Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly. El autor es fundador y presidente de PRóFITAS, una consultora política con sede en Quito.
QUITO.- Tal vez no sea un jugador importante de la escena global, pero Ecuador no es ajeno a las grandes controversias vinculadas a asilos diplomáticos y allanamiento de embajadas. Julian Assange, fundador de Wikileaks, estuvo asilado por largo tiempo en la embajada ecuatoriana en Londres, hasta que fue sacado por la fuerza por autoridades británicas y ecuatorianas en 2019. Durante siete años, su caso puso a Ecuador en el epicentro de una compleja red de disputas internacionales, desafiando las reglas del asilo político y fogoneando las tensiones entre soberanía y derecho internacional.
Ahora el país se encuentra envuelto una vez más en una disputa diplomática internacional. El 5 de abril, policías y militares ecuatorianos ingresaron por la fuerza a la embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por la Justicia ecuatoriana. La drástica medida no tiene precedentes entre los países democráticos latinoamericanos, llevó a México a romper relaciones diplomáticas con Quito, reavivó el drama político dentro de Ecuador y proyectó nuevas sombras sobre sus relaciones internacionales.
Las fuertes reacciones a nivel local se dividieron básicamente según la orientación política: un lado apoyó la medida y la justificó por la necesidad de luchar contra la impunidad a toda costa, y el otro la condenó como una persecución autoritaria por motivos políticos contra una figura de la oposición. Los observadores más equilibrados han hecho graves cuestionamientos por las amplias implicancias que el hecho podría tener para las convenciones diplomáticas, la soberanía de las embajadas y los derechos políticos en Ecuador.
A nivel interno, y al menos en el corto plazo, el incidente probablemente será interpretado como un fuerte mensaje del gobierno de Daniel Noboa contra la corrupción y la impunidad, en línea con sus promesas electorales y con las expectativas de los ecuatorianos en vistas al referéndum nacional convocado por el gobierno para fines de este mes. Al enmarcar sus medidas contra Glas y la maquinaria política vinculada a él como una cruzada por la integridad y la legalidad, Noboa está apelando a esa mayoría de ecuatorianos que están desilusionados con el status quo político. Ese relato que lo muestra como un outsider que desafía a los poderes corruptos establecidos, podría reforzar su credibilidad interna y posicionarlo favorablemente para las elecciones presidenciales del año próximo.
Sin embargo, la audacia de la medida también está suscitando comparaciones entre Noboa y el autoritario presidente salvadoreño Nayib Bukele. Ya en el pasado Noboa desestimó esa comparación, afirmando que él era un demócrata y que el “modelo Bukele” no sirve en Ecuador. Pero Noboa parece cada vez más propenso a apelar a gestos radicales —como lanzar una “guerra” interna sin precedentes contra las organizaciones delictivas— para ganar peso político. Algunos analistas locales y hasta algunos partidarios de Noboa ya han expresado su preocupación por lo que consideran una deriva autoritaria, una tendencia que podría intensificarse en un eventual segundo mandato, que en este caso sería completo.
Por otro lado, el arresto ha dañado irremediablemente la ya frágil relación entre el gobierno de Noboa y el correísmo, que respalda al exvicepresidente Glas y exige la renuncia de Noboa. Esa ruptura afecta al corazón del marco legislativo y de gobernabilidad de Ecuador. Como el correísmo tiene el bloque más grande en el Congreso y sigue ejerciendo una influencia considerable, aunque mermada, sobre la política nacional, el quiebre presagia un inminente período de mayor polarización política, estancamiento parlamentario y confrontación, trabando el reciente proceso de cooperación política entre Noboa y las fuerzas opositoras en el Congreso, que hasta ahora lo habían ayudado a impulsar sus reformas.
En el plano internacional, cuesta encontrarle algo positivo a las acciones del gobierno de Ecuador, que han sido repudiadas por la mayoría de los gobiernos, organizaciones internacionales y observadores de la región. Las críticas de la comunidad internacional se han concentrado básicamente en la que parece una incursión injustificada de un gobierno en una embajada soberana extranjera para arrestar a una figura de la oposición, y el peligroso precedente que podría dejar sentado para las sedes diplomáticas en todo el mundo.
Por eso, a diferencia de crisis anteriores, cuando las reacciones se dividían entre gobiernos de izquierda y derecha de la región, esta vez no fue así, y sólo unos pocos aliados cercanos de Noboa, en particular Estados Unidos, se abstuvieron de condenar del todo al gobierno ecuatoriano, prefiriendo enfatizar “la obligación de los países anfitriones de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas según el derecho internacional”.
Cuesta arriba
Así que Ecuador enfrentará una batalla cuesta arriba en la Corte Internacional de Justicia y otros organismos internacionales y regionales, donde México ya ha adelantado que llevará su reclamo. Lo más probable es que el fallo internacional sobre este asunto se demore mucho. Aun así, las resoluciones políticas que condenan los acontecimientos de Quito inmediatamente pesarán sobre la posición internacional de Ecuador y del gobierno de Noboa en particular. Incluso podrían debilitar futuros procesos judiciales locales o internacionales contra Glas y otras figuras políticas ecuatorianas.
Aunque no es uno de los principales socios comerciales o de inversión de Ecuador, México tiene un enorme peso geopolítico en otras áreas de interés para los ecuatorianos. Por ejemplo, México tiene poder de veto en la Alianza del Pacífico, un importante bloque comercial al que Ecuador viene tratando de ingresar como miembro pleno desde hace años, una posibilidad que hoy parece todavía más remota.
Por último, es bastante preocupante que un gobierno que depende del FMI y de organismos multilaterales para afrontar sus acuciantes problemas de reservas esté dispuesto a hacer una apuesta geopolítica tan arriesgada mientras negocia un nuevo programa de financiamiento. Lo más probable es que el episodio de la embajada no eche por tierra esas negociaciones, pero sólo gracias al inédito apoyo político del gobierno de Estados Unidos al presidente Noboa.
En resumidas cuentas, si bien este nuevo drama diplomático profundiza las divisiones políticas y alimenta la inestabilidad interna en Ecuador, para Noboa también representa la oportunidad de enmarcar sus acciones como parte de una lucha más amplia contra la corrupción y la influencia de las organizaciones delictivas sobre la política, y para reforzar su atractivo entre los votantes que buscan un liderazgo fuerte y un nuevo rumbo para el país.
Este escenario de doble filo pone de manifiesto la complejidad de la dinámica política contemporánea en América Latina, donde las acciones que dividen también pueden, en el corto plazo, reforzar el poder de un gobernante, apelando al reclamo de justicia de la gente. Sin embargo, desde una perspectiva internacional, el allanamiento de la embajada en Quito reconfirmará la percepción de Ecuador como un país estructuralmente inestable, poco respetuoso de las normas internacionales, y constantemente sujeto al capricho de dirigentes políticos locales que se desviven por conseguir ventajas políticas de corto plazo.
Sebastián Hurtado
Traducción de Jaime Arrambide
