Un colectivo de dirigentes y agrupaciones alineadas con el kirchnerismo presentó en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, al que acusan por mal desempeño de sus funciones y la comisión de varios delitos en el ejercicio del poder.
La propuesta ingresó esta tarde en la Cámara baja y será girada a la Comisión de Juicio Político. Por lo pronto, la iniciativa tiene pocas chances de prosperar. No sólo porque el kirchnerismo ya no tiene mayoría en la comisión, como la tenía hasta el año pasado cuando impulsó el juicio a los jueces de la Corte Suprema, sino que para que prospere el proceso necesita del apoyo de los dos tercios de los presentes en el recinto, una mayoría agravada que Unión por la Patria no posse.
Los que impulsan la acusación le imputan al Presidente una miríada de delitos, entre los que se destacan “la instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos”, la posible comisión del delito de “apología del crimen” y de “abandono de personas”.
También acusan a Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público por el desfinanciamiento y el desmantelamiento de los recursos asignados al Plan Nacional Argentina contra el Hambre que, aseguran los autores del pedido de juicio político, habría puesto “en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios”.
En la misma línea, cuestionan al jefe del Poder Ejecutivo por la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la Dadse) y su consecuente desfinanciamiento de “los subsidios para la adquisición de medicamentos y elementos de tecnología médica para pacientes oncológicos”.
El pedido lo firman dirigentes kirchneristas y cercanos al kirchnerismo, como el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; la exembajadora argentina ante Venezuela y declarada militante chavista Alicia Castro; el abogado Eduardo Barcesat; el exjuez Carlos Rozanski, y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, entre otros.
Los firmantes también cuestionan a Milei por el dictado del decreto de necesidad y urgencia 70/23 porque, sostienen, “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.
