El Gobierno tomó una serie de decisiones en los últimos días que dejan traslucir un momento de mayor preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y la tolerancia social al ajuste. Javier Milei prevé hablar en cadena nacional mañana para anunciar que se alcanzó el superávit gemelo en el primer trimestre y transmitir confianza en el rumbo oficial.

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, repite que el superávit fiscal “no se negocia”, la gestión libertaria está cuidando celosamente que la curva de la inflación se mantenga a la baja, aun cuando sigue en niveles muy altos.

La embestida feroz contra las prepagas para “cuidar a la clase media”, con un presunto efecto disciplinador para otros rubros, se inscribe en esa trama. Y la semana próxima la gestión de Milei podría dar otro gesto al sostener el congelamiento del cuadro tarifario de los colectivos. Dos fuentes oficiales señalaron a LA NACION que la intención del Gobierno es que este mes no se aplique un nuevo aumento del boleto, pese a la resolución 5/2024 de febrero preveía actualizaciones bimensuales equivalentes a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En los dos primeros meses del año el precio del boleto aumentó un 410%. La resolución 5/2024 determinó un cronograma de ajustes “bimestrales o por un período mayor, por medio de acto administrativo expreso de la Secretaría de Transporte” conducida por Franco Mogetta. Esa área, que depende de Caputo, intentará postergar los incrementos de abril por el impacto que tiene el boleto en el bolsillo y la presión que ejerce en la inflación. “No están previstos aumentos de colectivos”, señalaron fuentes oficiales. Las tarifas de trenes, en cambio, sí serían actualizadas.

La decisión sobre los colectivos llega en un momento de extrema tensión, porque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenaza con un paro para el jueves próximo. El gremio conducido por Roberto Fernández pide un incremento salarial del 34%, pero las empresas advierten que no podrán afrontar estos aumentos si no se modifican las tarifas. Se prevén varias reuniones esta semana en la Secretaría de Transporte para intentar destrabar el conflicto. Las cámaras empresarias piden que se habilite un aumento del 22% en el boleto o, caso contrario, un incremento de los subsidios.

Señales

Este lunes, Milei dará la tercera cadena nacional de su mandato con el único fin de resaltar que se alcanzó el superávit en el primer trimestre del año. Fuentes oficiales aseguraron que no habrá un anuncio sorpresivo y que serán solo “datos”. El mensaje buscará transmitir confianza en el rumbo económico y exaltar el sentido del esfuerzo social, cuando la suba de tarifas y el sinceramiento de precios tienen su mayor impacto, sin una recomposición del salario que acompañe.

El Gobierno también exhibe mayor preocupación por la protesta social, si bien en la Casa Rosada suelen decir que los paros no mueven la aguja de las decisiones oficiales. Lo cierto es que la gestión de Milei hizo intensas gestiones para llegar a un entendimiento con Hugo Moyano para destrabar la homologación de la paritaria de Camioneros.

Fue un acuerdo en el que las dos partes salieron conformes, porque Moyano aceptó reformular el convenio original (que fijaba un aumento de 45% para marzo y abril) y aceptó un esquema por el plazo de tres meses en lugar de dos. El gremio recibirá un aumento de un 15% en marzo y un 9% en abril, totalmente sintonizado con la pauta que había fijado Caputo para moderar las paritarias de modo de no alimentar las expectativas inflacionarias.

El porcentaje que Camioneros cedió, no obstante, llegará igualmente a los trabajadores en forma de suma fija. “La paritaria fue la que quería ‘Toto’. Otros en el Gobierno actuaron políticamente para que todos estuvieran contentos”, reconoció un colaborador oficial. Ahora la mira está puesta en el paro de la CGT anunciado para el 9 de mayo. En la Casa Rosada creen que, con la distensión con los Moyano, ahora hay tiempo para que la huelga se desarticule. Hay gremios, no obstante, que necesitan dar una señal de protesta y esto es comprendido en Balcarce 50. “Ellos, como nosotros, necesitan responder a sus bases”, dijo un estrecho colaborador presidencial.

El Gobierno también hizo en las últimas horas esfuerzos para desarticular la marcha en defensa de la universidad pública del próximo martes, que se prevé masiva y con alto impacto simbólico en la clase media.

Pese a la intransigencia incial, en la última semana hubo distintos contactos con el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, y una propuesta a contrarreloj de aumentar las partidas presupuestarias para las casas de altos estudios, que de todas formas resultó insuficiente para el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Tras meses de resistir a los reclamos presupuestarios de los rectores, el Gobierno prometió, a las apuradas, un nuevo aumento del 70% de los gastos de funcionamiento de las universidades para mayo, además de una partida extraordinaria para los hospitales. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez -que días atrás había tenido un muy áspero intercambio con el conjunto de los rectores en una reunión del CIN- apostó a desarticular la marcha durante una reunión el viernes. Pero los intentos fueron infructuosos.

En la Casa Rosada temen que la presión en los bolsillos empiece a agotar la paciencia social que exhibió la opinión pública hasta acá. Ese es el denominador común detrás de los últimos movimientos oficiales.