El fallo de la Cámara de Casación que ratificó que Irán está detrás del atentado contra la AMIA deja mal parada a la expresidenta Cristina Kirchner por haber firmado el memorándum de entendimiento con ese país para conformar una Comisión de la Verdad sobre el ataque, por el que hay altos funcionarios iraníes que están prófugos de la Justicia.
Independientemente de lo que decida la Justicia acerca de si hay o no delito en la firma de ese tratado internacional, refrendado por el Congreso, la expresidenta quedó expuesta políticamente al haber pactado con los que ahora la Justicia señaló como un estado promotor del terrorismo.
La denuncia contra Cristina Kirchner por la firma de ese pacto secreto, cuya existencia incluso fue negada en un comienzo por su gobierno, fue realizada por el fiscal Alberto Nisman, que cuatro días después apareció muerto en su departamento de Puerto Madero. Nisman, recogiendo y completando investigaciones de quienes lo precedieron, habló de que el Hezbollah, promovido por Irán, fue quien planificó y ejecutó el atentado, efectuado por agentes extranjeros que ingresaron desde la Triple Frontera.
El fallo de Casación finalmente termina por unir los cuatro momentos de la causa: la investigación del atentado, que señaló a Irán; la causa por las irregularidades en la investigación del atentado, con responsabilidades políticas de todos los gobiernos para interferir en el descubrimiento de la verdad; la denuncia de Nisman por encubrimiento contra Cristina Kirchner y las averiguaciones sobre la muerte del fiscal que para la Justica fue asesinado por su trabajo.
Hay un último capítulo de esta causa que se contó el año pasado: la identificación de cuatro comerciantes libaneses que colaboraron para darle documentación a los que ejecutaron el ataque. Uno de ellos, que está en Brasil, está a punto de ser juzgado allí mediante un acuerdo diplomático con Argentina.
Enhebran estas cuatro historias las necesidades política coyunturales de los gobiernos de los últimos 30 años para manejar un expediente que no tiene condenados y que cuenta con siete prófugos acusados de planificar y ejecutar la voladura de la AMIA, protegidos por Irán y el Líbano.
En el caso de la firma del Pacto con Irán, la expresidenta espera ser juzgada junto con el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini; el exviceministro de Justicia Juan Martín Mena; el ministro bonaerense Andrés Larroque, el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía, el exembajador Eduardo Zuaín y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, además del piquetero Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
Esta causa fue cerrada sin llegar a juicio, pero se reabrió el año pasado. La expresidenta recurrió a la Corte Suprema de Justicia ese fallo. Es su última carta para evitar el juicio oral y público, lo que aparece bastante dudoso.
En tanto, se está terminando de definir quiénes son los jueces que realizarán este proceso. Por ahora son Javier Ríos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Los dos últimos ya juzgaron y condenaron a Cristina Kirchner por la causa de Vialidad.
Los jueces fueron recusados por Cristina Kirchner y el asunto está a estudio de la Sala I de la Cámara de Casación, para definir si confirman a estos tres magistrados o los apartan.
Lejos de ser una sentencia definitiva la dictada por Casación en la causa AMIA, el fallo será recurrido mediante dos vías; por un lado, los que estaban absueltos y fueron condenados plantearán lo que se llama un recurso de Casación horizontal, es decir, que otra sala del mismo tribunal revise esas condenas, ya que la ley exige un doble conforme. El resto recurrirá a la Corte mediante un recurso extraordinario.
Los jueces de Casación Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, con la disidencia de Ángela Ledesma, resolvieron absolver al exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, que venía condenado por encubrimiento; dispusieron bajar las penas al exjuez Juan José Galeano a cuatro años, que también tenía encubrimiento y ahora quedó solo acusado de prevaricato y peculado; al propio Carlos Telleldín, que quedó con un año y medio en suspenso, y en el caso de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia se cambió la calificación y se los condenó por el delito por privación ilegal de la libertad como partícipes secundarios.
Lo llamativo es que esta causa, en la que se juzgó a supuestos encubridores del atentado y que hizo que el Estado argentino se allanara ante el reclamo de los familiares de las víctimas de privación de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se quedó sin condenados por encubrimiento.
Todos los condenados apelarán el fallo.
Los jueces de la Casación también dispusieron en una tercera sentencia sobreseer a los exsecretarios del juzgado federal de Galeano, María Susana Spina, Javier de Gamas Soler y Carlos Alfredo Velasco, que vinieron cargando con el peso del proceso desde hace 20 años.
En el caso de Telleldín, el mecánico ahora abogado, que fue acusado de entregar la Trafic para el ataque, fue absuelto. La fiscalía a cargo de Raúl Pleé puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario para buscar revertir la absolución. Otro detalle llamativo es que Telleldín fue absuelto en Casación ahora por el beneficio de la duda y los jueces dijeron que la Trafic que pasó por su manos no es la que voló la AMIA.
Los efectos del fallo de la Cámara de Casación con respecto de señalar la responsabilidad de Irán detrás del ataque son más políticos que jurídicos. Se conoció en momentos en que el presidente Javier Milei está en Estados Unidos, país con el que reafirmó su alineamiento, al igual que con Israel, enfrentado con Irán.
Hezbollah y su ala militar fue designada como organización terrorista por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Holanda y la Unión Europea.
El propio Mahiques, que desarrolló el voto más extenso, destacó la necesidad de que la ONU reforme su funcionamiento y se amplíe la jurisprudencia para poder juzgar a los Estados como terroristas y no sólo a los individuos de esos Estados que cometieron los ataques. Una propuesta que envió a la ONU.
Lo mismo hizo con la propuesta de que se apruebe una reforma legal para juzgar a los prófugos del ataque a la AMIA en ausencia. Es decir, sin necesidad de que los prófugos se entreguen. Una parte de la dirigencia comunitaria auspicia esta reforma.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en una conferencia de prensa que ya tienen un proyecto de ley en este sentido, aunque señaló que de todos modos iban a trabajar con velocidad con el Ministerio de Justicia para su presentación. “Está en trámite”, dijo, lacónica, una fuente de ese ministerio a LA NACION.
La declaración del atentado y de la causa por las irregularidades en la investigación como delitos de lesa humanidad, permite seguir persiguiendo a sus responsables con el correr del tiempo, pues de este modo los casos sin imprescriptibles. Ya lo habían dicho los jueces del tribunal oral que condenaron a los exfuncionarios que investigaron el caso.
