Damián Aon está a cargo de la Dirección de Inspección General de la Municipalidad de San Isidro. El sábado pasado participó del decomiso de más de 1000 plantas de marihuana en una casa situada en la zona residencial de Martínez, procedimiento ordenado por el juez de Faltas, Andrés Rolón. Poco después empezó a recibir amenazas en su cuenta de la red social Instagram y en la de su esposa. Uno de los mensajes intimidatorios fue hecho como comentario en una fotografía de su hija. “Es muy linda para que le pase algo”, fue la advertencia que recibió el funcionario municipal.
Así consta en la denuncia que Aon hizo en una dependencia de la policía bonaerense y a la que tuvo acceso LA NACION. Hubo otros mensajes donde le advertían “te van a hacer bosta el local, la que se te viene” y “ojo por ojo”, entre otras. El funcionario municipal no fue el único en recibir amenazas, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el juez Rolón también fueron blancos de textos intimidatorios.
Las plantas de marihuana que fueron decomisadas formaban parte de una plantación de Superfly Cannabis Medicinal, que en redes sociales se presenta como una Organización no Gubernamental (ONG) que cultiva con “los más altos estándares de calidad. La forma más segura, legal y saludable de acceder a tu medicina”.
Tras el operativo, en un comunicado de prensa, la Municipalidad de San Isidro informó que Superfly Cannabis Medicinal “funcionaba en una zona residencial de Martínez sin habilitación municipal”. El 1° de marzo pasado, el juez Rolón ordenó la clausura preventiva y le otorgó diez días para que pudieran hacer la mudanza.
Según documentación oficial del Ministerio de Salud de la Nación, a la que tuvo acceso este diario, Superfly Cannabis Medicinal “cuenta con su trámite de inscripción al Registro del Programa de Cannabis (Reprogrann) en estado ‘pendiente de evaluación’ motivo por el cual no se encuentra habilitada a vincular pacientes en la mencionada plataforma”.
Tras la información brindada por la cartera de salud, el intendente Lanús sostuvo: “Quedó demostrado que esta empresa funcionaba de manera absolutamente clandestina sin la autorización del Ministerio de Salud de la Nación ni habilitación municipal. Vamos a ser implacables con aquellos que no cumplan la ley en San Isidro”.
En su denuncia, Aon sostuvo que un abogado de la supuesta ONG subió fotos y videos con su nombre con el fin de exponerlo. Agregó que él y su esposa recibieron frases intimidatorias. “Las percibo como amenaza hacia mi integridad física y la de mi familia”, afirmó en la presentación ante la policía bonaerense.
Según pudo reconstruir LA NACION, el juez Rolón, que también recibió mensajes amenazantes en Instagram, hizo la denuncia. El expediente quedó a cargo de la fiscal de San Isidro, Cecilia Chaieb.
En la ratificación de la denuncia, Rolón presentó 80 hojas con las capturas de los mensajes intimidatorios. “Haré una presentación en la Justicia por daños y perjuicios y el dinero que gane será donado a la Cooperadora del Hospital Central de San Isidro”, dijo a LA NACION el juez de faltas, quien se solidarizó con todos los pacientes que de buena fe consumieron la cosecha de Superfly.
Para poder avanzar en la identificación de los autores de las amenazas, la fiscal Chaieb le pedirá colaboración a la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, conducida por el fiscal Alejandro Musso.
