Pese a la defensa que intentó el gobierno de Javier Milei sobre el juez federal Ariel Lijo, al que postula para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia, las objeciones y críticas directas al magistrado continúan acumulándose y ganando vigor en la voz de especialistas. Es el caso de Delia Ferreira, expresidenta de Transparencia Internacional (2017-2023), quien advirtió que el postulante elegido por el Jefe de Estado para integrar el máximo tribunal “en nada contribuye a la integridad y legitimidad de la Justicia”.
“La lucha contra la corrupción y la impunidad requiere un Poder Judicial íntegro y que genere confianza en la ciudadanía. Argentina no es la excepción”, escribió en su cuenta de la red social X la abogada y especialista en procesos electorales, financiamiento de campañas, sistemas anticorrupción y ética pública.
Pero no se detuvo allí, ni dejó dudas sobre el destinatario de sus advertencias. “La nominación del juez Lijo para la Corte Suprema en nada contribuye a la integridad y legitimidad de la Justicia”, añadió, para cerrar su publicación con la consigna “#LijoNO”.
La lucha contra la corrupción y la impunidad requiere un Poder Judicial íntegro y que genere confianza en la ciudadanía.
Argentina no es la excepción.
La nominación del juez Lijo para la Corte Suprema en nada contribuye a la integridad y legitimidad de la Justicia.#LijoNO https://t.co/XfcVCgWB4g
— Delia Ferreira (@DeliaFerreira) April 8, 2024
Ferreira acompañó sus expresiones con una referencia al Índice de Percepción de la Corrupción 2023 (CPI, por sus siglas en inglés), titulado “Corrupción e (in)justicia”, que también recoge la última edición del Proyecto de Justicia Mundial, que advierte por el deterioro de los sistemas de justicia en casi todo el mundo a lo largo del año pasado y señala que unas 6 billones de personas viven en países donde sus poderes judiciales se han debilitado, de la mano de una mayor influencia de la política en los tribunales.
El índice del Proyecto de Justicia Mundial muestra a la Argentina con un alto nivel de acceso de las personas a la Justicia, pero marca que el país se encuentra en un escenario de alta corrupción, con resultados peores que naciones como China, India, Burkina Faso y Rumania, bien lejos de los países líderes en transparencia, como Dinamarca, Finlandia, Singapur y Países Bajos. O, en todo caso, más cerca de los peores de esa tabla: Venezuela, Nicaragua y Haití.
Precisamente, la mayor “influencia de la política” en los tribunales es uno de los ejes por los que fue cuestionada la nominación del juez federal Lijo, denunciado ante el Consejo de la Magistratura por las demoras en las que quedaban envueltas las causas en su poder que apuntaban contra funcionarios y exfuncionarios kirchneristas. También fue investigado por el crecimiento patrimonial de su grupo familiar, donde pesan los movimientos económicos de su hermano, Alfredo “Freddy” Lijo, quien no duda en presentarse como “operador judicial”, aunque sobreseído por el juez federal Julián Ercolini.
Paradójicamente, tanto en el Gobierno como entre los pares de Lijo en Comodoro Py, esa “cintura política” y ese manejo de los tiempos judiciales son señalados como cualidades positivas del juez para defender su llegada a la Corte Suprema, que tiene entre sus impulsores principales a Ricardo Lorenzetti, juez que presidió el máximo tribunal durante una década, pero que quedó marginado en los últimos tiempos ante la mayoría que conformaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
Precisamente, el sábado pasado, durante su intervención en la conferencia AynRandCon 2024, el presidente Milei expuso públicamente por primera vez su malestar con Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. “Al menos tres jueces de la Corte han tomando una posición bastante poco amigable con el DNU”, dijo, en alusión al decreto desregulador de la economía, que fue objeto de demandas judiciales para que se declare su inconstitucionalidad. La Corte recibió algunos de esos planteos hace meses, pero evitó pronunciarse y dejó trascender que la solución debe llegar desde la política.
Desde que fue anunciada su candidatura –pese a que el Gobierno nunca envió su pliego al Congreso, como tampoco lo hizo con su segundo candidato, el académico Manuel García-Mansilla–, Lijo recibió múltiples objeciones de parte de entidades empresarias, judiciales y políticas. Algunas lo plantearon sin dobles, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires o la cámara de comercio estadounidense AmCham. Otras instituciones evitaron apuntar con nombre y apellido al juez federal y se enfocaron en que la vacante que dejó Elena Highton en la Corte debe ser cubierta por una mujer.
