CÓRDOBA.– Pese a que ya transcurrió casi un mes desde la primera reunión en la Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los gobernadores, y el impacto de la recesión se profundiza, la Nación y las provincias no lograron avances en sus negociaciones antes del segundo encuentro, previsto para el próximo jueves. No solo eso: si bien el clima de diálogo subsiste, “hay menos dinámica” –según reconocen desde las provincias– y, lo peor, es que las tensiones se profundizaron desde que el presidente Javier Milei recortó por decreto de partidas para cajas de jubilaciones provinciales no transferidas.

El problema no es llegar al 25 de mayo sin más que el “enunciado general” –así lo definen desde una provincia– del Pacto de Mayo lanzado por el Presidente: en el encuentro de la semana pasada con los mandatarios del Norte Grande, el ministro Guillermo Francos escuchó advertencias respecto de que habría distritos que entrarán en crisis si no se resuelven los giros de recursos. “Dos pasos adelante y tres atrás”, grafican varios mandatarios sobre la relación con la Nación.

Tan poderoso, tan frágil: la paradoja de Milei

“No hay nada nuevo. Están desorganizados, se tienen que acomodar ellos”, le dice a LA NACION un mandatario dialoguista. Por la recesión, hay caída de la recaudación propia de las provincias, baja de la coparticipación (en marzo la reducción real fue de 27% interanual) y de los giros nacionales discrecionales, que prácticamente desaparecieron. Los mandatarios están convencidos de que el presidente Javier Milei apuesta a que, “asfixiados”, apoyen sus iniciativas.

Aunque estaban previstos como parte de la agenda, apenas hubo contactos entre la cartera de Economía, que comanda Luis Caputo, y sus pares provinciales. De esas reuniones debía salir el acuerdo fiscal base. Fuentes de cuatro ministerios de Hacienda provinciales indicaron a este diario que hubo “algunos llamados” pero coincidieron en que “nada crucial”.

Sobre el DNU que elimina partidas para las cajas de jubilaciones no transferidas, el chubutense Ignacio Torres reclamó públicamente y Francos dijo que fueron “reasignadas”, pero que “están”. LA NACION pidió detalles y, desde Economía, indicaron: “Es tal cual lo que dijo Francos: está en discusión cuáles son los motos a transferir. No está definido, porque hay auditorías pendientes”. Ante la consulta de cómo o hacia dónde se reasignaron esos fondos, no hubo precisiones. “Están en otras partidas”, indicaron.

El eje para el Gobierno es la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que impulsa Caputo. En las cinco semanas transcurridas desde el último encuentro en la Rosada, el mapa de apoyos no varió: los del norte, en general, están dispuestos a acompañar, mientras que hay cuestionamientos de los patagónicos y de los del centro del país, que reclaman un piso más alto para que los trabajadores empiecen a pagar.

La clave sigue siendo quién paga el costo político del retorno de la carga. Al nudo gordiano hay que cortarlo porque Ganancias es clave para las dos partes: para las provincias, porque se coparticipa, y para la Nación, porque si avanza con la eliminación del cepo y la consecuente caída del impuesto PAIS debe garantizarse esos ingresos. La Rosada ya rechazó las otras alternativas que proponen los gobernadores, como coparticipar el impuesto al cheque.

Dos de los reclamos que viene escuchando Francos hace meses, como son los giros a las cajas de jubilaciones no transferidas y el incentivo docente (Fonid), fueron eliminados por decretos de Javier Milei. En el primer caso, 13 provincias se preparan para ir a la Justicia, mientras que por el Fonid ya hay demandas iniciadas. Junto con los subsidios al transporte, también retenidos por la Casa Rosada, volverán a estar en la mesa del 4 de abril. La obra pública también fue eliminada y no hay “ni una definición hacia adelante”, alertan desde una provincia.

“Estamos viendo el impacto negativo en nuestras arcas financieras y a este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales. Hay provincias que tienen déficit fiscal y por ende no pueden atender temas prioritarios como la salud o la educación”, le advirtió a Francos el tucumano Osvaldo Jaldo –el peronista más cercano a la Rosada–.

El santiagueño Gerardo Zamora insistió en que todos los niveles de gobierno están “sufriendo” las consecuencias de la caída de ingresos: “Estamos permanentemente en contacto con la realidad quizás más urgente. Hay una preocupación de mucha gente que tiene miedo que los gobernadores o los intendentes no podamos pagar sueldos si esta situación continúa”.

“Motosierra” provincial

Las transferencias nacionales automáticas acumulan una caída real interanual del 19% en lo que va del año, coinciden el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, y el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). A eso se le suma la caída de los giros discrecionales, que es mucho más profunda, alrededor del 82% real respecto al mismo período del 2023, mientras que las recaudaciones propias pierden en promedio el 10%.

Desde el Ieral, Marcelo Capello grafica que, si el año pasado (hay datos de enero a setiembre, cuando ningún distrito tenía déficit corriente) las provincias hubieran sufrido un ajuste similar al actual, la caída de ingresos, en términos reales, sería de entre 7% para Neuquén hasta 31% en La Rioja, con 17% para el consolidado de provincias. Para Buenos Aires, por caso, sería de 18%.

Catorce jurisdicciones pasarían a tener déficit corriente. Si quisieran evitarlo, deberían reducir el gasto corriente primario (sin intereses) desde 3% San Juan hasta 18% Río Negro. Buenos Aires y La Rioja deberían recortar un 17%; Jujuy (4%), Corrientes (6%), Misiones (6%), Santa Cruz (8%), Santa Fe (11%), Chaco (11%), Tierra del Fuego (11%), Tucumán (13%), Entre Ríos (14%) y Salta (14%).

Aun reduciendo a cero el gasto de capital este año respecto a 2023, 14 distritos deberían ajustar también el gasto corriente: Jujuy en 1%; San Juan, 2%; Corrientes y Misiones, 5%; Santa Cruz y Santa Fe 8%; Chaco y Tierra del Fuego, 10%; Tucumán, 13%; Entre Ríos y Salta, 14%; La Rioja, 15% y Buenos Aires y Río Negro, 17%. En la hipótesis de que el gasto en capital cayera la mitad, 20 provincias deberían aplicar “motosierra” a los gastos corrientes primarios, desde 2% Neuquén hasta 23% Chaco y San Luis, define Capello.

“La fuerte caída de ingresos por las diferentes vías –agrega Capello– exige un fuerte y necesario ajuste en el gasto en las provincias, en especial en las con situación fiscal ya comprometida en 2023. Para llegar al equilibrio financiero este año se requiere que tanto la Nación como las provincias hagan el esfuerzo, eliminando erogaciones donde no se justifican y racionalizando otras. La reversión de Ganancias y la aprobación de una moratoria o blanqueo ayudarían a morigerar el nivel del ajuste”.

Nadin Argañaraz, del Iaraf, precisa que la caída real de los salarios es la “principal variable de ajuste” a la que van a echar mano los gobernadores para “compensar”, con lo que este año habrá una nueva baja real de los salarios públicos. Estima que los giros automáticos empezarán a recomponerse, “al menos algo, en la medida que la economía haga piso de actividad”.

En este contexto, analiza lo que pasó con los depósitos en pesos y en dólares de las provincias: entre enero de 2023 y el mismo mes de este año, el stock de los primeros cayó 21% en términos reales mientras que la del sector público no financiero total fue de 11%. Excepto Neuquén y CABA, todas las provincias perdieron ahorros el año pasado. También se dio una baja del 6% de las colocaciones en dólares.

El Gobierno ajustó más de la mitad del gasto en las empresas públicas

El desahorro tiene un límite para la mayoría de las provincias, advierte el economista. “Necesitan tener depósitos para hacer frente a los servicios de la deuda y es probable que en los dos primeros meses del año hayan sido destinados en parte al pago de gastos de funcionamiento. Por eso ahora se va a hacer más visible el ajuste del gasto en todas”. En esa línea, prevé una caída real del gasto provincial mayor al derivado de la reducción de las transferencias no automáticas pero aun así “en su conjunto van a volver al déficit primario”.

Para Argañaraz es “imprescindible” que Nación y provincias diseñen una “hoja de ruta fiscal conjunta, evitando incertidumbre y aportando previsibilidad a los agentes privados. Es preciso que en el segundo semestre la actividad económica empiece a recuperarse, para que lo hagan también los ingresos fiscales”.