en plena campaña presidencial del entonces ministro de Economía y candidato, Sergio Massa. En septiembre, el exintendente de Tigre modificó por decreto el esquema de Ganancias vigente y eximió de ese impuesto a cerca de 800.000 trabajadores, al elevar el mínimo a unos $1,77 millones mensuales. Era entonces el equivalente a 15 salarios mínimos (SMVM), piso que luego el Congreso, con el voto positivo del ahora presidente Javier Milei, aprobó en la ley del nuevo impuesto cedular.
Pero esa ley comenzó a aplicarse para el período fiscal de 2024 y dejó paso a la duda respecto de los últimos meses del año pasado, una ventana que habilitaría al Gobierno a cobrar en forma retroactiva al realizar la AFIP la liquidación anual correspondiente. “Lo que hizo por decreto el gobierno nacional -el anterior- fue dictar una norma por la que no se hacían las retenciones de la cuarta categoría. Cuando se sanciona la ley se exime de ese impuesto a partir de enero de 2024: quedó el último trimestre de 2023 donde está la obligación de pagar Ganancias, aunque no se hizo la retención. “Hay que corregirlo porque hay que dejar afuera a ese cuarto trimestre”, dijo Francos, el funcionario encargado de conducir la negociación con los gobernadores alrededor de la nueva ley de Bases que, entre otros puntos, propone reinstaurar el impuesto con un piso de ingresos mensuales netos de $1.053.291 para los solteros.
En el medio de una ardua negociación con la oposición por la aprobación de la ley de Bases, el planteo del funcionario constituye un nuevo intento por sumar adhesiones a un proyecto que incluye en su articulado una ratificación de los decretos de 2023 y las exenciones dispuestas por Massa. En otras palabras, Francos plantea que, de no aprobarse la ley, se habilitaría al Gobierno a hacer el cobro de forma retroactiva.
El otro punto en disputa tiene que ver con el cobro eventual del impuesto hacia adelante. Es que más allá de su pago mensual, Ganancias (ahora renombrado Ingresos Personales) es de liquidación anual. Por lo tanto, y dependiendo de la fecha en que se sancione la ley, podría generar una carga proporcional mayor sobre los contribuyentes en los meses restantes de 2024 para compensar esa diferencia. “Es un impuesto anual, con lo cual cuando salga la ley, si no se elimina este primer trimestre, tiene que pagarse”, aclaró también Francos, al explicar los detalles de la propuesta oficial que, de todas maneras, incluye una salvedad que resuelve este entuerto. En el artículo 100 del paquete fiscal, el proyecto del Gobierno afirma que “podrá computarse una deducción especial” por el período de enero de 2024 hasta el mes de entrada en vigencia de la ley que compense la mayor carga impositiva. En otras palabras, se compensará en los meses anteriores al nuevo impuesto (y sí se cobrará en los meses siguientes con el esquema nuevo).
En concreto, el proyecto que envió semanas atrás el oficialismo, aun en discusión, restablece un modelo de escalas progresivas y alícuotas incrementales (van del 5% al 35%), con piso de ingreso neto mensual de $1.053.291 para los contribuyentes solteros. Actualmente, esa cifra es de $3.042.000 (el SMN desde marzo de 2024 se ubica en $202.800), lo cual implicaría que casi 1,5 millones de asalariados volverían a estar alcanzados por el impuesto.
Con las conversaciones en marcha en el Congreso, este impuesto, considerado entre los especialistas como el más progresivo y que alcanzaría a las personas de mayores ingresos (según datos del Indec al tercer trimestre de 2023, los argentinos con ingresos mensuales superiores a los $400.000 estaban en el 10% más alto del país) genera disputas entre el Gobierno, los gobernadores y la oposición. Además del costo político que implica reintroducir este cobro en un contexto de recesión y caída del poder adquisitivo, se trata de un impuesto coparticipable, que por ende impacta directamente en las finanzas provinciales.
En 2023, según datos de la Secretaría de Hacienda, el total recaudado por Ganancias fue de $8,8 billones y cayó en términos reales (tuvo un incremento nominal del 86,3% con una inflación que acumuló 211,4%). Así, también se redujo su participación relativa dentro del total de ingresos del Tesoro Nacional: en 2022 había representado el 23,6% de la recaudación, mientras que en 2023 cayó al 20,4%.
